El 'caso mascarillas' envía a Ábalos a prisión por riesgo "extremo" de fuga

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

Se trata de un capítulo más, sin duda relevante, por la vinculación de José Luis Ábalos con la presunta corrupción en la compra de mascarillas procedente del llamado Caso Koldo, una investigación que analiza adjudicaciones de contratos de emergencia durante la pandemia que habrían favorecido a un grupo de intermediarios a cambio de comisiones ilegales. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ábalos dirigió la trama junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, utilizando su influencia como ministro para facilitar adjudicaciones irregulares. En su escrito, el Ministerio Público le atribuye delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Entre las irregularidades investigadas figuran contratos sin competencia efectiva, material sanitario no distribuido y supuestos pagos en efectivo o beneficios económicos a miembros de la red. El Tribunal Supremo considera que existen “indicios muy consistentes” contra Ábalos, Koldo y Aldama, y ha propuesto que sean juzgados por la pieza relativa a los contratos de mascarillas.

En dos resoluciones casi idénticas, de 13 y 14 páginas, el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, detalla los "tres hitos que le empujan a actuar así: que ya ha propuesto juzgarlos, ante "los consistentes indicios" de que cometieron graves delitos; "la extensión de las penas solicitadas", que "resulta tan relevante que se comenta por sí sola"; y la proximidad del juicio.

El magistrado hace suyo el catálogo de delitos plasmado por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Así, les achaca delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho, sumando también el de uso de información privilegiada que introdujo el Ministerio Público como novedad.

Además, Puente ha recordado que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, un asunto por el que "igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales" contra ellos.

En cuanto a las potenciales penas, razona que, incluso "partiendo de la hipótesis" de que fueran condenados a la pena menor por cada uno de esos delitos, "el conjunto de todas ellas aún significaría una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los 10 años de prisión--12 años y 6 meses de prisión, precisó el Ministerio Público--".

Asimismo, anticipa que "la condición de aforado (...) determina que, previsiblemente y visto el estado actual de la causa, el acto del juicio oral vaya a ser celebrado en apenas unos meses a contar de la fecha, sin que la prisión provisional, en consecuencia, pudiera en ningún caso superar ese relativamente breve período de tiempo".

A eso suma que "una eventual sentencia condenatoria --o absolutoria-- no resultaría susceptible de recurso ordinario o extraordinario alguno ante la jurisdicción ordinaria", porque la dictaría el Tribunal Supremo, lo que daría lugar a "una inmediata declaración de firmeza y al cumplimiento, también inmediato, de las penas eventualmente impuestas".

"Intenso riesgo de fuga" de Ábalos por el caso mascarillas

Puente afirma que les envía a prisión siendo "plenamente consciente de las circunstancias personales" de ambos. En concreto, se refiere al hecho de que Ábalos está divorciado y disfruta de un derecho de visitas con relación a un hijo menor, aclarando que eso no disipa el "intenso riesgo de fuga". "Ya fuera por la posibilidad de que renunciara durante un tiempo a ejercitar ese derecho, ya fuera porque pudiera tratar de llevarlo a cabo fuera de España", ha expuesto.

La defensa de Ábalos también ha esgrimido que su salario de diputado es "su actual medio de vida", por lo que no tendría sentido renunciar a él huyendo, si bien Puente señala que lo perdería igualmente si resulta condenado. "Mal puede entenderse en esas circunstancias que la percepción de dicho salario le vincule de particular manera estable a nuestro país", apostilla.

También responde a la defensa de Koldo, que ha alegado que "tiene una hija de 5 años, está casado, tiene hermanos y una madre a la que atiende", "lo que pretendidamente le proporcionaría un arraigo bastante en España como para descartar que pudiera fugarse".

El instructor contesta que, si García decidiera fugarse, "cualquiera de dichos familiares podría, si ese fuera su deseo, desplazarse a su encuentro" o el exasesor podría "preferir separarse temporalmente de su familia" para eludir una pena de cárcel.

Por último, ratifica que Ábalos y Koldo han "podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que durante varios años disminuyó sensiblemente la necesidad de realizar egreso alguno de sus cuentas bancarias". En particular, destaca que el exasesor asumió "de manera incomprensible" los "gastos personales" de su jefe. Todo ello, le lleva a pensar que podrían "disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga".

Subraya también que ambos poseen contactos internacionales. De Ábalos alude a los conseguidos por haber sido ministro --"con particulares y empresas" de otros países-- y anuda que dispone de "algún inmueble" en América Latina; que "podría continuar familiarmente vinculado" a una fundación en Perú; y que "vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero", un dinero que podría volver a darle para "contribuir a la fuga".

Sobre Koldo, hace referencia a los contactos internacionales "de los que dispone o dispuso" por ser asesor ministerial y porque a su salida de Transportes fue contratado por distintas empresas para que les aconsejara sobre inversiones en "países de Hispanoamérica".