El plan 'B' contra el cupo catalán pasa por un fondo extra para la sanidad

La decisión del Gobierno de España de sentar las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica en una reunión bilateral con la Generalitat de Catalunya ha reabierto el debate sobre el reparto de fondos en todo el mapa autonómico. El preacuerdo ha despertado una respuesta en cascada en forma de iniciativas parlamentarias en algunas de las regiones que históricamente se han considerado como las más agraviadas por la falta de recursos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han alineado (aunque con matices) en algunos de sus bastiones territoriales para exigir que se dé marcha atrás al cupo catalán y se ponga sobre la mesa un fondo extraordinario que permitiría, entre otros asuntos, aumentar la dotación para la sanidad, la partida más grande de los presupuestos autonómicos.

El Partido Popular ha dado un paso adelante en Andalucía con una proposición no de ley con la que pretende posicionarse frente a las “injusticias y agravios” que, a su juicio, padecería la comunidad con este nuevo modelo de financiación. La formación que lidera Juan Manuel Moreno Bonilla pretende que el resto de los partidos muestren su “profundo rechazo” a la iniciativa del Gobierno de España y sus planes para crear una agencia tributaria propia en Cataluña que asuma competencias del Estado.

Como alternativa, los populares han insistido en la necesidad de que se abra a todas las comunidades la negociación del nuevo modelo de financiación. Mientras tanto, reclaman un “fondo transitorio” que permitiría a las regiones infrafinanciadas, como Andalucía, paliar el “déficit estructural de recursos”. “Andalucía viene reclamando desde hace años una revisión del modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera, la equidad y la solidaridad entre territorios, tal y como establece la Constitución española”, han apuntado.

El ala crítica del PSOE por la financiación

Paradójicamente este planteamiento coincide en todas sus grandes líneas con la estrategia parlamentaria que ha llevado a cabo el Partido Socialista de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. El ala más crítica del partido ya planteó una resolución de Las Cortes en las que se pedía con urgencia un “proceso de negociación multilateral con todas las comunidades autónomas” para fijar un nuevo modelo más “solidario”, en el que no exista “ningún tipo de privilegio de unas respecto a otras”.

El PSOE de Castilla-La Mancha también ha avalado en este caso que se autorice un fondo transitorio de nivelación que permitiría corregir el “desequilibrio financiero” en las cuatro comunidades autónomas con menor financiación. Estos fondos extra estarían en funcionamiento hasta que entre en vigor el nuevo sistema. “Las Cortes de Castilla-La Mancha reconocen y apoyan al Gobierno regional por su defensa de un sistema de financiación justo y equitativo, rechazando planteamientos que buscan favorecer a los territorios más ricos en detrimento del resto”, reza el texto.

Consenso en Asturias contra el cupo catalán

El debate también ha alcanzado a la Junta General de Asturias, que este mismo lunes ha celebrado un pleno extraordinario para abordar el asunto de la financiación. Una iniciativa presentada en bloque por los grupos de la izquierda ha terminado por convencer incluso al Partido Popular, lo que ha permitido un amplio consenso con 39 votos a favor y 4 en contra. Únicamente Vox se ha desmarcado en la votación final en la cámara.

El texto acordado, a pesar de no haber incorporado algunas de las medidas de los populares proyectadas en otra PNL, sí que ha servido para posicionar a Asturias en contra del nuevo cupo catalán, así como reclamar al Gobierno de España que convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera para una “negociación multilateral” que poner sobre la mesa las necesidades de Asturias en materia de financiación, en la línea con la estrategia reivindicada en otras comunidades autónomas.

El pleno extraordinario ha llevado incluso a comparecer al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien ha pedido consenso de todas las fuerzas para mantener una “posición férrea” contra el acuerdo alcanzado en Cataluña, que permitiría a la región abandonar el régimen común de financiación. “Asturias utilizará todos, todos y sin exclusión, los recursos a su alcance para defender sus intereses”, ha apostillado.

La discusión abierta por el cupo catalán ha comenzado ya a calentarse en varios parlamentos autonómicos, a pesar de que buena parte de ellos ya se encuentran en periodo estival. Todavía quedan varios territorios por posicionarse. En Canarias, Partido Popular, Vox o Coalición Canarias ya han registrado sus respectivas preguntas parlamentarias al presidente, Fernando Clavijo, para que también haga pública su posición.

El acuerdo de financiación catalán

Esta respuesta parlamentaria llega apenas una semana después de que el Gobierno de España hiciera público el acuerdo de la Comisión Bilateral sobre Financiación Singular de Cataluña. El texto allana el camino para que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma “progresivamente” las competencias para la gestión del IRPF que se encargaría, por ejemplo, de gestionar las declaraciones. Además, también se avanzará en un modelo “compartido” del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

El resultado sería permitir una “financiación adicional” para las competencias específicas de la Generalitat de Cataluña, a la que también podrían sumarse el resto de comunidades autónomas que opten por ello. El nuevo modelo de gestión provocará la desaparición de las entregas a cuentas, evolucionando los recursos de acuerdo a la recaudación real. "Cuando hablamos de financiación, estamos hablando de nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras infraestructuras, por tanto, de la financiación de los servicios públicos de nuestro país", expresó el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, tras la firma del acuerdo.

El texto, en todo caso, no ha convencido tampoco a algunos de los principales socios del ala independentista. En Esquerra Republicana echan en falta que se haya blindado el concepto de “ordinalidad” que permitiría a las comunidades que más aportan al arca común ocupar las mismas posiciones a la hora de recibir los ingresos. También Junts ha mostrado su negativa al texto, lo que abre un nuevo frente que dificulta todavía más cualquier negociación sobre los presupuestos tanto en el conjunto del Estado como en Cataluña en particular.