El Supremo propone juzgar a Ábalos por las mascarillas: ve "trama criminal"

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. El juez entiende que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

Según el auto, al que ha tenido acceso Redacción Médica, los tres “se concertaron muy poco después de la toma de posesión del primero como ministro del Gobierno de España para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les presentaran valiéndose de dicha influencia”.

El documento judicial detalla que los contratos bajo sospecha se refieren a la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, que obtuvo adjudicaciones por un importe global de más de 53 millones de euros, tramitadas por Puertos del Estado y Adif. El magistrado considera que esas adjudicaciones se produjeron “al margen de los criterios de idoneidad y experiencia exigibles” y que se favoreció “a una sociedad sin trayectoria ni capacidad técnica previa en el sector sanitario”.

El auto sostiene que De Aldama actuó como intermediario, utilizando su posición “para localizar empresas o particulares dispuestos a satisfacer pagos” con el objetivo de conseguir contratos públicos en el contexto de la emergencia sanitaria. Añade que “una parte de las comisiones derivadas de esas operaciones habría revertido en Koldo García y, por su mediación, en José Luis Ábalos”, con el propósito de “retribuir los actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Así consta en el auto dictado este mismo lunes, en el que el instructor da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares (lideradas por el PP) para presentar sus escritos de acusación o solicitar el archivo, así como para pedir diligencias complementarias.

"Existen indicios consistentes"

Puente adopta esta decisión después de que, en septiembre, acordara dividir la causa: dejó en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicó una pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. En aquel momento, el juez ya advirtió de que la parte relativa a las obras públicas estaba “muy incipiente”, mientras que la de las mascarillas se encontraba “muy avanzada”, con la “previsible terminación de la instrucción”.

El magistrado añade ahora que “existen indicios consistentes de que Víctor de Aldama hizo entregas sucesivas de dinero a José Luis Ábalos y a Koldo García” con la finalidad de que “estos intervinieran en decisiones contrarias a los deberes de sus cargos”. También considera probado indiciariamente que Ábalos y García recibieron esas retribuciones en ejecución del proyecto delictivo común y “como contraprestación por conductas desleales” en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

De acuerdo con el auto, Koldo García se encargaba de las gestiones ordinarias con empresas y organismos públicos, “aprovechando su condición de asesor del ministro y la confianza absoluta de éste”, mientras que Ábalos intervenía directamente cuando era necesaria su firma o su influencia personal para culminar las operaciones.

El juez concluye que, en el conjunto de la investigación, “la trama articuló un sistema de retorno de beneficios ilícitos que se amparaba en la situación de emergencia sanitaria”, lo que permitió “burlar los mecanismos de control habituales” y canalizar adjudicaciones “con evidente perjuicio para el erario público”.