Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
El
Gobierno de Castilla-La Mancha ha apretado el acelerador en la confección del proyecto del
Presupuesto de 2026. La comunidad autónoma ha sido la primera en recibir el
visto bueno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los cálculos económicos que acompañan a las cuentas públicas. Un paso indispensable, que sitúa en cabeza a la región en la elaboración de una ley que se antoja determinante para
las inversiones en sanidad, la cartera que se lleva la mayor parte de estos fondos.
Septiembre es un mes marcado en rojo en el calendario para la
confección y negociación parlamentaria de los presupuestos, tanto a nivel autonómico como estatal, ya que abre un periodo de debate de algo más de tres meses para que las administraciones tengan a punto la ley antes del inicio del curso fiscal el 1 de enero. Para contar con el mayor margen posible
, Castilla-La Mancha se ha adelantado y ha diseñado a lo largo del verano un cuadro macroeconómico, que ya ha recibido el visto bueno de los evaluadores.
Este paso adelante se antoja imprescindible para continuar con una senda de crecimiento en
el presupuesto de la sanidad que ya en el último ejercicio ascendió hasta los 3.784 millones de euros, un 1,9 por ciento por encima de la inversión destinada a este sector el año anterior. El desembolso entonces permitió financiar grandes proyectos como el
incremento de plazas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam),
el refuerzo de Atención Primaria en el sector rural o la apuesta por la tecnología sanitaria. Ahora, queda por ver las grandes inversiones diseñadas en las cuentas de 2026.
Crecimiento económico en Castilla-La Mancha
En su informe, la Airef ha dado por buenas las previsiones económicas del Gobierno de Castilla-La Mancha que estima un
crecimiento del PIB del 1,9 por ciento en el próximo año (en la línea con el 1,7 por ciento que calcula la propia institución). Además, han valorado positivamente que el Ejecutivo haya incorporado a su análisis los técnicas y parámetros empleados, así como una comparativa con
otras previsiones independientes.
Independientemente de estos cálculos, los economistas han vuelto a incidir en el contexto de
“alta incertidumbre” que rodea actualmente a todas las administraciones. A
los riesgos procedentes de las crisis geopolíticas abiertas, se suma que las cifras de contabilidad nacional no están actualizadas a fecha de 2024, lo que dificulta los cálculos. “Esta falta de información dificulta la elaboración de previsiones macroeconómicas y la planificación presupuestaria de las comunidades autónomas, lo que, en un sistema tan descentralizado como el español, puede
repercutir potencialmente sobre el cumplimiento de las reglas y compromisos fiscales nacionales y europeos”, han expresado.
Más allá de las cuentas, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que tiene el camino más fácil para aprobar su presupuesto.
La mayoría absoluta del Partido Socialista de Emiliano García Page le garantiza, a priori, que las cuentas sean aprobadas sin problemas, siempre y cuando no se produzca ninguna ninguna divergencia dentro de su propia bancada.
La situación se antoja más difícil en el resto del mapa territorial. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero en las que
Vox representa una llave para la mayoría parlamentaria mantienen en vilo la posible alianza de las cuentas. Especialmente en territorios como
Aragón, Castilla y León o Extremadura, que no han logrado ni siquiera desbloquear los de 2025. Una situación idéntica a la que se encuentra Cataluña, donde
el PSC ya ha comenzado a tejer su red de apoyos con ERC y los Comuns.
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