"Las mutuas pueden reducir el absentismo laboral y ahorrar 3.500 millones"

España se sitúa como uno de los países líderes en absentismo laboral, con las bajas por contingencias comunes en máximos históricos. Los procesos de más de un año han pasado de 32.000 en 2020 a 155.000 en abril de este año en las mutuas. Esos son los datos que Pedro Pablo Sanz, director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), pone sobre la mesa en esta entrevista con Redacción Médica. El representante señala que el sistema total ya acumula hasta 220.000 casos de larga duración. De hecho, atribuye este incremento a la falta de medios en la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a los retrasos en la sanidad pública derivados, entre otras cuestiones, de las listas de espera.

Para solucionar este problema, propone aumentar los controles médicos y reformar la normativa laboral actual. También plantea revisar los complementos económicos de los convenios colectivos y dar más competencias a las mutuas. Según sus estimaciones, permitir que estas entidades adelanten pruebas y tratamientos traumatológicos ahorraría 3.500 millones de euros al año al Estado y a las empresas.

AMAT ha denunciado reiteradamente que la duración media de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes en España está en máximos históricos. ¿Por qué se alargan tanto las bajas en nuestro país en comparación con la media europea?

Lo que está ocurriendo es que se ha registrado un incremento muy elevado en los procesos de corta duración y, sobre todo, en los procesos de más de 365 días. Denunciamos que no es normal que los procesos de más de un año hayan pasado de estar en torno a unos 32.000 abiertos en enero de 2020 a cerca de 155.000 a fecha de abril de este año. Esto se refiere únicamente a la población protegida por las mutuas, que representa el 80 por ciento de la población española. Cuando hablamos del total del sistema, estimamos que la cifra se sitúa entre los 210.000 y 220.000 procesos abiertos de más de 365 días. Venir de unos 33.000 y alcanzar estos niveles es una barbaridad.

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"Tenemos un problema mayúsculo"

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¿A qué se debe? En nuestra opinión, a que gran parte de los controles que se debían realizar desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no se están ejecutando adecuadamente, debido a la falta de medios que sufre la inspección médica. Esta situación se ha ido incrementando especialmente desde el año 2020 y carece de lógica. No se puede mantener a 155.000 trabajadores cubiertos por las mutuas —y a más de 200.000 en todo el sistema— con más de un año de baja sin darles una respuesta.

Hay que dotar de medios al INSS para resolver esta problemática. Sin embargo, lo más importante es que estos trabajadores, en la mayoría de los casos, ni siquiera deberían llegar a los 365 días de baja. Y esto ya no es solo una cuestión del INSS, que puede actuar desde el primer día, sino también de los servicios públicos de salud. Entre unos y otros la situación se va alargando y tenemos un problema mayúsculo.

Ustedes han reivindicado el protagonismo de las mutuas. ¿Qué papel deben jugar en la gestión de las bajas laborales?

En cuanto a la contingencia profesional, las mutuas realizan actividades de intervención y curación, abonan la prestación económica, gestionan la reinserción de los trabajadores que lo necesitan y pagan prestaciones especiales en situaciones de necesidad para el trabajador y su familia. Lo que planteamos es hacer exactamente lo mismo en las contingencias comunes.

¿Por qué puede actuar el médico de una mutua cuando una persona se rompe un brazo en el trabajo, pero no puede hacerlo de la misma manera si se lo rompe el fin de semana jugando al fútbol? La rotura del brazo es la misma. No tiene sentido mantener esta diferenciación. Si intervenimos en una lesión ocurrida durante la jornada laboral, deberíamos poder hacerlo si ocurre el fin de semana. Con ello se podrían ajustar mucho las duraciones de las bajas.

¿Por qué España es uno de los países líderes en absentismo laboral?

Es una cuestión que han manifestado tanto la AIReF a principios de año como la OCDE en su último informe sobre la reincorporación progresiva al trabajo. Lo que vienen a señalar es que tenemos un sistema de protección social bastante generoso. Cuando se percibe lo mismo por trabajar que por no trabajar, lógicamente hay personas que optan por no trabajar. Ese es el problema. Aquí lo prioritario debe ser la salud de los trabajadores, pero en estos últimos años la situación se está yendo de las manos.

¿Cuáles son las soluciones que proponen desde su punto de vista para revertir el absentismo laboral?

Existen múltiples soluciones. Primero, establecer controles incrementando el número de profesionales en la inspección médica tanto del INSS como de los servicios públicos de salud, para agilizar los procesos en la sanidad pública. Segundo, reformar la normativa laboral, que se ha vuelto excesivamente garantista y proteccionista; un trabajador que no tiene voluntad de trabajar abusa de esa protección. También hay que revisar los complementos y mejoras en los convenios colectivos. Es una responsabilidad de las empresas que, con toda la voluntad de ayudar y cubrir a las familias, introdujeron estas mejoras hace décadas y ahora se han vuelto en nuestra contra. Todo eso hay que cambiarlo.

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"Hay que establecer controles incrementando el número de profesionales en la inspección médica"

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Por último, existe un factor social. La sociedad española ha evolucionado y el nivel de renta ha crecido. Siguiendo la pirámide de Maslow, cuando las necesidades básicas están cubiertas, surgen otras preferencias y necesidades, por lo que el incentivo laboral básico ya no es tan perentorio y se actúa de otra manera. Considero que no debemos perder el norte; debemos enfocar la atención hacia atrás, cuidar lo esencial y entender que esta sociedad no puede permitirse ciertos lujos si no trabajamos todos.

Una de las grandes batallas de AMAT consiste en que los médicos de las mutuas puedan emitir el alta médica en enfermedades comunes, especialmente las traumatológicas, y no solo una propuesta de alta. ¿Qué garantías ofrecen las mutuas para que el trabajador confíe en que no se le obligará a volver antes de estar recuperado?

Los médicos de las mutuas son profesionales sanitarios igual que los de los servicios públicos de salud; han estudiado en las mismas universidades y trabajan bajo el mismo código deontológico, por lo que no debe haber ninguna sospecha inicial. Además, gestionamos cerca de 6 millones de procesos de baja al año con una absoluta responsabilidad institucional, y no registramos ni un 0,3 por ciento de reclamaciones. Con esos niveles de calidad, el temor carece de fundamento en el ámbito del trabajo, donde venimos operando desde hace 126 años.

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"En el 80 por ciento de las ocasiones, las decisiones de las mutuas son ratificadas por la Seguridad Social"

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Cuando un trabajador no está de acuerdo con una resolución de la mutua, recurre al INSS para que emita su veredicto. En el 80 por ciento de las ocasiones, las decisiones de las mutuas son ratificadas por la Seguridad Social. Si acudimos a litigios y peritos judiciales en última instancia, se da la razón a los profesionales de las mutuas en el 75 por ciento de los casos. Frente a los millones de bajas que gestionamos, no sumamos más de 20.000 reclamaciones, lo que demuestra un nivel de calidad altísimo.

En el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la patronal y los sindicatos firmaron aprovechar los recursos de las mutuas para reducir las listas de espera de la sanidad pública. Sin embargo, su puesta en marcha aún depende de convenios con las comunidades autónomas y del propio Ministerio. ¿Qué avances ha habido al respecto?

Ya tenemos convenios firmados y estamos animando a todas las comunidades autónomas y organizaciones empresariales a que se sumen. Es un paso positivo que involucra a los sindicatos, quienes también han mostrado su preocupación por el tema. En cuanto a los avances, se están realizando numerosos desarrollos informáticos y conexiones telemáticas. Regiones como las Islas Baleares están muy desarrolladas, y otras han firmado el convenio posteriormente.

Se está trabajando en conectar las historias clínicas de las mutuas con la sanidad pública para el intercambio mutuo de informes, tal y como marca el acuerdo. Es un buen pacto y hay mucha voluntad, pero requiere desarrollos informáticos complejos para interoperar los sistemas y ponerlos en marcha. Vamos por buen camino. Estos acuerdos no van a resolver por completo la problemática estructural de las comunidades autónomas, pero sin duda van a ayudar.

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"Trabajamos en conectar las historias clínicas de las mutuas con la sanidad pública para el intercambio mutuo de informes"

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Desde AMAT han advertido que el porcentaje de cotizaciones que el Ministerio transfiere a las mutuas es insuficiente para cubrir el gasto. ¿Peligra la viabilidad del modelo de colaboración si el Gobierno no indexa esas transferencias al aumento real del absentismo?

