En los últimos años, el ámbito de los asuntos públicos se ha consolidado como un espacio esencial en la arquitectura institucional de las sociedades democráticas. En el sector sanitario, esta tendencia se ha acelerado de forma notable, impulsada por la creciente complejidad de las políticas públicas, la necesidad de incorporar innovaciones disruptivas, la irrupción de la inteligencia artificial, la digitalización y la transformación de las relaciones entre el Estado, las empresas y la ciudadanía.

Hablar de asuntos públicos hoy no es hablar de lobby o de comunicación corporativa en sentido clásico, sino de una disciplina que persigue fortalecer el entendimiento y la cooperación entre instituciones, tejido empresarial y sociedad civil, teniendo en cuenta que las políticas públicas se desenvuelven en un contexto de extraordinario dinamismo.

En el contexto sanitario, los asuntos públicos representan un instrumento de gobernanza moderna. La sanidad, como política pública esencial, depende de un equilibrio permanente entre sostenibilidad financiera, equidad en el acceso, innovación tecnológica y calidad asistencial. Cada una de estas dimensiones requiere diálogo, análisis de impacto regulatorio y comprensión mutua entre actores muy diversos: administraciones, partidos políticos, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes, industria farmacéutica y tecnológica, medios de comunicación y ciudadanía. En este entramado, la función de los asuntos públicos consiste en articular espacios de encuentro y mediación que favorezcan decisiones informadas, transparentes y legítimas aportando elementos de inteligencia a la toma de decisiones.

El crecimiento del empleo en este ámbito dentro del sector sanitario no es casual. Según McKinsey Health Institute (2023) y The Economist Intelligence Unit (2024), más del 60 % de las compañías biofarmacéuticas y tecnológicas han reforzado sus departamentos de public affairs o policy engagement en Europa en los últimos cinco años. Las razones son múltiples. En primer lugar, el marco regulatorio sanitario es cada vez más dinámico y exigente: desde la aprobación de nuevos medicamentos o dispositivos médicos hasta la implementación de la Estrategia Europea de Datos Sanitarios o las directivas sobre inteligencia artificial.

En segundo lugar, la opinión pública tiene hoy una influencia determinante en las decisiones de salud, especialmente tras la pandemia, lo que obliga a las organizaciones a mantener una interlocución constante, veraz y responsable con los decisores y con la sociedad. Pero la orientación de las estrategias de estos departamentos requiere incorporar los principios conceptuales de los actuales enfoques de los asuntos públicos.

Por otra parte, los asuntos públicos sanitarios se han profesionalizado gracias a la incorporación de perfiles híbridos: expertos en políticas públicas, economistas de la salud, juristas, periodistas especializados o gestores sanitarios. Este mestizaje profesional contribuye a que las estrategias de relación institucional sean más analíticas, éticas y orientadas al interés general. La transparencia, de hecho, es hoy un principio vertebrador del trabajo en este campo. Iniciativas como el EU Transparency Register o los códigos de buenas prácticas de Farmaindustria y MedTech Europe refuerzan un marco que legitima la interacción entre el sector privado y los poderes públicos.

En España, los asuntos públicos en sanidad están llamados a desempeñar un papel estratégico en la consolidación de un sistema de innovación sostenible. El diálogo estructurado entre la Administración y los agentes del ecosistema sanitario puede acelerar la adopción de tecnologías con valor añadido, mejorar la eficiencia de la regulación y promover políticas más inclusivas y basadas en evidencia. En este sentido, la interacción no debe entenderse ni puede plantearse como influencia unilateral, sino como construcción ética y compartida de políticas.

En una etapa en la que la salud se ha convertido en un asunto transversal —económico, digital, medioambiental y social—, la gestión ética y profesional de los asuntos públicos constituye una palanca para fortalecer la confianza institucional y, con ella, la legitimidad del propio sistema sanitario. La calidad de las decisiones públicas depende, en buena medida, de la calidad del diálogo entre quienes las formulan y quienes contribuyen a implementarlas. Y en ese diálogo, los asuntos públicos se consolidan como una competencia estratégica de primer orden.

Desde esa convicción nace el Diploma de Experto en Asuntos Públicos en el sector de la Sanidad, con la vocación de consolidar una comunidad de profesionales que sean los mejores para tender puentes entre la evidencia científica, la gestión pública y la responsabilidad social. Porque solo con una mirada estratégica, ética y dialogante podremos seguir fortaleciendo un sistema sanitario más justo, innovador y sostenible.