La identificación de colectivos que pueden anticipar su retiro laboral no consta en el informe remitido a Europa

La prejubilación por penosidad en sanidad se queda en el cajón de Escrivá
José Luis Escrivá.


22 ene 2021. 19.20H
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El pasado martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno ya ha enviado a la Comisión Europea sus propuestas para modificar el sistema de pensiones en España. Según consta en el documento, la propuesta para garantizar la sostenibilidad de las pensiones se apoya en el "amplio consenso parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo". Sin embargo, en el informe no consta la posibilidad de ampliar el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años cotizados, como así figuraba en los borradores; ni algunas recomendaciones consensuadas el Congreso de los Diputados. Entre ellas, la identificación de colectivos que, por la crudeza de su trabajo, pueden optar a adelantar su jubilación, una reivindicación histórica de los sanitarios.

La reforma que plantea el Ejecutivo está centrada en "asegurar la sostenibilidad financiera del sistema a corto, medio y largo plazo" manteniendo el poder aquisitivo. La propuesta remitida a Europa, a la que ha tenido acceso Redacción Médica, advierte del "crecimiento del gasto en las próximas décadas a consecuencia, fundamentalmente, de la jubilación de la generación del baby boom". En el 'Estudio sobre Demográfica Médica' elaborado por la OMC, se advierte que en los próximos 10 años se jubilarán más de 70.000 médicos en España.

El plan, como ya se acordó en la Comisión del Pacto de Toledo,  pone sobre la mesa "el impulso de la elevación de la edad efectiva de jubilación a través de incentivos voluntarios para acercarla a la edad legal", algo que no está mal visto por los médicos españoles, que plantean que la bonificación por demorar su jubilación gire en torno al 8-10 por ciento

Incentivos para retrasar la edad de jubilación


"La reforma pretende mostrar a la población la conveniencia de retrasar la edad de jubilación y crear incentivos para ello. En esta línea, se hace preciso realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo; y racionalizar el recurso de esta modalidad", añade el documento remitido a Europa.

El ejecutivo aboga por "modificar la configuración de los incentivos de demora de jubilación a partir de una valoración de los existentes que permita identificar los elementos que los hagan más efectivos a la hora de conseguir reducir la diferencia de la edad legal y la efectiva", operando en el conocimiento de la población, diseño y variables institucionales que dificultan su ejercicio. Además, señala, "se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad". 

No obstante, no incluye una de las observaciones que sí constaban en borradores previos al documento remitido a Europa: "En cuanto a los porcentajes adicionales de pensión por demora en el acceso a la jubilación actualmente existentes, se plantea un nuevo diseño de coeficientes e incentivos más comprensibles para los futuros pensionistas y más alineados con sus preferencias para que el retraso en la edad de jubilación sea más efectivo. Ello se ha de hacer a través de mejoras económicas a la pensión y otras fórmulas de compatibilidad con el trabajo". La posibilidad de compatibilizar pensión y trabajo también se incluía en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo aprobado en el Congreso a finales de año. 

Jubilación anticipada para colectivos vulnerables


El texto enviado tampoco contempla otra de las cuestiones incluidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo redactado en el Congreso, en el que se destaca la necesidad de mejorar el marco normativo para favorecer la identificación de los colectivos de trabajadores que realizan actividades caracterizadas por la especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, que podrán adelantar su jubilación con la contrapartida de asumir una cotización adicional a lo largo de su carrera profesional.

La posibilidad de que se incluya a los profesionales sanitarios entre estos colectivos es una de las mayores reivindicaciones de la sanidad española, en concreto, de Enfermería, que se opone a endurecer la jubilación anticipada y reclama que "las enfermeras puedan beneficiarse de la Ley General de Sanidad que prevé que la edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación pueda ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad". 

El documento tampoco contempla una "penalización" para las jubilaciones anticipadas como sí consta en borradores previos a los que ha tenido acceso este medio, que advertían de que "la jubilación anticipada debe pasar a ser una excepción y no una forma habitual de jubilación que oculta fórmulas de regulación de empleo", por lo que se instaba a " revisar en primer lugar el sistema de penalización para la jubilación antes de la edad legal, de modo que se asegure la aplicación efectiva e íntegra de los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión previstos legalmente, corrigiendo así que sean los trabajadores que cotizan por la base máxima quienes más se beneficien de esta regulación en detrimento de las carreras de cotización medias y bajas". 

Sin rastro del cálculo a 35 años de la pensión


En borradores previos al remitido a Europa, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social planteaba "ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas". Si esta propuesta llegara a ser una realidad, el 25 por ciento de los médicos españoles verían recortada su pensión de jubilación, tal y como estima Vicente Matas, vocal de la Comisión de Atención Primaria Urbana de la OMC y miembro del Sindicato Médico Andaluz.

Sin embargo, en la versión final no se concreta esta medida, sino que se plantea "ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva". 

Cotización médicos autónomos


El documento redactado por el Ministerio también contempla la implantación gradual de un nuevo sistema de cotización en el que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada, para "corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización". Esto, argumentam, "supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos". Preguntados por esta cuestión, los médicos autónomos señalaron a Redacción Médica que la adaptación debía ser progresiva. 

Además, el texto contempla una "adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema", así como un nuevo diseño del complemento de maternidad  que "parte del análisis de las trayectorias de cotización para identificar cuál de los dos progenitores se vio más perjudicado en su carrera contributiva por el nacimiento de cada uno de los hijos, perviéndose que en caso de no existir un progenitor particularmente afectado, se reconozca el complemento a la madre". 


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