El Congreso acoge con dudas pero sin vetos el futurible Estatuto Médico

El frente sindical médico no ceja en su empeño por contar con un código laboral específico pese a las reiteradas negativas del Ministerio de Sanidad a negociar en esos términos. A la espera de diseñar su calendario de movilizaciones y presión al Gobierno, la posibilidad de forzar la tramitación de un Estatuto Médico en el Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lleva varios meses sobre la mesa. No hay todavía una propuesta concreta, y los principales partidos de la Cámara Baja -empezando por los dos que forman el Ejecutivo- evitan, por lo general, decir abiertamente si respaldarían un proyecto de esta índole, aunque tampoco imponen ningún veto prematuro. En cualquier caso, hay voces que no titubean y avanzan sin ambages su apoyo al futurible texto.

De las tres opciones ajenas a la iniciativa del Gobierno para tramitar una proposición de ley, la de la ILP es la única cuyo impulso inicial depende de los propios sindicatos. Según la ley orgánica que regula este mecanismo normativo, la ILP puede ser ejercida por “los ciudadanos españoles mayores de edad que se encuentren inscritos en el Censo Electoral”. El requisito principal para ello es que la propuesta esté respaldada por las firmas de, al menos, 500.000 electores.

La Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), compuesta por casi una veintena de organizaciones médicas, anunció en julio su intención de promover una ILP para lograr un marco profesional exclusivo, y la propia Mónica García recordó en un reciente hilo de X que la negativa del Ministerio de Sanidad a articular ese código laboral específico para médicos “no impide que, quienes insisten en tener un estatuto propio, no lo puedan hacer a través del poder legislativo (el Congreso de los Diputados), con una proposición de ley de cualquier grupo parlamentario o una Iniciativa Legislativa Popular”.

El primer paso para ejercer la ILP es presentar la proposición de ley ante la Mesa del Congreso. Si se admite, se envía a la Junta Electoral Central, que se encarga de velar por que el proceso de recogida de firmas esté exento de irregularidades. Para recabar las 500.000 rúbricas necesarias para que la iniciativa siga adelante, hay un plazo de nueve meses que se puede prorrogar durante otros tres por causas de fuerza mayor. Superada esa fase, el pleno de la Cámara Baja ha de decidir si acepta o no la toma en consideración de la ILP para que empiece a tramitarse en las Cortes como cualquier proyecto o proposición de ley, según dicta el reglamento del Congreso.

¿Apoyarían los principales partidos un Estatuto Médico?

Por el momento, hay dudas sobre cómo acogería el hemiciclo una proposición de ley para crear un Estatuto Médico vía ILP. Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista dicen no tener constancia alguna de esta posibilidad y consideran que aún es pronto para posicionarse: “Habrá que esperar a que lo presenten”. Desde Sumar también se resisten a avanzar una postura clara al respecto. “Lo primero es que consigan las firmas. Luego, como toda ILP, tendrá nuestro respeto y análisis”.

En la oposición, el PP tampoco apoya o descarta abiertamente un posible Estatuto Médico. Lo “prioritario”, según fuentes del Grupo Popular, es que el ministerio “negocie con todos” y que sea “menos inflexible” respecto a las propuestas sindicales. Desde Vox confirman su reiterado aval a las reivindicaciones de las organizaciones médicas tras varios encuentros con sindicatos profesionales: “Si ellos presentan una ILP, nosotros la apoyaremos, como no puede ser de otra manera, porque nuestro único objetivo es mejorar las condiciones laborales de los médicos”. Es algo que, según el partido, redundaría en una mejor calidad asistencial: “Todo esto que están haciendo los médicos es única y exclusivamente para poner al paciente en el centro”.

La voz clave de independentistas y nacionalistas

En ERC dicen carecer de la información necesaria para valorar si es necesario tramitar una norma de estas características. La suya, como la del resto de partidos independentistas o nacionalistas representados en el Congreso, es una de las grandes voces que rechaza cualquier merma de la emancipación autonómica, y no hay que olvidar que son las regiones, como competentes en la gestión de recursos humanos sanitarios, las que se encargarían de asumir los cambios que traería consigo un futuro Estatuto Médico. Fuera como fuese, desde del partido catalán supeditan su postura a que la potencial ILP cumpla con los requisitos legales: “Si se consiguen las firmas, no creo que la vayamos a bloquear”.