La quita de deuda reforzará la sanidad de manera "desigual" y sin garantías

Han pasado casi tres meses desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó la propuesta del Gobierno español de condonar 83.252 millones de euros de deuda económica a las comunidades autónomas con el objetivo de "reforzar los servicios públicos". Entre ellos, la sanidad, aunque dicho "refuerzo" no es tan 'obvio' como manifestó en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

Ahora, el texto ha pasado a su segunda fase. Y es que el pasado 15 de mayo el documento fue sometido al trámite de consulta pública bajo el nombre de Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas excepcionales de sostenibilidad para las comunidades autónomas de régimen común.

La norma, tal y como ha publicado Hacienda, pretende aliviar el sobrendeudamiento experimentado por las regiones "con ocasión de la Gran Recesión, que provocó que acumularan en el periodo 2010-2013 un importante volumen de deuda pública, tanto en los mercados como en los distintos mecanismos extraordinarios de liquidez que se articularon desde 2012, como respuesta a la dificultad que tenían las comunidades para poder financiarse a través de los mercados".

Sin financiación específica para sanidad

En este sentido, según ha afirmado a Redacción Médica el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, hay que tener en cuenta que en la propuesta de condonación parcial de la deuda, que tendrá que pasar por segunda vez por el Consejo de Ministros y por las Cortes Generales, no existe una financiación específica para sanidad. "Hay un presupuesto único con cuyos ingresos se financian todas las competencias", ha añadido.

Por lo tanto, esta nueva ley "difícilmente podrá aumentar la financiación sanitaria", por lo menos, de forma directa. Eso sí, dicha 'quita' reducirá el gasto en intereses de las comunidades y "es de suponer que una parte de ese ahorro se pueda trasladar en el futuro a aumentar el gasto sanitario, aunque no será automático" ni muy amplio en la mayoría del panorama nacional.

La regla del gasto, posible 'barrera' para el SNS

Es aquí cuando aparece un factor que las regiones tendrán que tener en cuenta: la regla del gasto. Una de las 'directrices' fiscales vigentes en España cuya finalidad es el saneamiento de las cuentas públicas en épocas de bonanza económica para generar márgenes fiscales, de manera que en épocas contractivas se pueda usar la política fiscal como elemento estabilizador "sin incurrir en déficits públicos excesivos". Y es que, aunque la sanidad sea un bien fundamental, invertir en ella "dependerá, entre otras cosas, de que una comunidad tenga margen para incrementar el gasto sin violar esa regla de gasto".

Otro de los apartados del texto que genera dudas es el siguiente: "Asimismo, se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral, a través del retorno paulatino al mercado de las Comunidades Autónomas y de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de la deuda de las comunidades pueda ser empleado en incrementar su gasto". Tal y como ha planteado De la Fuente, esta muestra del escrito fundamenta que el ahorro de la deuda no puede usarse para incrementar el gasto en sanidad u otras partidas, por lo que deja en entredicho dónde sí se podrá invertir.

A la espera de un documento más 'maduro'

Por su parte, desde el Ministerio liderado por Montero, tras ser preguntados por este medio, no han querido entrar "en futuribles ni en posibilidades". Por lo menos, hasta que el texto no sea enviado a las Cortes Generales tras su paso en segunda vuelta por Consejo de Ministros. "La ley está en una fase muy embrionaria y sigue abierta la consulta pública previa", han matizado.

De hecho, aunque el texto recibiera el visto bueno del CPFF, la mayoría de consejeros de Economía de Gobiernos populares transmitieron su desacuerdo con el proyecto de Hacienda. Muchos de ellos, denunciando su "falta de equidad", por beneficios "claros" a comunidades como Cataluña.

Esa misma escasez de igualdad también fue mencionada por Anna García-Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES). Concretamente, explicó en su momento a este periódico que comunidades como Andalucía, por ejemplo, verían su deuda reducida del 19 por ciento al 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), situándose por debajo del límite legal del 13 por ciento. En ese caso, sí que esta reducción podría liberar recursos y permitir invertir más para mejorar la sanidad pública andaluza. Pero no en todos lo casos es igual. De hecho, es muy distinto.

Para muchas de las comunidades, las cantidades de dinero que se 'ahorarrían' son ínfimas. Específicamente, en las que menor deuda tienen con el Estado, como el Principado de Asturias o Castilla y León. Así lo han confirmado a este medio fuentes de las consejerías regionales de Economía.

Las dos caras del Fondo de Liquidez Autonómico

Concretamente, han explicado que Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña reúnen la mayor parte del endeudamiento de las comunidades del régimen común de financiación. Una situación con la que lidian que provoca que "el sistema internacional no tenga credibilidad en ellos y no les preste dinero", que es la otra opción que tienen las comunidades de pedir dinero sin pasar por el Gobierno.

En este sentido, hay que destacar la creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo de financiación de las Administraciones Territoriales, creado hace una década por el Real Decreto de Ley 21/2012, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero que tiene un fin. Se trata de un método que forma parte de una estrategia estatal destinada a reducir los volúmenes de la deuda comercial de esas Administraciones regionales. 

Dentro de ese FLA existe "el FLA positivo y el negativo". En el segundo se encuentran los territorios a los que el Ministerio de Hacienda les audita todas y cada una de las facturas que pagan -como Cataluña-. De esta forma, la condonación de la deuda sí que podría beneficiar a las políticas sanitarias catalanas, ya que los intereses que se ahorrarían podrían llegar a invertirse de manera considerable debido a que el endeudamiento con el Gobierno, en su caso, es de 78.473 millones de euros, el mayor de España. 

Para entender cómo afectaría a cada lugar del panorama nacional, a continuación, se exponen las deudas Estado-región de los diez territorios que más deben:

Deuda autonómica con el Estado en septiembre de 2024

• Cataluña: 78.473 millones de euros
• Comunidad Valenciana: 54.228 millones de euros
• Andalucía: 24.726 millones de euros
• Castilla-La Mancha: 14.293 millones de euros
• Región de Murcia: 12.412 millones de euros
• Aragón: 6.812 millones de euros
• Islas Baleares: 5.828 millones de euros
• Extremadura: 4.234 millones de euros
• Cantabria: 3.019 millones de euros
• Galicia: 2.089 millones de euros
• Castilla y León: 1.774 millones de euros

Aprovechamiento de intereses sin equidad

Con estos datos se puede hacer cierto análisis de la situación, tal y como han apuntado fuentes de la Hacienda autonómica. El Principado de Asturias, por ejemplo, es la comunidad que menos deuda de este tipo acumula (586 millones de euros). Si a esta comunidad se le condona el 20 por ciento de la deuda, los intereses resultantes que se ahorrarían se corresponderían con una cantidad de 36 millones de euros, algo que "se podría aprovechar, como mucho, para una campaña de vacunación".

Por ello y por otros factores, la duda es una de las protagonistas de esta nueva hoja de ruta del equipo de Montero, que se enfrenta a la reforma de un sistema de financiación autonómica, "caducado desde 2014", que, según piden desde la bancada popular, necesita ser actualizada ya, para, así, conseguir una financiación equivalente.