Ceuta y Melilla, ¿una sanidad al margen del Derecho Europeo?

Ceuta y Melilla, territorios europeos con una singularidad geográfica y política innegable, siguen viviendo una situación sanitaria que vulnera no solo principios básicos de equidad del sistema nacional de salud, sino también normas esenciales del Derecho de la Unión Europea.

El deterioro de las condiciones laborales de los facultativos y el impacto negativo en la calidad asistencial han alcanzado un punto crítico que obligó, durante más de un año, a una huelga indefinida del colectivo médico. Aunque esta se ha dado por finalizada, la situación que la originó persiste sin soluciones estructurales a la vista, constituyendo desde hace años un ejemplo paradigmático de cómo la inacción institucional puede derivar en una vulneración sistemática de derechos fundamentales. Esta situación no es producto de un episodio puntual, sino la consecuencia de una combinación de factores estructurales: insuficiencia de recursos humanos, falta de incentivos efectivos, gestión sanitaria centralizada sin respuesta operativa y un marco normativo cuya aplicación ha sido reiteradamente ignorada.

Las ciudades autónomas dependen directamente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), cuya actuación ha sido, hasta ahora, insuficiente para abordar la gravedad del problema. En febrero de 2023, el Gobierno aprobó el Real Decreto 118/2023, que reconocía oficialmente a Ceuta y Melilla como Áreas de Difícil Cobertura e incluía la habilitación expresa para adoptar medidas incentivadoras destinadas a atraer y fidelizar profesionales. Sin embargo, más de dos años después, ninguna de estas medidas se ha materializado. La declaración ha quedado en el plano formal, sin eficacia práctica, y los problemas estructurales se mantienen.

Desde la Organización Médica Colegial de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, con su Presidente Tomás Cobo a la cabeza, junto a los Presidentes de los Colegios de Médicos de Ceuta y Melilla, se ha denunciado esta situación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por considerar que se está ante una posible infracción continuada del Derecho de la Unión Europea. Además, se plantea la posible ineficiencia en la gestión de fondos europeos, entre ellos el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o EU4Health, cuya ejecución efectiva en estos territorios es, como mínimo, cuestionable.

Desde un enfoque jurídico, la situación vulnera de forma evidente la Directiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. En Ceuta y Melilla, las jornadas exceden los límites legales y los tiempos de descanso no se respetan de forma sistemática. A ello se suma la infracción del artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que reconoce el derecho de todo trabajador a condiciones laborales justas y equitativas, y del artículo 35, que garantiza el derecho a la protección de la salud.

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"No estamos ante un problema administrativo o simplemente laboral, sino ante un posible incumplimiento jurídico con efectos directos sobre la salud de los ciudadanos y la integridad profesional de los facultativos"

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Estas vulneraciones adquieren una dimensión estructural al considerar que Ceuta y Melilla se encuentran bajo gestión directa del Estado español, a través del INGESA, como antes se ha indicado. Por tanto, no cabe atribuir las deficiencias a fallos de coordinación autonómica. La responsabilidad administrativa es plenamente estatal.

Como se ha mencionado, en febrero de 2023 se aprobó el Real Decreto 118/2023, que reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorios con especial dificultad para la cobertura sanitaria. Esta declaración habilita al INGESA a adoptar medidas para incentivar la contratación y retención de profesionales. Sin embargo, dichas medidas no se han ejecutado. El reconocimiento ha quedado en una mera formalidad sin desarrollo reglamentario ni impacto real.

A esto se suma una brecha asistencial manifiesta entre estos territorios y el resto del Estado, en términos de dotación de profesionales, cobertura de plazas, listas de espera y servicios básicos. Esta desigualdad resulta incompatible con el principio de cohesión territorial recogido en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige especial atención a regiones con desventajas estructurales o geográficas.

La Comisión Europea no solo tiene competencia para supervisar la correcta aplicación de sus directivas, sino también para iniciar procedimientos de infracción si se constata una vulneración sistemática de derechos fundamentales. También puede requerir al Estado español información sobre el cumplimiento del Real Decreto 118/2023 y la aplicación de las directivas comunitarias en Ceuta y Melilla.

Es imperativo que las instituciones nacionales y europeas actúen con la diligencia que exige el caso. No estamos ante un problema administrativo o simplemente laboral, sino ante un posible incumplimiento jurídico con efectos directos sobre la salud de los ciudadanos y la integridad profesional de los facultativos. La igualdad en el acceso a la atención sanitaria no puede depender del territorio, ni el respeto al Derecho europeo puede tener excepciones geográficas.

La relevancia de esta denuncia ha comenzado a recibir una respuesta institucional a nivel europeo, al mantener abierta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la reclamación presentada por los representantes médicos, considerando la gravedad y persistencia del problema. Esta decisión supone un paso significativo, ya que implica un seguimiento activo desde las instituciones europeas y abre la puerta a posibles actuaciones ulteriores en defensa de los derechos fundamentales en Ceuta y Melilla. El hecho de que la cuestión permanezca en la agenda comunitaria alimenta la esperanza de que, más pronto que tarde, se exija una respuesta efectiva y ajustada al Derecho por parte del Estado español.

Ceuta y Melilla forman parte indisoluble del Estado español y de la Unión Europea. Por tanto, sus ciudadanos y profesionales tienen derecho a que se les apliquen las mismas normas, con las mismas garantías y con la misma eficacia. Cuando esto no ocurre, el Estado de Derecho se debilita y la confianza institucional se erosiona. Es hora de restituir ambas.