El Congreso avala la subida salarial en sanidad con deberes pendientes

El pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que asegura una subida salarial del 4 por ciento entre 2025 y 2026 para los empleados públicos, incluidos los profesionales de la sanidad. La revalorización se repartirá entre un 2,5 por ciento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y un 1,5 por ciento acumulado desde el primer día de 2026. Si la variación del IPC del próximo año supera ese 1,5 por ciento, se aplicará a las nóminas de los funcionarios un plus extra del 0,5 por ciento. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros la semana pasada, es parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO que implica un incremento salarial del 11 por ciento hasta 2028. El hemiciclo ha dado su visto bueno por 309 a favor, 32 en contra y siete abstenciones a la iniciativa -que también se tramitará como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia-, aunque el PP y socios de investidura como ERC, Bildu, PNV y Podemos han urgido al Ejecutivo a abordar retos pendientes como el abuso de la temporalidad, el relevo generacional y la descentralización del marco retributivo de la función pública.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha vendido el Real Decreto-ley como una medida para reconocer “el trabajo de quienes sostienen nuestro Estado del bienestar”, más de 3 millones de funcionarios “de todas las administraciones” entre los que se encuentran “quienes salvan vidas” y “quienes ponen vacunas”. López ha destacado que, en lo que compete a la Administración General del Estado (AGE), la revalorización salarial retroactiva para 2025 se aplicará “inmediatamente”, en una sola nómina antes de que acabe el año, y que el plus fijo de 2026 se abonará desde el próximo 1 de enero. En el caso de las regiones, de las que depende la gran mayoría de profesionales sanitarios, el ministro ha asegurado que “muchas autonomías” le han trasladado que también abonarán el dinero correspondiente a 2025 antes de 2026.

López ha recordado que el acuerdo con los sindicatos “va mucho más allá” de la subida de sueldos, con medidas para “elevar los estándares de calidad del empleo público” y para digitalizar la función pública optimizando los procesos selectivos y dotando de más recursos a los funcionarios. En todo caso, el Real Decreto-ley convalidado este martes tan sólo contempla la revalorización de las nóminas para 2025 y 2026. El diputado socialista José Luis Aceves ha valorado que ese pacto se alcanzara con los tres sindicatos representados en la mesa estatal de las administraciones públicas y, además, ha resaltado la apuesta de su partido por el Estado del bienestar a raíz de la investigación en el Hospital de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud: “Los socialistas siempre defenderemos servicios públicos para toda la ciudadanía”.

Para Vox y PP, el hecho de que el Gobierno haya articulado los incrementos salariales a través de un Real Decreto-ley es fruto de la “incapacidad” para presentar, un año más, un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). “El Gobierno vuelve a usar el viejo hábito de gobernar por urgencia”, ha dicho Pablo Sáez, de Vox. El diputado popular Ángel Ibáñez ha criticado, además, que el Ejecutivo no especifique cómo va a financiar la medida, “trasladando esa tensión financiera a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos con una decisión unilateral que invade la autonomía de estas entidades”.

Es algo, la cuestión de la ‘unilateralidad’, a la que los diputados han dedicado buena parte del debate en la Cámara Baja. “No todas las administraciones están igual de preparadas ni tienen el mismo músculo financiero, y eso abre la puerta a la desigualdad”, ha manifestado Engracia Rivera, de Sumar. Según la diputada, “defender a nuestras empleadas públicas significa algo muy simple: que el salario que cobren en una comunidad no dependa de la suerte presupuestaria ni de la voluntad política del momento”. En cualquier caso, ha valorado el impulso del Real Decreto-ley para revertir los “déficits crónicos de recursos humanos en sectores esenciales”: “Tenemos centros de salud donde la presión asistencial es insostenible”.

Los partidos exigen una función pública adaptada a cada territorio

Los partidos regionalistas y nacionalistas han criticado que el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos se cerrara desde el centralismo, con una “lectura única e impositiva”, según ha denunciado Oskar Matute, de Bildu. El diputado vasco ha abogado por “huir de la uniformidad” y por tener “salarios acordes al territorio en el que vivimos”. Idoia Sagastizabal, del PNV, ha afeado al Gobierno sus “incumplimientos” de acuerdos de investidura con su partido como la eliminación de la tasa de reposición -que llegó a anunciar el anterior ministro de Función Pública José Luis Escrivá- y el traslado de las negociaciones salariales al marco foral para que, en su caso, Euskadi puede establecer “marcos salariales propios”.

En la misma línea, Pilar Vallugera, de ERC, ha dicho no estar de acuerdo con “cómo está estructurada la función pública” en España: “Tenemos que tener la capacidad de fijar los precios en función de nuestro IPC -en referencia a Cataluña-, que es diferente al del resto del Estado. Tenemos que tener la capacidad de organizar nuestra función pública de acuerdo a las necesidades de nuestro país, que no son necesariamente las del resto del Estado”.

La inestabilidad de los interinos de la sanidad

La diputada catalana también se ha referido a la inestabilidad de los interinos del ámbito público, a la espera de que el Gobierno tome medidas de estabilización o de compensación una vez se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. El popular Ibáñez ha lamentado que el Estado no se haya “ocupado” aún de esa “incertidumbre” de los interinos. Según Martina Velarde, de Podemos, son en torno a 900.000 los trabajadores que hay actualmente en esta situación y que puede que no se beneficien de la subida salarial “porque igual terminan en la calle”.

Segundo rechazo al techo de gasto y la senda de estabilidad

Lo que no ha aprobado la Cámara ha sido el techo de gasto y la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para el periodo 2026-2028, el paso previo a la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Después de que el pleno del Congreso tumbara la iniciativa a finales de noviembre, esta era la “segunda y última vez” que se llevaba al hemiciclo, tal y como ha recordado vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero. La historia se ha repetido con un balance de 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones.

Durante su comparecencia, la también ministra de Hacienda ha detallado los “elementos centrales” del plan gubernamental. El techo de gasto se fijaba en 212.026 millones de euros para 2026, un 8,5 por ciento más que en 2025. En cuanto a los objetivos de déficit, se planteaban reducciones del 2,1 por ciento para 2026, del 1,8 por ciento para 2027 y del 1,6 por ciento para 2028.

El Gobierno proponía que el Estado asumiera prácticamente todo el peso de ese déficit marcando para las comunidades autónomas un objetivo del -0,1 por ciento para cada uno de los tres años. Eso se habría traducido, según Montero, en que las autonomías habrían dispuesto de casi 5.500 millones de euros durante el trienio “para proveer servicios públicos”.

En su momento, fuentes del Ministerio de Hacienda trasladaron a Redacción Médica que las regiones iban a poder usar esos recursos para reforzar el Estado del bienestar, incluida la sanidad pública. Pero expertos del ámbito económico aseguraron que sólo podrían hacerlo aquellos territorios que se encontraran por debajo del límite de gasto.