Sanidad fía al Estatuto Marco recortar interinos: OPE bienal y plazas extra

La presión de Bruselas por que España ponga medidas adecuadas al abuso de la temporalidad laboral en la Administración pública no ha alterado la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad para atajar esa circunstancia dentro de sus competencias. Este lunes, la Comisión Europea decidió congelar el traspaso a España de 626 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia por su tardanza a la hora de mitigar el problema -en todo el ámbito público, no sólo en el sanitario- pese a las advertencias del Tribunal Superior de Justicia Europea (TJUE). Y aunque el Gobierno fía la solución al ajuste de indemnizaciones a interinos en la Ley de Función Pública que se tramita en el Congreso, en el departamento dirigido por Mónica García cuentan con su propia fórmula para la sanidad, que pasa por sacar adelante un Estatuto Marco con dos medidas fundamentales: la convocatoria bienal de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de estatutarios fijos, y la posibilidad de incluir plazas extra con cargo a posteriores convocatorias.

La propia García, en sus últimos alegatos a favor del borrador de reforma del Estatuto Marco que Sanidad ha presentado a los sindicatos, ha destacado las medidas para reducir la temporalidad entre las ventajas de la propuesta ministerial. Aunque no ha sido este el primer intento por usar la llamada carta magna sanitaria para paliar esa situación. En 2022 ya hubo una reforma parcial del Estatuto Marco encaminada a disminuir el empleo temporal en la sanidad, a raíz de la aprobación de la famosa Ley 20/21 para situar la tasa de temporalidad estructural en la Administración por debajo del 8 por ciento. Se hizo a través de un Real Decreto-ley cuyas medidas, según recuerdan fuentes de Sanidad a Redacción Médica, “buscaban garantizar que las instituciones sanitarias públicas iniciaran una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la temporalidad en el empleo público”.

“En esa medida puede predicarse de cada una de ellas la conexión de sentido requerida por la jurisprudencia constitucional y los mandatos de la Unión Europea, y la nueva redacción del Estatuto Marco, en fase de negociación, mantiene esas bases y refuerza las medidas contra la temporalidad”, subrayan las fuentes ministeriales. Sanidad destaca dos de tales medidas. La primera es que “la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter periódico, al menos bienal, en el ámbito que en cada servicio de salud se determine, a través de convocatoria pública y mediante procedimientos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de la competencia y la libre concurrencia”.

Además, “se abre la posibilidad de establecer el procedimiento de concurso para el acceso en determinadas circunstancias y condiciones, y las convocatorias se publicarán en el boletín o diario oficial de la correspondiente Administración pública, con un plazo máximo de resolución de un año”.

La segunda medida para reducir la temporalidad y “mantener una adecuada prestación de los servicios públicos” pasa por que en las convocatorias de los procesos selectivos para acceder a la condición de personal fijo se pueda “incluir un número adicional de plazas que podrán ser cubiertas en el plazo máximo que se establezca, con cargo a posteriores ofertas de empleo público y dentro de los límites establecidos por la normativa presupuestaria”.

Indemnizaciones por abuso de temporalidad en la sanidad

Más allá de que lo que acabe ocurriendo con el Estatuto Marco, la reciente decisión de la Comisión Europea ha llegado dos semanas después de que el TJUE acogiera el debate sobre los abusos de temporalidad en la Administración española a raíz de la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo, que busca despejar sus dudas sobre si España puede convertir en fijos o no a trabajadores que hayan encadenado numerosos contratos temporales en el sector público.

No será hasta el 9 de octubre, en principio, cuando el Abogado General de la Unión Europea, Rimvydas Norkus, publique su informe de conclusiones. Sin embargo, hay expertos como Fabián Valero, socio-director de Zeres Abogados y especialista en derecho laboral y empleo público, que opinan que la congelación de fondos europeos permite aventurar el sentido de ese futuro documento: “La Unión Europea no ha hecho más que acoger el criterio del TJUE y ha dejado meridianamente claro que la Ley 20/21 no ha supuesto la implantación de medida alguna para frenar el abuso de temporalidad”. De hecho, Valero considera “inevitable” que el TJUE “exija un incremento de indemnizaciones” a los trabajadores que hayan sufrido esa situación.