El
Ministerio de Sanidad citó manuales de academias privadas como referencia bibliográfica para justificar respuestas del
examen MIR. Este hecho ha evidenciado una preocupante erosión del rigor en una de las pruebas clave de nuestro sistema sanitario.
Un manual de academia, por útil que resulte como herramienta pedagógica,
no es literatura científica. No es una guía de práctica clínica, ni un libro de referencia, ni un documento de consenso elaborado por sociedades científicas. Son materiales diseñados para preparar un examen tipo test. Elevar estos apuntes a la categoría de referencia oficial en un examen del Estado equivale a
confundir material de estudio con fuente normativa.
La gravedad aumenta cuando se observa la arbitrariedad implícita en esta práctica. Cuando el Ministerio, que debería actuar como árbitro neutral e incuestionable, valida una respuesta apoyándose en el manual de una academia concreta y no en el de otra, abandona esa neutralidad. De facto, toma partido.
¿Con qué criterio se elige un manual y no otro? La pregunta es inevitable, y la ausencia de una respuesta clara abre la puerta a posibles conflictos de interés que una institución pública debería evitar con especial celo.
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"Estamos ante una mala práctica institucional que requiere algo más que una corrección de erratas"
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El recurso a estos manuales resulta, además, innecesario. Los propios manuales de las academias incluyen al final extensas listas de referencias: artículos científicos, guías clínicas, libros de texto. Si el tribunal necesitaba justificar una respuesta, podía, y debía, acudir directamente a esas fuentes primarias.
Optar por el atajo del manual revela una preocupante ley del mínimo esfuerzo en un proceso que exige precisamente lo contrario.
La confianza, en juego
Existe también un evidente divorcio entre esta decisión y la realidad asistencial.
Ningún médico utiliza un manual de academia en su práctica clínica. Un especialista no decide una intervención quirúrgica a partir de un esquema mnemotécnico, ni pauta un tratamiento oncológico consultando apuntes pensados para una oposición.
Pero lo verdaderamente relevante es lo que está en juego: la confianza. El MIR es un sistema de asignación de plazas que funciona porque médicos y pacientes creen en su rigor, su transparencia y su imparcialidad. Cuando el Ministerio de Sanidad adopta prácticas impropias de ese estándar, la credibilidad del proceso se resiente. Surgen preguntas incómodas: ¿quién elabora realmente las preguntas del MIR?
¿Qué relación existe entre las academias privadas y quienes diseñan el examen?
Estamos ante una mala práctica institucional que requiere algo más que una corrección de erratas. Exige una explicación pública y una rectificación clara por parte del Ministerio de Sanidad. Porque la excelencia del sistema nacional de salud no se construye citando apuntes, sino sobre la base de la mejor evidencia disponible y la transparencia.