El Gobierno prevé un “texto legal independiente” para examinar competencias y relaciones interprofesionales

El Ejecutivo responde a una pregunta parlamentaria del PP sobre la clasificación profesional
Mónica García, ministra de Sanidad.


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La reclasificación profesional es uno de los grandes temas que centra el debate sobre el nuevo Estatuto Marco de la Sanidad. Durante una de sus intervenciones en el Congreso, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que iba a ser necesario cambiar la ordenación profesional sanitaria, ya que “está obsoleta”. Ahora, en su respuesta a una pregunta registrada en el Congreso por el Grupo Popular, el Gobierno explica que prevé abordar aspectos de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias mediante un texto legal independiente. Esta revisión incluiría cuestiones como las relaciones interprofesionales, la distribución de competencias en equipos multidisciplinares y la formación sanitaria especializada. La reforma también se llevará a cabo mediante cambios en el Estatuto Marco para actualizar clasificación y términos.


La necesidad del cambio en la ordenación profesional sanitaria


El Grupo Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado al Gobierno si tiene previsto actualizar la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias. Además, en caso afirmativo, solicita conocer en qué consistirían exactamente las medidas, cómo se consensuarán con las comunidades autónomas y con los representantes de los profesionales sanitarios, qué recursos económicos  se destinarán, y en qué plazos se prevé su implementación.

Por su parte, el Ejecutivo afirma que “la modificación de la norma se plantea como necesaria”. Así, con el objetivo de actualizar la clasificación profesional del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS), el Gobierno contempla introducir disposiciones finales en la normativa que modifiquen el Estatuto Marco. Estas modificaciones buscarán, por un lado, adaptar la terminología al actual sistema universitario y, por otro, incorporar los cambios necesarios derivados de la reforma legal propuesta.

Además, según han explicado, “se revisará en un texto legal independiente aspectos de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias como las relaciones interprofesionales, la distribución de competencias en los equipos multidisciplinares, los aspectos relativos a formación sanitaria especializada, entre otros”. En esta línea, en el mes de julio, el Gobierno ya adelantó que la futura reclasificación profesional derivada de la reforma del Estatuto Marco conllevará la creación de un nuevo modelo retributivo adaptado a los grupos profesionales actualizados. Actualmente, la clasificación profesional del personal estatutario del SNS sigue la misma estructura establecida por el Estatuto Básico del Empleado Público, que divide a los trabajadores en los grupos A1, A2, C1, C2, D y E.

En el grupo A1 se sitúan los médicos especialistas y los farmacéuticos, mientras que Enfermería se encuadra en el A2 y los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el C2. Sin embargo, desde el ámbito sanitario se viene reclamando la necesidad de adoptar un nuevo modelo de clasificación profesional que tenga en cuenta la diversidad de titulaciones y la especificidad de la formación sanitaria especializada. Para ello, se propone basar el nuevo sistema en el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (Mecu) y en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces). El objetivo, según el Ejecutivo, es mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. No obstante, insistieron en que el nuevo marco normativo no podrá fijar cuantías salariales concretas, ya que esta competencia corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas.


¿Cómo se llevará a cabo la norma?


En su respuesta, el Ejecutivo aclara que la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, exigida por la Constitución, se garantizará a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la Comisión de Recursos Humanos del propio sistema. Además, recuerda que las comunidades autónomas podrán intervenir de forma ordinaria en distintas fases del procedimiento legislativo. Por otro lado, la participación de los representantes de los profesionales sanitarios se canalizará mediante el Ámbito de Negociación, un órgano creado conforme a lo establecido en la normativa vigente.
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