Médicos y Estatuto marco, una flagrante contradicción

En enero de este año publicamos en este mismo medio un artículo ('En contra del Estatuto marco') en el que se ponían de relieve los problemas y contradicciones que, en nuestra opinión, supone regular las condiciones laborales de las profesiones sanitarias y concretamente la de los médicos que trabajan para la administración sanitaria pública, mediante un estatuto, que en el contexto actual es una mezcla inextricable de salarización y funcionariado.

La naturaleza del profesionalismo, que muchos pretendemos mantener y desarrollar en la práctica de la Medicina, cuando se pretende combinar con la de la funcionarización del colectivo alumbra un oxímoron. Una contradicción en los términos que entra en conflicto con la misma esencia conceptual de las profesiones, en este caso la de Medicina pero que también es aplicable plenamente a la de Enfermería.

Ya se reconocía entonces que cambiar la dinámica actual no era tarea fácil, debido, entre otras cosas, a la larga vigencia del Estatuto marco, reformado por última vez en el año 2003. Una dificultad que no justifica el inmovilismo continuista del modelo actual de relación entre la profesión médica y las entidades públicas de provisión de servicios.

Nuestras autoridades políticas, pero también los líderes sindicales y profesionales médicos, deberían marcarse como objetivo final la laboralización estricta de la contratación de los profesionales por las empresas públicas, puesto que de otro modo se hace imposible garantizar el deseado profesionalismo de los facultativos. Y, para avanzar en esta línea, se hace necesaria una fase de transición entre la situación actual y la propuesta en la que se contemple, por ejemplo, una fecha de caducidad de dos años para el Estatuto marco de las profesiones sanitarias (hasta entonces, se aprueban e introducen en el actual los cambios que se acuerden próximamente con las organizaciones sindicales y profesionales).

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"La mejor defensa de la profesión, médica o de enfermería, no debería centrarse en la fosilización de un marco estatutario propio"

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Este acuerdo sobre el objetivo de la laborización debería ser aprobado por las instancias gubernamentales con el rango legal que sea adecuado, así como por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este contexto sería viable la generación de una dinámica de contratación de los profesionales totalmente descentralizada, sin los famosos concursos-oposición, y con un elevado grado de autonomía para cada región o nacionalidad del Estado, e incluso para cada entidad proveedora de servicios.

Lo que haría viable una definición individualizada de las condiciones contractuales –incluidas  las económicas, horarios, régimen de dedicación exclusiva y de carrera profesional– estableciendo una correspondencia más coherente que la actual entre la compensación económica y las características del lugar de trabajo, de su ubicación geográfica e institucional o proyección social y profesional.

Así mismo sería más fácil redistribuir la cobertura de las necesidades de profesionales en una entidad o territorio determinado sin tener que esperar meses o años al concurso-oposición ni recurrir a contratos basura, eventuales o de interinos.

Cuando hablamos de descentralización, autonomía y ajuste estricto a la legislación laboral de las ofertas de trabajo presuponemos que éstas se materializan de acuerdo con los principios de publicidad y valoración justa de los méritos de los aspirantes.

En relación con el grado de descentralización operativa de las convocatorias de plazas en entidades sanitarias públicas sería la administración de cada región o nacionalidad la que, como ya se hace hoy, tomaría la decisión de si las mismas hacen referencia a un puesto de trabajo singular o a un conjunto de ellos, bien de un centro sanitario o de una zona o territorio determinado.

Todos los actores implicados en esta cuestión, sean las administraciones o las organizaciones sindicales y profesionales, deberían admitir que la situación actual, además de anacrónica, es poco sostenible y, además, contribuye al deterioro del conjunto del sistema sanitario público.

La mejor defensa de la profesión, médica o de enfermería, no debería centrarse en la fosilización de un marco estatutario propio que, como hemos señalado al principio de estas líneas, define un oxímoron conceptual entre profesión y funcionarización “estatutaria”.