La presidenta de la Airef, Cristina Herrero.
La ausencia de un
marco fiscal previsible se ha convertido en uno de los grandes hándicaps para que las comunidades puedan hacer una planificación presupuestaria “adecuada”, algo crucial para dotar de
fondos a la sanidad, el sector que concentra la mayor parte de la inversión en las cuentas públicas de las autonomías. La
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha vuelto a levantar la voz para reclamar a las administraciones que reformen aspectos clave como
el sistema de financiación, los mecanismos extraordinarios para inyectar fondos o el marco de gobernanza fiscal.
Su petición cobra una especial importancia de cara a consolidar las inversiones sanitarias. Según las estimaciones internas de la Airef,
el 39 por ciento del gasto autonómico se dedica actualmente a la parcela de la salud. Un monto muy por encima de otras áreas sociales como la educación (24 por ciento) o la protección social (7 por ciento). Además, los expertos vaticinan que estas necesidades de gasto continuarán con
su tendencia “creciente” en los próximos años, ya que están muy vinculadas al
envejecimiento.
Los cálculos del organismo público estiman que
las comunidades autónomas elevarán su déficit público a lo largo del 2025, pero que esta tendencia se corregirá progresivamente “a medio plazo” gracias a la normalización de las liquidaciones del sistema de financiación autonómico. Sin embargo, el escenario no será el mismo para todas las regiones, ya que la autoridad fiscal preve que habrá posiciones
“muy heterogéneas” entre territorios.
Las comunidades más endeudadas
Su estimación ha puesto el foco especialmente en regiones como la
Comunidad Valenciana para la que calcula un nivel de deuda pública que ascenderá hasta el
43,1 por ciento en 2029, casi dos puntos por encima del volumen actual. También es negativo el escenario previsto para la
Región de Murcia que para esa misma fecha alcanzaría el
32,2 por ciento. Mientras que sí que se prevén fuertes caídas en el resto de los territorios.
La Airef también ha pasado revista a los ingresos percibidos por el conjunto de las comunidades autónomas. En los últimos dos años, han sufrido
un impacto negativo de 2.000 millones, motivado especialmente por la situación de
Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja o
la Región de Murcia. Mientras que sí que se encuentran en positivo
Cataluña, Castilla y León o
Castilla-La Mancha.
Parte de esta ecuación se explica por la ampliación de gasto de las comunidades autónomas en los últimos tres años, cuando se ha disparado la inversión en 3.000 millones. La Airef achaca este aumento de volumen fundamentalmente al gasto en personal, algo que puede incidir directamente en la sanidad, que concentra buena parte de
las nóminas de los empleados públicos de las administraciones regionales.
Recomendaciones para los presupuestos autonómicos
Teniendo en cuenta todas estas cifras, desde la Airef han hecho un llamamiento para que se adopte una reforma del marco nacional que vaya “más allá” de
la transposición de las directivas sobre reglas fiscales. En el corto plazo, los analistas han pedido que se avance en materias como mejorar la "coherencia" entre las normativas de gasto nacionales y autonómicas para unificar los criterios.
“Las comunidades autónomas también tienen la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los compromisos prestando atención a la evolución del gasto y a los posibles riesgos fiscales sobre los que alertó la Airef en la Opinión publicada el pasado mes de marzo, que se centraba en la Administración central, pero con muchas conclusiones extensibles a las CCAA”, ha apuntado en el último informe suscrito por su presidenta,
Cristina Herrero.
A pesar de estas recomendaciones, desde la institución recuerdan que actualmente la economía española mantiene su
“fortaleza” con tasas de crecimiento que se espera que superen el
2 por ciento en el año 2025, pero que se irán moderando en los ejercicios siguientes. Mientras que en el ámbito fiscal, las perspectivas apuntan a un déficit inferior al 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en un contexto de “dinamismo en el gasto” y de una
“ralentización” en la reducción de la deuda.
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