Normativa común y procesos simples para el uso secundario de datos de salud

Los avances tecnológicos han abierto nuevas posibilidades para utilizar los datos de salud en beneficio del interés público. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta de que la creciente fragmentación de los marcos regulatorios representa un freno estructural que impide aprovechar plenamente estas oportunidades y avanzar en su desarrollo. En el informe Facilitar el uso secundario de datos sanitarios para fines de interés público transfronterizos, la citada organización señala la importancia de mejorar el uso secundario de los datos de salud, es decir, su reutilización con fines de investigación, planificación sanitaria o desarrollo tecnológico. En este contexto, subraya que para construir un ecosistema digital de salud más eficaz, seguro y orientado al bien común, es fundamental avanzar en tres frentes clave: la convergencia legal entre países, la armonización de los procedimientos nacionales y la integración de la percepción pública en las políticas sanitarias. La investigación impulsada por la OCDE combina un exhaustivo análisis normativo y académico con las conclusiones extraídas de una mesa redonda internacional celebrada en mayo de 2024 con más de 200 participantes.

Qué problemas existen en la investigación con los datos de salud

De esta forma, entre los obstáculos detectados figuran el acceso limitado a datos para investigación, vacíos en la protección de la privacidad, barreras legales para el intercambio entre autoridades, falta de interoperabilidad técnica y escasa formación en soluciones de privacidad. La Comisión Europea, por su parte, ha reconocido que el acceso a estos datos es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial en sectores como la industria farmacéutica. Pese a ello, su uso sigue siendo desigual en los Estados miembros.

Cómo hacer un uso secundario de los datos de salud 

Las diferencias legales y terminológicas entre países están dificultando el uso del interés público como base legal alternativa al consentimiento individual para la reutilización de datos sanitarios. Así lo advierte en su informe la OCDE, que recomienda establecer criterios claros para determinar cuándo esta base legal es adecuada, promover la armonización de marcos normativos y prestar especial atención a poblaciones vulnerables, como menores, personas con discapacidad cognitiva o miembros de comunidades desfavorecidas. El objetivo es facilitar un uso secundario más ágil, seguro y equitativo a escala internacional.

El estudio también subraya la necesidad urgente de simplificar los procesos de acceso a datos para investigación. Propone establecer procedimientos basados en evidencia, con criterios claros y garantías sólidas de privacidad. Asimismo, sugiere aplicar enfoques basados en el riesgo para acelerar aprobaciones en casos de bajo impacto y alto beneficio social, al tiempo que se reducen cargas administrativas. La inversión en catálogos de datos y redes de salud confiables también se considera clave para mejorar el intercambio a nivel nacional e internacional.

Por último, la OCDE destaca que la confianza pública es esencial para el éxito de estos sistemas. Por ello, recomienda incorporar la voz de la ciudadanía en la elaboración de políticas, garantizar la transparencia de los usos de los datos y permitir el acceso y la corrección de la información personal, como pilares de un ecosistema digital de salud más robusto y justo.