"El baremo específico sanitario protege tanto a pacientes como a médicos"

La Ley 5/2025 se ha puesto en el dentro del debate. La norma, que actualiza el sistema de valoración del daño (baremo), introduce modificaciones claves en el ámbito técnico-actuarial con el objetivo de incrementar las indemnizaciones, homogeneizar criterios y mitigar la incertidumbre en los cálculos periciales.

Por ejemplo, una de las modificaciones más importantes que introduce es el nuevo baremo de indemnizaciones, que en algunos casos podrían aumentar entre un 300 y un 400 por ciento. Asimismo, las compañías aseguradoras deberán ajustar al alza sus provisiones técnicas y esquemas de reaseguro, dado el notable aumento del coste medio por siniestro.

La Asociación de Profesionales de la Medicina y el Derecho (Promede), tras evaluar la renovación de esta ley, ha sacado sus claroscuros y ha propuesto incluso una reforma integral de la norma, así como un baremo específico de daño sanitario.

Rosa Martínez Cal, doctora en Economía y Actuario en Promede, ha detallado en esta entrevista con Redacción Médica los aspectos qué incluirá esta reforma y ha analizado en profundidad de lo que supondrá la aplicación de la Ley 5/2025 para el sector sanitario. 

¿Qué impacto traerá consigo la Ley 5/2025 para el sistema de valoración de daños? ¿Cómo será en el caso de la gestión de daños para las propias aseguradoras y para el ámbito sanitario?

La Ley 5/2025 tendrá un impacto relevante tanto desde el punto de vista económico como en la gestión. Cada vez que se aborda una reforma de este tipo, se busca corregir aspectos que habían quedado poco definidos o que necesitaban mayor precisión, y en ese sentido la iniciativa es positiva.

Uno de los avances más destacados es que las actualizaciones del baremo se realizarán cada cinco años, lo que aporta claridad a un sector que hasta ahora tenía dudas sobre este punto. Además, se han incorporado cuestiones que estaban ausentes o insuficientemente reguladas, como las tablas específicas para lesionados dedicados a las tareas del hogar, con lo que se amplía el alcance de las compensaciones.

El cambio también tiene un efecto económico considerable, ya que supone un aumento de las indemnizaciones. Un ejemplo es la ampliación de la cobertura de la ayuda de tercera persona, que pasa de 20 a 24 horas, garantizando asistencia durante todo el día. A esto se suma la acumulación de reformas previas, como las relacionadas con tipos de interés, conceptos y metodologías, que en conjunto elevan el nivel de protección para el paciente.

Desde la perspectiva de los asegurados, esto se traduce en una mayor indemnización y, por tanto, una mejor protección. Para las compañías aseguradoras, en cambio, implicará ajustar sus provisiones y evaluar el impacto financiero de estas modificaciones.

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"Las actualizaciones del baremo se realizarán cada cinco años, lo que aporta claridad al sector"

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El primer paso consiste en evaluar el impacto sobre las provisiones, algo que ya se está observando en el sector. Algunas compañías están comenzando a analizar muestras representativas para determinar el efecto que esto puede tener. Sin embargo, no se trata únicamente de eso; se generará una cadena de consecuencias. El riesgo se gestionará principalmente mediante un aumento de primas, lo cual se verá acompañado de costes de gestión: actuarial, pericial y legal.

Los peritos deberán actualizar los conceptos y los letrados tendrán que conocer con precisión qué se puede reclamar, ya que suelen guiar el proceso completo. En consecuencia, el impacto afectará toda la estructura, sanitaria, económica y judicial. Los profesionales sanitarios actuarán con mayor cautela, conscientes de que su trabajo tiene repercusiones sobre posibles consecuencias futuras.

¿Existe una estimación de estos costes económicos? 

Estamos analizando el asunto por segmentos, pero estimamos que el incremento podría rondar el 20 por ciento, especialmente en casos de grandes lesionados. Este porcentaje puede variar según el tipo de siniestro o lesión.

La Ley nace de los cabos sueltos que se han ido dejando a lo largo de los años. En principio, es positiva porque permite familiarizarnos con estas cuestiones, pero la modificación de ciertos aspectos genera nuevas incertidumbres. Por ejemplo, el artículo 45 introduce la ayuda de tercera persona, lo que plantea dudas sobre cómo debe aplicarse. Será necesario generar experiencia práctica, aunque contamos con tiempo para ello.

