Madrid esperará a los tribunales para implantar el registro del aborto

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha explicado este viernes en que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", ha recalcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios durante una visita las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes.

Desde la Comunidad de Madrid se ha rechazo crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, exigido por la ley estatal de 2023. El Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir con el registro de objetores, "una obligación legal".

El Ejecutivo central les da un mes para responder al requerimiento o tomar medidas para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales.

El registro de objetores al aborto en Madrid

La consejera madrileña ha recalcado que en la Comunidad de Madrid "no se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto". "Creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente", ha defendido.

Tras el requerimiento y el mes para que estas comunidades justificasen su situación, el Ministerio de Sanidad tiene dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley, según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según apuntó, "saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia".

Ante este requerimiento, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió la capacidad de "autoorganización" en materia sanitaria. "Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha añadido este viernes la consejera de Sanidad.