Sanidad lleva a Madrid a los tribunales por negarse al registro del aborto

El Ministerio de Sanidad ya ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid ante su negativa a crear un registro de objetores de conciencia al aborto, algo a lo que obliga la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya última versión data de 2023. Así lo ha avanzado El País y lo ha podido confirmar Redacción Médica consultando fuentes ministeriales. Mónica García ya anunció en noviembre que su departamento iniciaría los trámites para llevar a los tribunales al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por “la obstaculización” y “la rebelión” declarada “a la ley, a la democracia y a las mujeres”.

En el recurso, al que ha tenido acceso Redacción Médica, Sanidad recuerda que, el 16 de diciembre de 2024, el pleno del Consejo Interterritorial adoptó, “de manera unánime”, el protocolo para crear los registros de objetores de conciencia. En el acuerdo se especifica, entre otras cosas, que cada registro “será propiedad de los servicios de salud de cada comunidad autónoma e Ingesa”, por lo que “no es un registro nacional”.

Los datos que se incluirán serán los “estrictamente necesarios” y se usarán “exclusivamente” para gestionar los recursos humanos “que permitan garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, evitando cualquier tipo de discriminación derivada de la objeción”.

El ministerio enumera los pasos que le han conducido a optar por la vía judicial contra el Gobierno de Ayuso. Tras detectar que Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid eran las únicas regiones que aún no habían creado sus respectivos registros -Andalucía y el Principado de Asturias están “en fase de tramitación”-, la propia ministra de Sanidad les envió sendos requerimientos el pasado 14 de octubre para que cumplieran el marco legal al respecto. Aragón y Baleares contestaron el 15 de octubre y el 4 de noviembre, respectivamente. La Comunidad de Madrid aún no ha respondido.

En noviembre, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, aseguró que el Ejecutivo regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Gobierno central de implantar el registro: “Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”.

La doctrina del Tribunal Constitucional

Sanidad cita en su recurso dos sentencias del Tribunal Constitucional para subrayar que “el derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción voluntaria del embarazo” se fundamenta en “la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico”, sellado en el artículo 1.1 de la Constitución Española, y “en los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y la paz social”, según el artículo 10.1 de la Carta Magna, “por lo que  forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral”, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Fundamental.

Según indica, la interrupción voluntaria del embarazo está incluida dentro de las prestaciones de la Cartera básica de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud “y se regula, fundamentalmente”, en el Título II de la ley del aborto. Además, remarca que el reconocimiento de la objeción de conciencia “deriva del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, que se recoge en el art. 16.1 de la Constitución”. “En el ámbito sanitario, el Comité de Bioética de España entiende por objeción de conciencia sanitaria ‘la negativa de una persona a realizar ciertos actos o tomar parte en determinadas actividades, jurídicamente exigibles para el sujeto, para evitar una lesión grave de la propia conciencia’”, añade.

El ministerio cita también la sentencia de 2024 del Tribunal Constitucional en la que se desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la reforma de la ley del aborto de 2023. En el fallo se considera que la “existencia de un registro en el que únicamente se inscriban las personas objetoras” tiene “una justificación objetiva y razonable”: “Como ha señalado este tribunal, este tipo de registros tienen por finalidad que los responsables de los servicios públicos de salud ‘tengan conocimiento de la disponibilidad del personal sanitario y puedan organizar en la debida forma la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo’, esto es, que la administración ‘conozca a efectos organizativos y para una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria quienes en ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia rechazan realizar tal práctica’”.

Por todo ello, para Sanidad “resulta acreditado” que la Comunidad de Madrid “no ha cumplido con la obligación que le impone” la ley del aborto en lo que concierne a la creación del registro de objetores de conciencia. Según el ministerio, tampoco consta que el Gobierno madrileño “haya efectuado actuación alguna” tras el requerimiento de Mónica García a Fátima Matute el pasado octubre, lo cual, de acuerdo al departamento, basta para avalar “la completa estimación” del recurso contencioso.

Creación cautelar del registro del aborto

Además, ha solicitado que se obligue a la Comunidad de Madrid a crear el registro de forma cautelar, a la espera de que se resuelva el recurso. De acuerdo a Sanidad, concurren “las circunstancias” que justifican esa medida. En resumen, alude al “hecho notorio” y “completamente acreditado” de que la de Madrid es “la única comunidad autónoma” que, además de no haber contestado al requerimiento de la ministra, “ha manifestado públicamente su negativa” a desarrollar el registro.

“La falta de creación por la Administración autonómica demandada de dicho registro genera consecuencias negativas y graves para las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo, para los profesionales sanitarios y para la organización del propio Sistema Nacional de Salud”, agrega.

La Comunidad de Madrid responde

El Gobierno de Ayuso ha respondido al recurso del ministerio, aunque sin entrar en el tema de fondo. Fuentes de la Comunidad de Madrid consideran que "lo que tiene que hacer" Sanidad es "solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante".