Redacción Médica
19 de julio de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 19:50
Viernes, 04 de marzo de 2016, a las 12:32
Nuevo frente sanitario abierto en una de las llamadas ‘alcaldías del cambio’. Despúes de la polémica en Madrid por la campaña ‘Madrid te cuida’, impulsada por Manuela Carmena, es Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, la que se pone en el ojo del huracán con una decisión en el ámbito de la salud. Se trata de la apuesta del ayuntamiento de Barcelona por retirar la cobertura sanitaria privada a sus trabajadores, que, según recoge el diario El Mundo, “promete derivar en un nuevo conflicto entre Colau y sus empleados”.

El gobierno municipal de Barcelona, de acuerdo con el rotativo, “está aplicando un plan para desmantelar el sistema de cobertura sanitaria prioritaria” que utiliza buena parte de los funcionarios municipales. Esta cobertura se presta a través del Instituto de Prestaciones de Asistencia Médica al Persnal Municipal (Pamem), una mutua municipal, que, entre otros beneficios, permite acceder a pruebas diagnósticas con menor lista de espera.

En realidad, según prosigue el artículo, el plan para amortizar Pamem era muy anterior a la llegada de Colau, pero también mucho más progresivo. Consistía en no permitir nuevas altas desde 1993, por lo que a estas alturas la mitad de sus 9.400 beneficiarios son jubilados. Sin embargo, ahora, según un documento al que ha tenido acceso El Mundo, se ha acelerado el “proceso de integración con CatSalut” y 828 personas fueron expulsadas de la mutua solo en 2015. Este plan fue diseñado por el antecesor de Colau, el convergente Xavier Trias, pero el ejecutivo de En Comú ha decidido apostar por él.

Las razones que aduce el consistorio para desmantelar Pamem son las pérdidas que viene arrastrando en los últimos años. La mutualidad no logra cuadrar sus cuentas –un presupuesto del entorno de los 25 millones de euros anuales– desde 2011, con un desfase presupuestario que ronda el millón de euros.

Sin embargo, las prisas del Ayuntamiento de Barcelona por liquidar esta entidad privada tienen un coste también elevado. El documento que cita El Mundo habla de finiquitar a los 107 sanitarios que trabajan en Pamem. Tienen dedicaciones de unas 450 horas anuales, por lo que el Ayuntamiento valora que “no les va a suponer un gran impacto”, pero también cabe esperar una fuerte reacción por parte de los empleados. Según explica el diario, uno de los principales sindicatos de funcionarios municipales ha pedido ya reunirse con la comisionada de Salud en el Ayuntamiento “para exigirle que frene el desmantelamiento”.