El 'no' del PP a la deuda deja en vilo los fondos extra en la mitad del SNS

Las autonomías gobernadas por el Partido Popular son enfáticas en su rechazo "tajante" al anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común; una iniciativa que -como anunció recientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- les permitirá destinar partidas a gastos sociales como la sanidad, educación o vivienda. El cálculo del Gobierno de España es que esas cuantías oscilen entre los 6.600 y 6.800 millones de euros, monto que ya no tendría que destinarse al pago de intereses sino a "reforzar políticas".

Sin embargo, esta posición no es compartida por las regiones populares. "Ni la deuda se perdona ni se condona, no se evapora, tan solo cambia de manos. Ni el ahorro de intereses de esa deuda se traduce en más recursos ni en más capacidad de gasto para atender nuestra sanidad, nuestros servicios sociales o nuestra educación", ha afirmado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Encuentro Cantabria-Andalucía, en donde también ha detallado que después de la operación cada cántabro "tendrá que asumir 523 euros más de deuda como español", calificándolo de un "negocio ruinoso". Así, ha enfatizado en que se mantendrán firmes en su posición: "reestructuración de la deuda frente a la condonación y la reforma del sistema de financiación autonómica frente al cupo separatista".

Y aunque, según las estimaciones, Andalucía sería una de las comunidades que se vería beneficiada con una mayor condonación en cifra absoluta, el presidente autonómico Juanma Moreno Bonilla ya ha adelantado que no asumirán "ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España" porque "no es favorable" para la región. "La deuda de Andalucía está 2 puntos por debajo de la media y es la más baja de los últimos 12 años. Es una de las cinco comunidades autónomas de España con menos deuda. Por cada andaluz, la deuda es menos de la mitad que por cada catalán y tenemos solvencia para salir a los mercados", ha enlistado como algunas de las razones. Además, ha calificado la iniciativa como una "operación política" de parte de Pedro Sánchez con sus socios para "mantenerse en el poder".

Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso también se ha mostrado en contra de la aprobación del proyecto al considerarlo como "el primer paso para el cupo" catalán y el Gobierno madrileño ha asegurado que "es mentira" que el monto de ahorro pueda utilizarse en otros ámbitos. "No van a servir esos 24 millones de euros que supondrían, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid. No se van a poder aplicar ni para mejorar la educación, ni para los servicios sociales, ni para el transporte público, ni para la sanidad. Es mentira, lo ha dicho la propia Airef", ha resaltado el portavoz de la región, Miguel Ángel García Martín. 

Y en Castilla y León el rechazo tampoco se ha hecho esperar. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que no aceptarán la propuesta del Gobierno central ya que no se ajusta al modelo de financiación autonómica que proponen desde la región. "No lo puedo asumir ni apoyar, ni es lo que hemos pedido, ni se ha pensado para nosotros", ha indicado en declaraciones a la Agencia EFE.

Las CCAA no respaldan la quita de deuda

Como una propuesta "inaceptable por el fondo y por la forma" ha sido calificada la iniciativa por la consellera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, quien también ha asegurado que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados". "Es una propuesta que no sirve a los intereses de la ciudadanía, no podremos destinar ni un solo euro más a los servicios esenciales", ha indicado en los días previos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también se ha reafirmado en su postura en contra. "Sigue siendo un negocio ruinoso para Galicia", ha subrayado al ser consultado en rueda de prensa sobre el anuncio de la aprobación del proyecto. Una postura compartida por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ya ha avanzado que abrirá una "batalla" jurídica y política para que no se lleve a cabo. "Esto no lo podemos defender, no lo podemos sostener y no lo vamos a apoyar como Gobierno de Canarias", ha enfatizado tras una reunión con los grupos parlamentarios que tuvo por objetivo captar apoyos para impulsar una "estrategia" que obligue al Gobierno central a corregir los criterios de distribución.

Por último, la Región de Murcia ha puntualizado que la "única solución para la deuda" es una "reforma urgente del sistema de financiación", ya que no pueden "seguir siendo la comunidad peor financiada y recibir 1.675 millones menos que la mejor". "La solución no es una condonación diseñada pensando en los independistas, sino reformar un modelo caduco que, según todos los estudios e informes de diferentes y reputados organismos, es responsable del 95,5 por ciento de la deuda de la Región de Murcia", ha dicho el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín. 

El PP pide la reforma de la financiación autonómica

El posicionamiento de los gobiernos regionales sigue la estala de la dirección nacional del PP, que también transmite sus recelos en torno a la ‘quita’ de deuda y su posible beneficio para la financiación sanitaria. Desde el partido se hacen eco del posicionamiento de la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que mantiene que ese ahorro no puede generar más margen de gasto para otras políticas públicas, y consideran que la reducción del pago de intereses no es suficiente como para abordar por los problemas estructurales de los sistemas sanitarios.

Fuentes del PP inciden en conversación con Redacción Médica en que la vía para ello ha de ser necesariamente la reforma de la financiación autonómica, de forma que se dote a las comunidades "de los recursos que necesitan para prestar los servicios públicos" como la sanidad y la educación. No obstante, ponen en duda la ‘urgencia’ del Gobierno para abordar este debate.

En esta línea, reiteran que la condonación de la deuda fue impulsada por el gabinete de Pedro Sánchez "para satisfacer una de las exigencias de ERC" para apoyar su investidura. "El PSOE no lo llevaba en su programa electoral, y hasta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo criticaba cuando era consejera de Andalucía", sentencian. 

Listas de espera y el refuerzo de la sanidad

"Menos deuda es más Estado del Bienestar", manifestó Montero el último martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que destacó que la quita de deuda de las comunidades sí permitirá que se destine el ahorro a reforzar las políticas sociales, entre ellas, la sanidad.

Según la última actualización del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (Sisle), elaborado por el Ministerio de Sanidad con datos proporcionados por las regiones, hasta finales de 2024 había 846.583 pacientes en lista de espera quirúrgica estructural, con un tiempo medio de espera de 126 días, dos menos en comparación con el 2023. Pese a que se experimentó una baja, las listas de espera registraron un aumento respecto a los datos recopilados en junio de 2024, cuando el tiempo medio era de 121 días y se alcanzaba un volumen quirúrgico previo a la pandemia.