José Pérez Tirado, Miriam Gómez Preciado, Carlos Represas, Mario Oliva González y Rosa Martínez Cal.
La
Ley 5/2025 continúa acaparando análisis. Los protagonistas del sector sanitario ya sacan a relucir
los cabos sueltos y las implicaciones de esta norma, que además de actualizar el baremo de valoración del daño e introducir cambios relevantes en el ámbito de la sanidad, busca tres objetivos: incrementar las indemnizaciones, homogeneizar criterios técnicos y mitigar la incertidumbre en los cálculos periciales. Es en medio de este contexto en el que ha tenido lugar el taller impulsado por
Promede en el marco del
XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado este jueves en Madrid. Una formación que, bajo el título 'Ley 5/2025. Reforma de la Ley 35/2015. Implicaciones Prácticas en RC Sanitaria', ha ahondado en las
consecuencias de esta legislación para el sector sanitario.
Ese ha sido el principal objetivo con el que ha nacido este taller práctico. Un coloquio en el que se han dado cita
Carlos Represas,
director de innovación del departamento de Pericia Compleja de Promede;
José Pérez Tirado, socio fundador de Pérez Tirado Abogados;
Mario Oliva González, responsable del departamento de Valoración del Daño Corporal en Mapfre;
Miriam Gómez Preciado, claims specialist de Berkshire Hathaway Specialty Insurance; y
Rosa Martínez Cal, responsable del departamento de Pericial Actuarial de Promede.
Los efectos de la Ley 5/2025 en la sanidad
La presentación de esta taller ha corrido a cargo de Represas, que ha sido el encargado de presentar a los distintos ponentes. Tras él, Oliva González ha tomado el relevo recordando que, precisamente hace un año, y en el marco del XXX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, ya se abordó el
anteproyecto de esta Ley 5/2025.
"Lo que más destaca es el cambio en el baremo de las secuelas psiquiátricas", ha comenzado mientras ha enumerado las distintas medidas que incluye esta norma para el sector sanitario.
Quien ha aportado el punto de vista actuarial ha sido Rosa Martínez Cal. "En el artículo 45 por fin se incluye el lucro cesante", ha apuntado durante su intervención. "Por fin entendemos que los límites se van actualizar a través del IPC. Nos quita incertidumbre", ha continuado sobre este aspecto. Con ello, ha rematado sobre las implicaciones de esta norma: "Hemos pasado de un baremo ligeramente reactivo a uno proactivo.
Nos va a generar muchísima gestión".
Miriam Gómez Preciado, por su parte, ha aportado la visión del sector asegurador. "La nueva Ley 5/2025 ha introducido distintos cambios en lo que respecta a los daños y prejuicios.
El impacto desde el punto de vista asegurador no solo es económico, ha creado un mayor escenario de incertidumbre", ha destacado la ponente. En este sentido, ha precisado que cada caso es distinto, por lo que las indemnizaciones son "muy diferentes". Así, la profesional ha concluido que la Ley 5/2025 "genera un escenario de incertidumbre en el
sector asegurador".
La portavoz ha dado los distintos argumentos que han llevado a esa confusión. Los baremos de indemnizaciones y sus implicaciones en los distintos casos, teniendo en cuenta edad, el impacto físico y otra serie de valoraciones, han sido claves en este sentido. "Las valoraciones de daño corporal son muy dispares", ha añadido.
El coloquio ha continuado con un punto de vista distinto.
"Tenemos que hacer una norma que se aproxime a los países vecinos", ha recalcado por su parte José Pérez Tirado. Así, ha destacado que "cada vez se dan pasos que son razonables" en referencia a los puntos que comprende esta norma.
Uno de los asuntos que ha rodeado las palabras de los ponentes ha sido
sentencia del Tribunal Supremo 951/2025, de 17 de junio de 2025, que modifica la doctrina sobre el baremo, ese sistema de valoración de daños corporales, y que admite la aplicación orientativa del baremo de la Ley 35/2015 [la previa a esta Ley 5/2025] para, incluso, aquellos hechos anteriores a su entrada en vigor, siempre y cuando que se solicite. Concretamente, y sobre este asunto, Miriam Gómez Preciado ha ahondado en que este ha sido un
elemento detonante de esa confusión generada en ell sector asegurador.
Tras esta primera introducción, los ponentes han abordado
cuatro casos distintos y cómo sería esa aplicación de la Ley 5/2025. A través de ellos, los ponentes han abordado cómo se implementarían las distintas medidas que comprende esta norma, y cuáles serían sus efectos para los distintos implicados. Es decir, cómo afectarían desde el punto de vista de los pacientes, el sector asegurador, el pericial y actuarial, o el asegurador.
El último en intervenir tras este análisis ha sido Carlos Represas.
"La Ley 5/2025 necesita una formación específica por parte de las víctimas, del sector asegurador... En definitiva, de todos los implicados", ha apuntalado.
Las claves de la Ley 5/2025
La norma, que se hizo pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el mes de julio, ha llegado con
varias modificaciones. La primera de ellas es esa introducción del
nuevo baremo de indemnizaciones, que como Promede ha recalcado en más de una ocasión, podría traer como consecuencia que, en algunos casos, las
cuantías llegarían a aumentar entre un 300 y un 400 por ciento. Además, las compañías aseguradoras tendrán que ajustar al alza sus provisiones técnicas, así como el esquema de reaseguro, como consecuencia del notable aumento del coste medio por siniestro.
Estos no son los únicos aspectos que en los últimos meses han rodeado esta normativa. Uno de los puntos más relevantes que ha señalado Promede en los últimos tiempos ha sido el de las
Bases Técnicas Actuariales, que pasarán a revisarse cada cinco años (excepto en causas excepcionales). Esto, en sus palabras, proporciona más estabilidad para el lucro cesante y la ayuda a terceras personas.
A todo ello se suma que los
límites de este baremo, que se actualizan cada 1 de enero, tomarán
como referencia el IPC del año anterior, en vez del índice de revalorización de persones. Una
novedad que incluye la Ley 5/2025.
Por otro lado, también se configuran nuevas tablas para el cálculo de indemnizaciones de lucro cesante, y se considera mayor la
reducción de ingresos por Incapacidad Permanente Total (IPT) regulándose por tramos de edad.
En este contexto, Promede ya ha reclamado una
reforma de la norma, con el objetivo de establecer un baremo específico sanitario. Una transformación integral de la Ley 5/2025 que pretende mejorar una legislación que afecta de lleno al ámbito de la sanidad y al sector asegurador.
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