Fachada del Ministerio de Sanidad.
El
Ministerio de Sanidad ha enviado una carta a los consejeros y consejeras autonómicos de Sanidad en la que les insta a garantizar el acceso efectivo y en igualdad de condiciones a la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público. En la misiva, el secretario de Estado de Sanidad recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, junto con el Real Decreto 831/2010 que la desarrolla, obliga a los poderes públicos a proteger los
derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía.
Sanidad admite que, pese a la vigencia de esta normativa desde hace más de una década, muchas mujeres siguen encontrando barreras geográficas, administrativas y organizativas para acceder a esta prestación en la sanidad pública. Por ello, el Ministerio elaborará un informe, a partir de los datos remitidos por las comunidades, para evaluar si la ley se está cumpliendo y si
el aborto se garantiza de forma efectiva en los centros sanitarios públicos.
Qué pasa si las autonomías no cumplen la ley
En caso de detectar incumplimientos, la
Alta Inspección del Estado enviará requerimientos formales a las administraciones autonómicas implicadas, reclamando información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar el derecho al aborto. Si las explicaciones no son satisfactorias, el Ministerio se reserva el derecho a iniciar
procedimientos legales para asegurar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio.
Con esta medida, Sanidad refuerza su compromiso con la equidad en el acceso a las prestaciones del
Sistema Nacional de Salud(SNS) y recuerda que el Estado tiene la
obligación de velar por el cumplimiento de la ley en materia de salud sexual y reproductiva.
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