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10 may. 2017 17:00H
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Seguro que han utilizado esta célebre frase en más de una ocasión. La recojo aquí, porque resume perfectamente lo que sucede en el Hospital de La Ribera tras los últimos acontecimientos.

Les pongo en situación. El pasado 27 de marzo, la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública comunicaba a Ribera Salud su decisión de no prorrogar el contrato de concesión administrativa que les une hasta 31 de marzo de 2018 para gestionar el Hospital de La Ribera. Al mismo tiempo, dictaba y trasladaba una serie de normas encaminadas a la reversión de este servicio público a la gestión directa de la consejería, que tenían que cumplirse durante el último año de concesión, es decir, desde el 1 de abril de 2017.

Atendiendo a las normas citadas, la Gerencia del Departamento de Salud solicitaba a mediados de abril a la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la consejería que le autorizasen a realizar tres contrataciones indefinidas. En concreto, a un celador, un técnico de laboratorio y un médico por la jubilación parcial de otro facultativo. La respuesta llegó la primera semana de mayo, resolviendo que aceptaban la solicitud siempre y cuando estas contrataciones no superasen la duración del 31 de marzo de 2018.

Tras recibir la comunicación el jueves día 4 de mayo, tanto la Dirección de la concesión como los sindicatos solicitan una reunión al director general de Recursos Humanos y Económicos de la consejería. El director tiene a bien conceder la reunión a los sindicatos para el día 8 de mayo, mientras que la Dirección del centro simplemente espera a que le devuelvan la llamada. ¿Quién es desleal aquí?

Terminada la reunión con los sindicatos, CCOO, a través de la Presidenta de la Junta de Personal, como viene siendo habitual, lanza un comunicado en el que “se alegra” de la decisión de la consejería y aplaude que no se deje hacer a la empresa más contratos indefinidos.

Añade además que de este modo se terminará con la potestad de la empresa para contratar a aquellos que tengan afinidad sindical, política o familiar… Suponemos que se referirán a los contratos a cualquier familiar o amigo de los sindicatos, del excomisionado -que fue el que dijo que “se habilitará una bolsa para familiares y amigos”- o de cualquier otro cargo público que, escuchando esta declaración de intenciones, no la negó en ningún momento.

El mundo al revés porque nos encontramos ante…

· Una Administración dictando resoluciones de dudosa legalidad y que suponen que la empresa incumpla la normativa laboral, el convenio colectivo en vigor y los acuerdos de empresa firmados por unanimidad.

·Un Gobierno autonómico vetando la posibilidad de realizar contratos indefinidos a sus ciudadanos.

·Unos sindicatos que aplauden la decisión de no realizar estos contratos indefinidos y encima le dan pábulo -como en el caso de CCOO- el resto, de momento, callan, al mismo tiempo que denuncian continuamente el empleo precario y la temporalidad del mercado de trabajo en España.

·Unos sindicatos que critican que se hiciesen 40 contratos indefinidos en el mes de marzo. Los mismos sindicatos que firmaron el convenio colectivo en vigor y que presionaron para que la tasa de indefinidos fuese del 90 por ciento en 2017 y del 95 por ciento en 2018. Pero entonces, ¿hay que hacer o no hay que hacer contratos indefinidos?

·Unos sindicatos que defienden a la Administración y dejan de lado a los trabajadores. ¿Algún sindicato se ha interesado por la situación de las tres personas a las que la empresa comunicó la semana pasada que no iban a poder tener un trabajo fijo para defender sus intereses?

Es lamentable, pero es lo que hay, el sectarismo ideológico que subyace detrás de la reversión del Hospital de La Ribera.

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