Mónica García reprende a Almeida: "El 'Síndrome Postaborto' no existe"

El Ministerio de Sanidad ha disparado sus alarmas. O, más bien, la discusión política las ha hecho saltar. Una nueva encrucijada se cierne dentro del sector sanitario, y es que el aborto se ha colocado en el foco del debate político. La aprobación de una proposición en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de cara a proporcionar información de manera obligatoria sobre el bautizado como 'síndrome postaborto' que ha contado con los votos de PP y Vox ha sido la razón que ha provocado reacciones en la cartera sanitaria. Y es que la líder el organismo, Mónica García, ha enviado un comunicado a través de X (antes Twitter) en la que reprendido este movimiento al alcalde de la capital madrileña, José Luis Martínez-Almeida. "El denominado 'Síndrome Postaborto' no existe como entidad clínica reconocida ni cuenta con evidencia científica", aclara la ministra de Sanidad. 

"Cualquier mensaje institucional que haga referencia a este supuesto trastorno carece de fundamento, induce a la desinformación y contribuye a la estigmatización, vulnerando la obligación de ofrecer a las pacientes información objetiva", continúa Mónica García sobre esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. 

De esta forma, hace referencia a la 'luz verde' que tuvo lugar en el seno del Ayuntamiento de Madrid para esta proposición el pasado 30 de septiembre. Y es que tanto el Partido Popular como Vox votaron a favor de difundir de forma obligatoria información sobre lo que estos partidos políticos han denominado como 'Síndrome Postaborto' en distintos espacios. Entre ellos, centros de atención al público de Madrid Salud, Espacios de Igualdad/CIAM y Samur Social. A ellos se suma a los trabajadores sociales, así como la inclusión de cartelería y plataformas oficial de estos servicios munipales. 

Mónica García clama contra Almeida

Las palabras de la ministra de Sanidad llegan en un momento clave. Este 2025 se han cumplido 40 años desde que el aborto fuese despenalizado, y aún con ello PP y Vox han sacudido el avispero. Ese es precisamente uno de los puntos que Mónica García señala en su comunicado, en el que alude a que "el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ha supuesto un avance indiscutible en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". 

Así, el Ministerio de Sanidad ha solicitado formalmente a la Administración capitaneada por José Luis Martínez-Almeida que informe sobre tres aspectos: 

1. Cuál es el sustrato jurídico en el que se fundamenta la Proposición nº 20258000787 para requerir a los servicios municipales la difusión obligatoria de información sobre el denominado “Síndrome Postaborto”.
2. Si se prevé su aplicación efectiva por parte de los trabajadores y servicios dependientes del Ayuntamiento, y en qué términos se está planificando dicha ejecución.
3. Qué garantías se establecerán para asegurar que toda la información ofrecida sea científica, veraz, comprensible, libre de sesgos ideológicos y respetuosa con la autonomía de las mujeres.

Esas han sido las palabras exactas de Mónica García en su comunicado. De hecho, la ministra ahonda aún más en este asunto haciendo referencia a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Es decir, se acoge a la norma que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres. En este texto, recuerda la líder del Ministerio de Sanidad, "se establece que la información sanitaria proporcionada a las pacientes debe ser clara, objetiva y comprensible, prohibiéndose expresamente cualquier forma de presión, coacción o interferencia en la decisión de la mujer". 

Es aquí donde la ministra de Sanidad ha confiado en la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, en manos de Almeida, y su propia cartera de cara al "respeto a las competencias de ambas instituciones" y que, por tanto, remita la información solicitada "a la mayor brevedad posible". 

"Desde el Ministerio de Sanidad no podemos permitir retrocesos que comprometan el acceso a una información objetiva y libre de coacciones", remata en su comunicado Mónica García.