El Ministerio de Sanidad deberá decidir en breve la ubicación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una vez la comisión consultiva pertinente haya evaluado los informes de las candidaturas presentadas que, por lo que parece, finalmente han sido ocho, por orden alfabético Barcelona, Granada, León, Lugo, Murcia, Oviedo, Toledo y Zaragoza.

El dictamen de la Comisión podría incluir la valoración de otras ciudades, aunque no se hayan postulado formalmente, si se considerasen óptimas. Tras su presentación a la Comisión delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, será remitido al Consejo de Ministros, donde se tomará la decisión final, acuerdo que se publicará en el BOE, que dará cuenta también del mencionado dictamen.

Desde Política Territorial y Memoria Democrática apuntan que la propuesta se llevará al citado Consejo, como muy tarde,  el 17 de febrero y que el BOE lo publicará un día después.

Que se hayan presentado ocho candidaturas refleja el interés que despierta la creación de la nueva agencia en nuestro país. Positivo en tanto que indicativo de una genuina implicación para el desarrollo institucional de la Salud Pública --tan necesario y sin embargo tan preterido en la práctica— si bien puede también manifestar el afán de desarrollar una nueva administración pública en el ámbito local.



"Lo más importante es que, finalmente, se culmine el anhelo que ya hace más de catorce años formulaba la Ley General de Salud Pública"




Una buena noticia para los salubristas y para los especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública, sin olvidar a los colegas de la Atención Primaria y Comunitaria ni, desde luego, a todos quienes se interesan por la dimensión social de la Medicina. Y como la Salud Pública es, por definición, multisectorial y pluridisciplinaria, al conjunto de sectores sociales y de las administraciones públicas cuyo papel es determinante en la promoción y la protección colectivas de la salud comunitaria.

La ubicación en una ciudad determinada de la Agencia es, sin duda, un asunto relevante dado que puede actuar como un instrumento potenciador de dinámicas y políticas de salud pública beneficiosas para la comunidad en los ámbitos local y autonómico, pero al tratarse de un organismo de naturaleza y competencias estatales debería actuar también como elemento generador de planes, programas e intervenciones de salud pública del conjunto del Estado, por lo que los criterios operativos de la elección convendría que fueran ajenos a las habituales dinámicas partidistas --más que políticas-- cortoplacistas a las que nos han acostumbrado. En definitiva, estamos convencidos que la decisión que se adopte debería tomarse sin olvidar que la ubicación ha de facilitar el desarrollo de la Agencia y nunca como un factor que pueda dificultarlo.

Todo lo cual no es óbice para manifestar que estaríamos encantados si Barcelona fuera la candidata elegida, por varias razones, algunas obvias y otras no tanto. Y si ya hemos valorado la dimensión positiva de la competitividad, este beneficio no debería diluirse con la inexorable decisión ministerial que, como mínimo, excluirá a siete de las ciudades candidatas, somos conscientes de que el reto que representa desarrollar institucionalmente la Salud Pública en el contexto cultural, social y político presente, es de una magnitud enorme. De modo que necesita imprescindiblemente la cooperación de todos los interesados. Por lo que lo sería deseable que esta inicial competición fuera el comienzo de una intensa y eficaz cooperación entre todas las ciudades, sus instituciones, sus profesionales y, en definitiva, su ciudadanía, para que se fomentara efectivamente el desarrollo de la Salud Pública en nuestro país.

Porque lo más importante es que, finalmente, se culmine el anhelo que ya hace más de catorce años formulaba la Ley General de Salud Pública y sea quien sea la ciudad vencedora, la ciudadanía de este país pueda contar con los servicios de la Agencia.