En las últimas semanas se está recrudeciendo el debate sobre la Universidad pública vs Universidad privada. Este recrudecimiento aparece de la mano del Señor Trump desde su retorno a la Casa Blanca. En concreto del enfrentamiento de Trump con las universidades de un gran prestigio docente e investigador como Harvard y Columbia, donde trabajan como docentes e investigadores varios Premios Nobel de diversas materias. Esta intrusión trumpista ha sido en base al recorte de las dotaciones estatales y federales a los centros universitarios, lo que ha originado un movimiento de profesores y alumnos de una centena de centros en USA que inició, de forma clara y rotunda, la Universidad de Harvard asumiendo el liderazgo de Alan Garber, Presidente actual y ex rector de la Universidad de Harvard.

En este debate existen tres posibilidades en el posicionamiento de los datos: las ocurrencias, argumentos y razones poco estructurados y expuestos según vienen a la mente del que lo formula, predomina la impulsividad del momento y que se disfraza, en el mejor de los casos, de (pseudo)razonamientos; se ven los errores de bulto casi desde el principio, salvo para los adictos impenitentes. Un segundo nivel es para las creencias, en este grupo los argumentos se componen desde un planteamiento previo que se liga a una pertenencia argumental (ideológica, moral, teórica); se prima la pertenencia a un grupo más que al análisis de los contenidos y, por lo tanto, sesgan los resultados y pueden generalizar en exceso desde posiciones parciales. El tercer nivel corresponde a las evidencias, aportan datos obtenidos por un método conocido como “método científico”, pero hay que ver con detenimiento el contexto en el que ese método se aplica y desarrolla, sin estos requisitos no son evidencias científicas lo suficientemente consistentes; por ello se establecen niveles en esas evidencias (grupos de consenso de profesionales, análisis de caso, investigaciones de caso-control, investigaciones transversales, seguimientos longitudinales de cohortes, metanálisis) y cada uno aporta sus criterios, sus métodos y su posibilidad de aplicación y, por lo tanto, de consistencia a la hora de desarrollar y exponer los resultados obtenidos.

Jorge Wagensberg expone que toda la producción científica se fundamenta en mentiras, porque la función de la ciencia consiste en demostrar que todo planteamiento anterior debe ser superado por otro nuevo que sustituye al anterior, es la expresión clara de los planteamientos de Karl Popper cuando formuló que todo planteamiento científico debe y puede ser falsable. La conclusión que se puede obtener de estos dos científicos es que, gracias a estos planteamientos expresados con anterioridad y precisamente por ello, se consigue que la ciencia avance y se consolide la metodología dialéctica como un método científico de primer orden.

En el caso de las Universidades existen pruebas objetivas de la supremacía de las universidades de gestión pública: el 87-95% de las investigaciones científicas y de las publicaciones en medios de alto impact-factor (IF), están realizadas por universidades públicas. En el caso de la Medicina la cuestión es aún más patente, puesto que son las Universidades públicas las que tienen acceso a conciertos con los centros sanitarios de mayor prestigio y mejores resultados, siendo sus profesionales los que acceden a plazas docentes vinculadas a la asistencia sanitaria de calidad.

Desde las Comunidades (CCAA) gobernadas por el PP plantean que se debe hablar de la carencia de médicos y que la solución debe ser estatal. No parece estar claro que se necesiten más médicos, ya que existen otras fuentes consistentes que lo ponen en duda.

Es cierto que las diferentes CCAA ponen de manifiesto una cierta carencia de profesionales de la medicina, esta carencia ha sido más patente a raíz de la pandemia. No es menos cierto que, de forma paradójica, alguna de estas CCAA ha rescindido los contratos realizados durante la pandemia, tal es el caso de Madrid o Andalucía. Los profesionales médicos “emigran” de la sanidad pública por las condiciones de trabajo que han empeorado por una deficiente gestión sanitaria en estas CCAA, como ejemplo se puede señalar que la Comunidad de Madrid dispone de 52.000 médicos colegiados en el ICOMEM, de ellos 22.000 se encuentra en el sector de la sanidad pública, existen unos 12-13.000 médicos jubilados y unos 19-20.000 desarrollan su actividad en el sector de la asistencia sanitaria privada, lo que quiere decir que existen médicos suficientes, pero que prefieren estar en la gestión privada o marcharse de la comunidad de Madrid por las muy deficientes condiciones de trabajo que ofrece la gestión pública en la Comunidad de Madrid.