Desde Promede ya se ha planteado una reforma integral. ¿Qué aspectos deberían abordarse? ¿Qué obstáculos legales se afrontarían?

Actualmente se aplica por analogía el baremo de autos dentro del sector médico. Esto funciona como orientación, pero genera discrepancias indemnizatorias y conceptuales en determinados casos, como la pérdida de oportunidad o el retraso en el diagnóstico. Esta situación incrementa la tensión, dificulta los acuerdos y sobrecarga al sistema judicial. Por ello, promovemos la creación de un baremo específico para el ámbito sanitario.

¿Cómo sería el baremo propio que propone Promede? ¿Qué efectos tendría en los profesionales y en los pacientes?

El baremo incluiría sistemas de conciliación para evitar llegar a juicio. En países como Francia existen comisiones que analizan cada caso con expertos, determinando si hay culpa y qué indemnización corresponde. Esto descongestionaría el sistema, aumentaría la confianza, generaría homogeneidad en las indemnizaciones y brindaría mayor estabilidad para todos los implicados.

Más allá de esta conciliación, ¿qué otros puntos propone Promede?

Se pretende que todas las enfermedades estén contempladas y que los profesionales puedan trabajar con confianza. Los seguros de responsabilidad civil ajustados al sector sanitario protegerían tanto a médicos como a pacientes, garantizando que las intervenciones se realicen en un entorno seguro, incluso si surgen complicaciones. Además, se complementaría con un sólido marco jurídico.

¿Y qué obstáculos legales va a afrontar esta reforma?

El principal desafío será coordinar a todas las partes: jurídico, médico, asegurador y pericial. Las asociaciones de lesionados buscarán la mayor indemnización posible, mientras que desde lo jurídico se persigue la justa y desde lo pericial y actuarial, la objetiva. Consolidar todas estas perspectivas será un reto, aunque el baremo de autos sirve como referencia inicial.

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"El principal desafío es coordinar todas las partes: jurídico, médico, asegurador y pericial"

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En el caso del baremo propuesto por Promede, ¿en qué consistiría y qué efectos va a tener tanto los profesionales como los pacientes?

El baremo se centra en la reparación íntegra del daño, considerando cada caso de forma individual. Temas como la pérdida de oportunidad o situaciones específicas de menores no están adecuadamente contemplados en el baremo de autos. El objetivo es lograr homogeneidad, establecer criterios estables y facilitar la conciliación, reduciendo la incertidumbre judicial.

Asimismo, evitaría la Medicina defensiva, ya que los médicos contarán con un marco seguro y confiable para actuar.

¿La reforma debería aplicarse inmediatamente? Sí, aunque ya tenemos experiencia con el baremo de autos, lo que puede permitir un proceso más ágil y dinámico. Sin embargo, para ciertos casos, como la parálisis infantil, será necesario que médicos y actuarios definan conjuntamente la esperanza de vida y ajusten las tablas de mortalidad, garantizando un consenso experto. Este proceso requiere un comité que incluya a asociaciones de pacientes, aseguradoras y actuarios.

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"La reforma debe aplicarse inmediatamente"

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La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que fue emitida el pasado junio, puede llegar a ser una puerta para aplicar retroactivamente el baremo ¿Cómo afecta concretamente a los profesionales sanitarios?

La sentencia genera incertidumbre, ya que introduce la posibilidad de aplicar retroactivamente criterios de indemnización. Desde el punto de vista actuarial, el horizonte temporal debe ser claro para evitar resultados inconsistentes. No obstante, se pueden aplicar herramientas económicas, como ajustes por IPC, para actualizar las indemnizaciones sin recurrir al baremo actual.

¿Cuál considera  que debe ser el papel que tengan los seguros privados de responsabilidad civil sanitaria frente a esa responsabilidad pública?

Los seguros privados son fundamentales para los médicos, actuando como escudo protector y permitiéndoles operar de manera segura. Complementan la cobertura pública, aportando rapidez y flexibilidad en la gestión de reclamaciones. Esto garantiza que los profesionales sanitarios trabajen con tranquilidad y asegura el correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Hablaba anteriormente de Francia. ¿Su modelo podría ser un ejemplo de esa responsabilidad civil sanitaria?

Sí, puede ser un modelo a seguir. En Francia, comisiones organizadas analizan los casos, determinan si hay culpa y limitan los juicios a un porcentaje reducido. Esto descarga a aseguradoras, médicos y jueces, fomenta la conciliación y puede servir como referencia para implementar un sistema armonizado en otros países europeos.