El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Gobierno propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres. Para ello tiene previsto impulsar en el Congreso de los Diputados un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna, en línea de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación.

Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El objetivo, según el Gobierno, es combatir "cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres".  Además, el Ejecutivo quiere "impedir" que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban "información falsa o sin evide lo que tiene previsto modificar el Real Decreto 825/2010.

El paso al frente llega días después de la propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, quien quiere advertir a las mujeres sobre el 'síndrome postaborto' si deciden interrumpir su embarazo, un hecho que ha generado preocupación entre los psicólogos y que el propio PSOE ha elevado a Europa. 

Blindaje del aborto en la Constitución 

Como adelantó Redacción Médica hace un año, el PSOE incluyó esta cuestión en su 'carta magna' presentada durante el 41º Congreso Federal, que tuvo lugar en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2024. Entonces, el partido hizo pública su ponencia marco en la que, entre otras cosas, se comprometía a blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución Española “frente al avance de la ultraderecha”. Una reforma que requeriría de un amplio consenso e, incluso, la convocatoria de elecciones. 

Un poco antes, en octubre del pasado año, el PSOE ya había registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso con la que quería ‘enmendar’ las “trabas de facto” para ejercer el derecho al aborto que no solucionó la ley ad hoc que su propio Gobierno consiguió aprobar en la Cámara Baja en febrero de 2023 con el impulso del Ministerio de Igualdad, entonces liderado por Irene Montero.

En la propuesta socialista se lamenta que, aunque la ley obliga a las comunidades autónomas a contar con un registro de objetores de conciencia, la mayoría de las regiones no lo cumplen, “de modo que el meritado derecho a la objeción de conciencia obstaculiza o conculca el derecho a la interrupción del embarazo”. Y es que la Ley del aborto que promovió Montero cuando Podemos compartía Gobierno con el PSOE establece que “los poderes públicos” han de garantizar “el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva”, sin que ello menoscabe el derecho a la objeción de conciencia, para lo cual se exige a las comunidades autónomas que cuenten con registros en este sentido. Sin embargo, tal y como confirmaron fuentes de Igualdad en su momento a Redacción Médica, ello no asegura que se puedan practicar abortos en los hospitales públicos.

Aunque en un primer momento la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, mostró sus dudas respecto a poder blindar el derecho al aborto en la Constitución tras argumentar que conllevaba una reforma “muy exigente” que requiere de “enormes consensos”; a su llegada al Gobierno explicó su intención de avanzar  en la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando la igualdad de condiciones en todas las Comunidades Autónomas.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, siempre ha apoyado el blidaje del derecho al aborto en la Constitución, considerando que existe un "consenso social" al respecto.