No debería peligrar. Las mutuas tienen una restricción presupuestaria, pero en la contingencia de accidente de trabajo registramos un superávit de cerca de 2.800 millones de euros. Esos excedentes se dedican actualmente a financiar el déficit de las contingencias comunes. Lo que sostenemos es que el accidente de trabajo genera unos recursos con los que debemos dotar las reservas y, el excedente, se envía al fondo de reserva de la Seguridad Social.

Ahí no hay problema. Lo que reclamamos, en línea con la separación de fuentes que establece el Pacto de Toledo, es que las empresas no deben hacerse cargo de los déficits de la Seguridad Social a través de las cuotas de accidente de trabajo. Eso no tiene sentido. Es una decisión que debe tomar el Gobierno, ya que actualmente las propias pensiones se están financiando no solo con cotizaciones, sino también con aportaciones del Estado.

Ustedes señalan que el colapso de la sanidad pública alarga innecesariamente las bajas porque los trabajadores esperan meses para una prueba diagnóstica o una intervención. ¿Tienen cuantificado cuánto dinero se ahorraría al año si se permitiera a las mutuas realizar esas pruebas y adelantar los tratamientos desde el primer día?

En la contingencia profesional, la duración de los procesos es cerca de 33 días inferior a la duración media de ese mismo diagnóstico traumatológico cuando es tratado en los servicios públicos de salud. Esto supone que más de 1.350.000 trabajadores están esperando en España a recuperar su salud.

Este es uno de nuestros principales argumentos: ¿por qué un ciudadano tiene que esperar más de un mes en la sanidad pública? Si se activasen las plataformas de las mutuas, estas personas se recuperarían antes. Además, dado que no todos los convenios colectivos complementan el salario al 100%, muchos trabajadores ven reducidos sus ingresos durante la baja; si se recuperaran antes, volverían a percibir su salario íntegro de forma temprana.

En cuanto al impacto económico de esos 33 días de demora que ahorraríamos para ese millón trescientos mil trabajadores, estimamos un impacto de unos 3.500 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente entre 1.900 y 2.000 millones de euros irían directamente a la Seguridad Social, y el resto beneficiaría a las empresas, que reducirían su gasto en el pago obligatorio de las prestaciones del día 4 al 15 de la baja.

Los datos sectoriales indican una gran disparidad en la tasa de absentismo según la comunidad autónoma. ¿A qué se debe que haya regiones con el doble de jornadas perdidas que otras?

Es una buena pregunta para la que no hay una respuesta única. Se debe, en gran medida, a factores vinculados al propio servicio público de salud de cada región, su carga asistencial y sus listas de espera. Asimismo, influye decisivamente la diversificación y el perfil demográfico de la población activa de cada comunidad autónoma.

Países como Alemania o los Países Bajos reformaron su sistema dando un peso importante a los servicios de salud de las mutuas y corporaciones para la reincorporación temprana a través de auditorías muy estrictas a los médicos que firman las bajas. ¿Qué impide que España adopte un modelo de corresponsabilidad similar?

Lo que funciona en un país no es necesariamente la solución para el vecino. Lo que sea efectivo en Francia o Alemania no tiene por qué ser aplicable a España, ya que el contexto económico y de contingencias comunes es bastante distinto; cada país tiene sus particularidades.

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"Lo que sea efectivo en Francia o Alemania no tiene por qué ser aplicable a España"

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En cuanto a la reincorporación progresiva o la flexibilidad en las bajas, puede ser una vía, pero considero que la mejor medida no pasa por imponer una norma, sino por facilitar que los trabajadores y las empresas se pongan de acuerdo a través de la negociación colectiva y el diálogo social, tanto a nivel sectorial como territorial o en las propias empresas. Si las partes conocen sus necesidades y pueden adoptar estos acuerdos de forma voluntaria, será beneficioso. Aplicar criterios impositivos que se alejen de lo óptimo para la empresa y el trabajador no serviría de nada.

¿Es viable una reforma legal para introducir la baja parcial en España?

Más que integrar una reforma normativa rígida, la clave radica en posibilitar y habilitar el acuerdo directo entre empresas y trabajadores. Ahí es donde reside el auténtico margen de mejora.