La formación de médicos lleva años, en el mejor de los casos se sitúa en torno a los 10 años: 6 años de grado y, al menos, 4 años de MIR, teniendo suerte de ganar la plaza de formación de postgraduado en el mismo año de finalización del grado.

Las dificultades para estudiar medicina afectan a todo el proceso. En primer lugar, el acceso al grado de medicina es de los más exigentes, con puntuaciones que superan los 13 puntos sobre 14 en la EVAU, lo que supone un esfuerzo adicional para los jóvenes que pretenden acceder a realizar los estudios de medicina. El desarrollo de los estudios de medicina supone uno de los grados de mayor exigencia académica, originando elevadas tasas de estrés y de reactividad emocional entre los alumnos universitarios.

El resultado final es la repetición de un slogan: “No hay profesionales”, según algunas consejerías de sanidad, entre la que se encuentra la Comunidad de Madrid. Este hecho hace que se “experimenten” actuaciones desordenadas y sin criterio científico, por ejemplo, en las urgencias presenciales argumenta que no tiene médicos, entonces planifica realizar urgencias sin médico y a través de una pantalla, independientemente de los problemas éticos, el Colegio de médicos de Madrid (ICOMEM) guarda silencio frente a este atropello, ¿cuántos médicos estarán tras la pantalla de plasma? La sospecha: será un servicio que se podría “externalizar” (traducción: se privatiza). Entonces: ¿hay o no hay médicos?

Desde las comunidades gobernadas por la derecha política, se reclaman más Facultades de Medicina y más plazas de estudiantes de medicina. Tanto la Conferencia de Rectores de Universidad (CRUE) y Conferencia Estatal de Decanos de Medicina  han reiterado, por activa y por pasiva, que no se creen más Facultades de Medicina, ya que en la última década se ha pasado de 28 facultades de medicina a 46, fundamentalmente a base de universidades privadas, lo que tiene un resultado claro: en el momento actual existe un incremento superior al 43% de egresados de medicina, procedentes, sobre todo, de universidades privadas, por ello los rectores y decanos solicitan que no se incrementen las plazas disponibles para alumnado.

La mayor parte de este incremento de facultades de Medicina ha sido a base de la dotación de Universidades privadas. Para comprender la situación existen tres variables interrelacionadas: incremento de facultades privadas de medicina donde no se necesita media académica de entrada, costes muy elevados de los estudios de medicina y exigencia académica incrementada para ingresar en las facultades públicas; la interacción de estos factores nos aproxima a una conclusión: los alumnos de las facultades de medicina privadas se nutren, fundamentalmente, de alumnos de la clase social acomodada y con ingresos económicos familiares de nivel medio a medio-alto. Es decir que, en estas circunstancias, la universidad pierde su papel de ascensor social e incrementa las desigualdades.

España, según la OCDE, es el sexto país del mundo en número de médicos  y el segundo con más facultades de medicina en relación a la población (solo superado por Corea del Sur), pero este incremento de facultades tampoco ha sido parejo con el incremento del profesorado de medicina en total y, en muchos casos, se ha realizado sin acreditación en las universidades privadas, habida cuenta que la ANECA no ha incluido los perfiles de la experiencia profesional como valor de acreditación del profesorado hasta época muy reciente, lo que aún supone que la rama sanitaria se sitúa en la zona más baja de informes favorables de acreditación docente, ello quiere decir que los criterios empleados para evaluar al profesorado obviamente no funcionan de forma satisfactoria en el caso de las ciencias de la salud. Este punto sigue siendo una prioridad para ser abordada en conjunto por los Ministerios de Sanidad y de Universidades, para que la ANECA modifique sus criterios de evaluación del profesorado en el caso de las ciencias de la salud.

En las Facultades de Medicina se gradúan más de 7.500 alumnos, duplicando la cifra en los últimos 10 años, lo que equivale a 14,5 graduados por 100.000 habitantes, superando los 11,9 del periodo 2006-2008, muy por encima del promedio de la OCDE (13.1) y de países europeos como Italia (13.3), UK (12.9), Alemania (12) y Francia (9.5).
La gran aportación de titulados médicos desde las universidades privadas, originan dos distorsiones muy importantes: la primera es en lo que respecta a la distribución de esos profesionales de medicina, con concentración en determinadas ciudades y carencia en las zonas rurales y, en segundo lugar, existe una segunda distorsión en cuanto a las especialidades médicas, mientras algunas se encuentran sobredimensionadas (p.e. dermatología, cirugía plástica), existen otras totalmente infradotadas (p.e. medicina de familia).

La única forma de acercarse a una evaluación de la calidad docente de las universidades en medicina, con todas las limitaciones, consiste en analizar los resultados en el examen MIR (Fig. 1). Las Facultades de universidades públicas ganan claramente a los alumnos procedentes de universidades privadas; de hecho, los primeros puestos son para la Universidad Autónoma de Madrid y Barcelona, Universidad de Oviedo, La Universidad Complutense de Madrid y Valencia, situándose en el tercer puesto la Universidad de Navarra de gestión privada. En los 11 últimos puestos, a una gran distancia de la cabeza, se sitúan 8 universidades privadas.

Es evidente que debe redefinirse el concepto de universidad privada, superando la mera formulación de ganancia económica y de cubrir grados en base a “comprar” los títulos y nutrir el ejercicio de la asistencia privada, de forma preferente. Quiere ello decir que no soluciona la supuesta deficiencia de médicos que, como se ha expuesto con anterioridad, no es cierto.

Se precisa una mayor implicación de las diferentes administraciones a la hora de evaluar las necesarias soluciones:
  1. Aceptar las orientaciones de la CRUE y del consejo de decanos de facultades de medicina, evitando la creación de nuevas facultades de medicina, fundamentalmente de gestión privada.
  2. Reconocer que el incremento de facultades y plazas de estudiantes de medicina ha sido fundamental con el sector de las universidades privadas, por lo que solo ha beneficiado a determinados sectores sociales (los que no cumplían las puntuaciones para ingresar en las facultades públicas y a los sectores socio-económicos medio altos y altos) quebrando el ascensor social.
  3. El punto anterior condiciona, a medio y largo plazo, el acceso a las plazas MIR y a las especialidades que se eligen y su desarrollo profesional, en un plano diferente al del servicio público a la población.
  4. Adecuar los baremos de la ANECA para el acceso al profesorado en los campus de ciencias de la salud, evaluando los perfiles asistenciales en la acreditación del profesorado.
  5. Exigir criterios de calidad docente e investigadora en las facultades de medicina privadas, para evitar que sean meros centros expendedores de títulos para las clases sociales pudientes que no han obtenido puntuaciones adecuadas para el ingreso en medicina.
  6. Estudiar los criterios y métodos adecuados para la conciliación familiar, sin que ello condicione una disminución de los derechos asistenciales de la ciudadanía.
  7. Incentivos profesionales (incluso inclusión en los baremos) y económicos para los profesionales que acceden a las ubicaciones más conflictivas para cubrirse.
  8. Establecer una política rigurosa de formación continuada, que permite incluir el debate de la recertificación de títulos y su verdadero alcance y criterios de aplicación.
  9. El Consejo Interterritorial del SNS debe incluir los criterios de los recursos humanos en las prioridades de la cogobernanza.
  10. Avanzar hacia una organización de tipo corporativo del conjunto del SNS.
Es fundamental evitar la creación y difusión de mantras formulados por reduccionismo simplista. A situaciones complejas no se pueden dar respuestas simples, simples que no sencillas.