La Comisión Europea congela fondos a España por la temporalidad en sanidad

La Comisión Europea ha decidido congelar a España un total de 626 millones en ayudas por no penalizar los abusos en la contratación de empleados públicos, entre los que se encuentran los sanitarios con contratos temporales.

Un embargo que en lo general, supone 1.000 millones de euros del quinto tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia, valorado en un total de 23.900 millones (8.000 millones en subvenciones y 15.900 en préstamos) por el incumplimiento de tres hitos clave entre los que destaca la elevada temporalidad en el empleo público, especialmente significativo en el ámbito sanitario.

Las otros puntos de mira de la CE son la ausencia de una subida fiscal al diésel y el retraso en la digitalización de entidades regionales y locales.

Más del 50 por ciento de sanitarios en la Administración

Según datos recientes, el sector salud lidera los índices de temporalidad en la Administración Pública, con más del 50 por ciento de sus profesionales en situación de interinidad, muy por encima del umbral permitido por la Unión Europea.

Este revés financiero no solo tiene implicaciones macroeconómicas, sino también consecuencias directas para el Sistema Nacional de Salud, que ya arrastra importantes desafíos estructurales. La elevada dependencia de personal interino compromete la estabilidad laboral, la continuidad asistencial y la eficiencia en la gestión de recursos humanos.

La congelación de estos fondos europeos pone en entredicho los avances comprometidos en materia de reformas laborales, especialmente en sanidad, uno de los sectores más vigilados por Bruselas en cuanto a cumplimiento de hitos y objetivos.

Tal y como avanzaba este medio hace unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha escuchado en varias ocasiones los argumentos de las partes implicadas en la cuestión prejudicial, incluida la Comisión Europea, que se inclina abiertamente por endurecer los castigos "disuasorios" a las administraciones que fuercen a sus trabajadores a encadenar un contrato tras otro.

Según argumentaban desde la CE hace solo unos días, la figura del 'indefinido no fijo', es insuficiente. En esta vista, ya quedaban patentes las diferencias insalvables entre el posicionamiento de la Comisión Europea y el de los abogados defensores españoles. 

Otro de los puntos que tienen que ver con los interinos es el reconocimiento de su condición de 'fijos' en el sector público a quienes no han superado un proceso de selección. Es decir, sin una Oferta Pública de Empleo (OPE). Desde el ámbito jurídico ya avanzaban a este medio que es "difícil" que el TJUE manifieste que la fijeza es la única sanción aplicable, aunque confían en que, al menos, pueda alentar mejores indemnizaciones.