Nuestro modelo de sanidad pública de cobertura universal y gratuita ha sido una de las conquistas más sobresalientes de las clases populares en la segunda mitad del siglo XX. Paralelamente, la formación médica siempre fue un tema principal, desde las primeras escuelas de Medicina y los primeros modelos de educación sanitaria. Además de haber sido uno de los aspectos que más debate público ha generado siempre: el Sistema Nacional de Salud español ha tenido como uno de sus pilares básicos la formación pre y post-grado. Se puede decir que sin las universidades y sin el sistema MIR no se entendería la moderna sanidad pública y su carácter universal.

Una cuestión importante es analizar por qué en España, en los últimos años, estudiantes y profesores de Medicina, y algunos grupos parlamentarios, hemos tenido que llamar la atención sobre la proliferación de facultades de Medicina, la mayoría privadas, que se han creado al margen de una planificación fundamentada en las necesidades y el mantenimiento de la calidad del sistema sanitario.

La planificación de la formación de los profesionales de la salud es, sin lugar a dudas, una responsabilidad y un asunto de Estado, sobre todo a partir de la puesta en marcha en la segunda mitad del siglo XX de sistemas sanitarios públicos, de seguro o de carácter universal.

Entre los años 70 y 80 tiene lugar un cambio importante con la llamada masificación universitaria. Como consecuencia de ello, las facultades de Medicina fueron las primeras en instaurar limitaciones de acceso, el numerus clausus, para garantizar la calidad de la formación médica, de acuerdo con la capacidad de las instalaciones para la formación de estudiantes y con las necesidades sociales previstas de profesionales, según la dimensión del sistema sanitario y las ratios de formación y ejercicio recomendados por la Organización Mundial de la Salud.


La planificación de la formación de los profesionales de la salud es un asunto de Estado


Pero en la última década, en España se ha producido un fenómeno muy preocupante que conduce a un deterioro en la formación de los profesionales sanitarios y que ha eclosionado en paralelo con la privatización del sistema de salud, especialmente en las CCAA con mayor nivel de desarrollo y con mayor presencia de clases medias, debido a un aumento muy importante de la oferta privada tanto de formación como de centros sanitarios.

Por un lado, está la extensión de los campus más allá de las capitales de las CCAA a muchas capitales de provincia, argumentado en muchos casos por criterios demográficos y de accesibilidad. Por otro lado, está el verdadero cambio cualitativo, que ya hemos mencionado: la proliferación descontrolada de facultades sin ningún criterio de planificación sanitaria o educativa.

El porcentaje de facultades privadas creadas en el siglo XXI, coincidiendo con la implantación de Bolonia, es ciertamente significativo. Hemos pasado de 28 facultades de medicina en 2008 a 43 en diez años, con un incremento espectacular que duplica el número de estudiantes, y dicho incremento se ha dado fundamentalmente en las facultades privadas. Todo lo sucedido en la universidades españolas, de un tiempo para acá, desde Bolonia, ha ido en dirección a la privatización y la mercantilización.

En estas condiciones, en el sistema de acceso a las facultades de Medicina hay grandes injusticias, ya que en la selección de la universidad tienen un peso importante los factores socioeconómicos. En concreto, si se compara el acceso a las facultades públicas y a las facultades privadas. Como se sabe, las notas de acceso son muy diferentes, según se trate de unas o de otras, lo que favorece a los estudiantes de familias con más medios económicos y contribuye a enquistar la percepción de desigualdad, que crece de manera importante en nuestro país.

Por otra parte, el progreso del saber obliga a una formación continua, que en nuestro país está lejos de haberse resuelto satisfactoriamente. Esta formación continuada de los profesionales, hasta ahora en manos de las compañías multinacionales farmacéuticas y sin controles rigurosos, es otra de las asignaturas pendientes del sistema sanitario público. La formación continuada del Sistema Nacional de Salud que, paradójicamente, incluye un gran número de profesionales muy preparados, brilla por su ausencia, salvo los esfuerzos que realizan los colegios y las sociedades científicas, que tienen su propia lógica corporativa.

Tampoco en la formación posgraduada se han producido avances importantes. En la formación de residentes, los tutores clínicos, que son una pieza fundamental en el proceso, desempeñan sus funciones de una manera voluntariosa, sin reconocimientos de ningún tipo, sin reducción de su actividad asistencial  ̶ y sin cobrar. Estas contradicciones tendrán en el futuro importantes repercusiones, tal vez consecuencias inesperadas, porque la calidad del sistema no se puede sostener por más tiempo solamente sobre un personal sanitario que desarrolla su trabajo sin los medios adecuados.

Entonces, ¿de qué se trata? En definitiva, los profesionales sanitarios reclaman poder trabajar en mejores condiciones en el centro público. Hacen falta medios y un mayor reconocimiento, medidas que vayan más allá del mero gesto: que les permitan ampliar la jornada y les den facilidades para investigar y para desarrollar sus responsabilidades docentes.