Mónica García detallará este miércoles a los responsables de salud autonómico las novedades de su propuesta

El nuevo Estatuto Marco, un polémico texto que llega así a las autonomías
Imagen de uno de las últimas sesiones del CISNS.


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La ministra de Sanidad, Mónica García, informará este miércoles de primera mano a los consejeros autonómicos de la situación en la que se encuentran las negociaciones sobre el Estatuto Marco, código por el que se rigen las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que lleva más de dos décadas sin actualizarse. Lo hará a petición de las propias comunidades, en su mayoría gobernadas por el PP, que recientemente transmitieron públicamente sus dudas acerca de la viabilidad de algunas disposiciones que el Gobierno ha aceptado incluir en el proyecto de Ley para allanar el acuerdo con unos sindicatos que han mantenido las espadas en ristre durante todo el proceso de negociación. De hecho, las centrales exigen un nuevo borrador de cara a septiembre, mientras que los médicos mantienen convocada su segunda jornada de huelga para exigir un Estatuto propio. 

Cierto es que en las últimas semanas se ha producido un pequeño acercamiento entre el Ministerio y la mayoría de los sindicatos que se encuentran representados en la mesa del Ámbito de Negociación (CCOO, UGT, CSIF, CESM, Satse y CIG). Los sindicatos salieron de su última reunión con Sanidad con dos nuevos compromisos: la derogación de la exclusividad del ejercicio en el ámbito público para los médicos en los cinco años posteriores a su especialización y la equiparación del pago de las horas de guardia respecto a las ordinarias.

Una medida, esta última, que no cuenta con el apoyo inicial de las comunidades autónomas, que estiman que retribuir las guardias al mismo nivel que las jornadas ordinarias supondría triplicar el presupuesto sanitario. “Se lo dijimos sin rodeos, no vamos a firmar un Estatuto Marco que nos imponga un gasto millonario sin una fórmula compartida de financiación”, indicaron fuentes de las consejerías a Redacción Médica.

Tampoco los sindicatos han dado aún el visto bueno al texto. Las organizaciones del Ámbito recelan, de hecho, de que el Ministerio de Sanidad haya dado casi por zanjadas las negociaciones antes de proseguir con la preceptiva tramitación parlamentaria de la norma. En este sentido, advierten de que el Estatuto Marco carece de tres medidas que consideran “irrenunciables”: una revisión más ambiciosa de las retribuciones, la adecuación de la jornada laboral y el reconocimiento efectivo de la jubilación anticipada y parcial. Por ello, reclaman al Ministerio que redacte un nuevo borrador de cara a la segunda quincena de septiembre.

“Reiteramos que este Estatuto Marco debe ser fruto del acuerdo y del consenso real, no solo en el discurso, y que solo mediante un proceso de diálogo serio y respetuoso se podrá lograr una norma sólida, duradera y justa para los profesionales del Sistema Nacional de Salud”, enfatizan.

Del 'tope' de 17 horas a la reclasificación profesional


Al margen de las modificaciones que se han ido incorporando, el nuevo Estatuto Marco del personal de salud mantiene el espíritu de esa primera propuesta que fue avanzada en exclusiva por Redacción Médica el pasado enero. Entre las novedades que propone el proyecto se encuentran el compromiso de impulsar Ofertas Públicas de Empleo (OPE) sanitarias con carácter bianual para reducir la temporalidad, facilidades a la movilidad de personal con concursos de traslados abiertos, el blindaje de los profesionales como figuras de autoridad o la introducción de vigilancia por parte de Riesgos Laborales.

Asimismo, se introduce una nueva clasificación profesional en función del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje permanente (MECU) y el reconocimiento de la especialidad, aunque este modelo ha sido objeto de críticas por parte de los sindicatos, que no ven reflejadas sus reivindicaciones (enfocadas en la creación de un A1 plus médico y el avance de Enfermería al A1).

En cuanto a la jornada laboral, el Estatuto Marco abre la puerta a que la jornada previa y posterior a las guardias dejen de generar ‘deudas’ horarias con las administraciones y se fija un límite semanal de 45 horas (con 17 horas máximas de jornada ordinaria más guardia). También se crea la exención del turno de noche para trabajadores de más de 55 años y se amplían los motivos para la exención de la realización de guardias.

¿Estatuto específico para médicos?


Motivos que no convencen a los representantes de la profesión médica, con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) a la cabeza, que ha exigido en el seno del Ámbito de Negociación un Estatuto específico para los facultativos. El ‘no’ de Sanidad (que sí avala un capítulo específico para los facultativos) ha provocado la convocatoria de dos jornadas de huelga de la mano del Sindicato Médico Andaluz (SMA): una que tuvo lugar el 13 de junio y una segunda prevista para el 3 de octubre.

Los médicos plantean además que debe ser Sanidad quién se haga cargo de las mejoras retributivas en el pago de las guardias reflejadas en el nuevo documento: "No aceptaremos que estas mejoras sean rechazadas por el Consejo Interterritorial alegando nuestra exigencia de reformas más ambiciosas. El Ministerio tiene la obligación de dotar presupuestariamente estas mejoras retributivas y las Comunidades Autónomas el deber de aprobarlas e implantarlas", sentencian. 

Impacto económico del Estatuto Marco


En este escenario se produce este miércoles una nueva cumbre entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Salud autonómicos en el marco de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS). Según informaron a este periódico fuentes del departamento de Mónica García, fueron las propias autonomías las que solicitaron la reunión, aunque la ministra ya les había ofrecido la posibilidad de estudiar las novedades del Estatuto Marco en el pasado.

Lo cierto es que las comunidades, en su mayoría regidas por el PP, ya habían exteriorizado en el pasado su rechazo a un proyecto que llegaron a pedir que se paralizara. En particular, por el significativo “impacto económico” que supondría su despliegue, el cual consideran difícilmente asumible. “El Ministerio debe dar marcha atrás, debe recapacitar y debe recoger el sentir de los médicos a la hora de hacer un Estatuto Marco que esté a la altura de la sanidad española”, enfatizaron.
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