18 nov 2018 | Actualizado: 10:20
Gaspar Llamazares, promotor de Actúa y portavoz federal de IzAb
Mié 27 junio. 14.40H
No han pasado ni siquiera semanas desde la puesta en marcha del nuevo Gobierno y la toma de posesión de la ministra Montón, pero ha sido tiempo suficiente para que se haya abierto el debate sobre la estrategia y las medidas para rectificar el rumbo de los recortes y privatizaciones de los anteriores ejecutivos conservadores.

Montón llega avalada por sus experiencias en la oposición al PP; más tarde en la gestión de la sanidad valenciana para la reversión a lo público del modelo Alzira de privatización; y también en el intento de reconocer la atención integral a los inmigrantes sin permiso de residencia.

Si inicialmente se ha hablado de la prioridad de recuperar el carácter universal de la sanidad pública, sobre todo por coherencia con la acogida del Aquarius y de los derechos humanos en política migratoria, más tarde se ha anunciado la derogación del copago farmacéutico, en concreto para pensionistas, que hasta el RD 16/2012 estaban exentos de ello. De hecho, el propio presidente Sánchez fue quien, en su primera entrevista, vinculó la derogación del copago a las posibilidades presupuestarias. Seguramente, en próximas fechas, seguirán apareciendo otros aspectos del mencionado decreto, susceptibles de reforma o derogación, y los consiguientes debates sobre la oportunidad y el coste de las mismas: la exclusión de medicamentos de la financiación pública, la pérdida de cobertura sanitaria de los españoles en el extranjero... etc. 

El debate del copago tiene mucho que ver con el previsible coste, de nada menos que unos cientos de millones de euros, que significaría su derogación total o parcial, al tiempo que con la posibilidad de tener mayoría para una u otra medida en el Congreso de los Diputados, con partidos que coinciden en defensa de la sanidad pública, tanto como se diferencian en las medidas concretas de dirección, de gestión o de  financiación del mismo. En relación al Senado, tal disquisición sería inútil, convertido aquel en la última trinchera institucional del legado de los gobiernos conservadores del PP.

Sin embargo, bien estaría que antes de empezar la tarea fuésemos conscientes de la trascendencia del RD 16/2012, mas allá de su intrincado nombre de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Más allá también de la recuperación de la cobertura y la financiación pública, hoy justamente demandadas al nuevo Gobierno. Bajo el frondoso ropaje de medidas de urgencia ante la crisis y sus consecuencias sobre los ingresos y el gasto sanitario público, se ocultan -además y sobre todo- el intento más serio de cambio de modelo y la regresión más importante frente al modelo sanitario universal que se haya puesto en marcha desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de mediados de los ochenta. Ley que se desarrolló luego con las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas (CCAA), la financiación con cargo a impuestos de 1999, la Ley de Cohesión Sanitaria y la adicional sexta de Ley de Salud Pública que culminó su universalización.

No se trataba, pues, tan solo de ahorro y de un recorte del catálogo de prestaciones, del copago de fármacos y productos sanitarios, de la exclusión de colectivos con respecto a la cobertura sanitaria o de las medidas en materia de personal sanitario. Medidas todas ellas que nos muestran el amplio margen del Gobierno central, sea para bien o para mal como en este caso, en las políticas sanitarias relativas al personal del sistema, a la farmacia y productos sanitarios, a la tecnología...,  sin perjuicio de las responsabilidades de gestión de las CCAA y de sus respectivos servicios de salud. El objetivo era sustituir el Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal y como derecho ciudadano, retrocediendo en el tiempo a un modelo de seguro ligado al empleo y a la condición de asegurado o de beneficiario, obligando a los que quedaban fuera a suscribir otro seguro o a declararse pobres para tener asistencia sanitaria, recuperando con ello la noción casi olvidada de beneficencia en la sanidad española.

Una regresión sin precedentes que el gobierno de Mariano Rajoy no pudo culminar por la fuerte resistencia política, profesional y ciudadana, pero también por la inercia en el funcionamiento del SNS, protegido de los vientos de fronda por buena parte de los gobiernos de las CCAA. Frente al lugar común que pone en cuestión la descentralización del SNS y su gestión por las CCAA, frente al intento de desmontar el modelo universal, las comunidades fueron un muro de defensa de la equidad y universalidad. No habría que olvidarlo para no caer en la crítica fácil ante cualquier problema sanitario, atribuyéndolo a las CCAA o como consecuencia de la tan manida descoordinación.

En resumen, en mi opinión compartida con otros muchos ciudadanos y profesionales, la derogación del RD 16/2012 es obligada si se trata de consolidar el Sistema Nacional de Salud y con ello de conjurar el modelo regresivo de aseguramiento público y beneficencia sanitarios.