Madrid envía a Servicios Jurídicos el análisis del registro del aborto

La Comunidad de Madrid ha enviado a los Servicios Jurídicos el requerimiento formal del Ministerio de Sanidad, sobre la obligación de las autonomías a cumplir con el registro de objetores de conciencia del aborto, con la intención de analizarlo. Así lo ha informado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, quien ha detallado que el Ejecutivo madrileño recibió el documento el último martes.

"Sobre el requerimiento, están los Servicios Jurídicos estudiando. Llegó ayer, llegó también una carta del presidente y contestaremos cuando llegue el momento procesal oportuno", ha señalado en la rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Precisamente, la ministra Mónica García avanzó que su departamento ya tramitó un requerimiento formal a Madrid, Baleares y Aragón, con base en el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023, que modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En dicha norma se regula la objeción de conciencia como un "derecho individual de cada profesional sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito". "Así, se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario", indica, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. 

"Cuando tengamos algo que decir al respecto, lo vamos a hacer", ha añadido García Martín, a la vez que ha reiterado que el registro "no vale para nada", ya que solo pretende "señalar a determinados" médicos y facultativos. "Nosotros hemos dicho que no vamos a hacer un registro ni que señalen. Igual que no señalamos a las mujeres por abortar o por no hacerlo, tampoco queremos señalar a médicos por querer practicar un aborto o no hacerlo", ha insistido. 

Ayuso se niega a crear el registro de objetores

En la última sesión de la Asamblea de Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda la creación del registro por considerarlo "una lista negra de médicos". "No voy a obligar a un médico a actuar contra su conciencia y su libertad", dijo, añadiendo que se pone "en peligro" el cumplimiento de los artículos 14, 15 , 16.1 y 16.2 de la Constitución española, así como el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 34 del Código de Deontología Médica.

Desde la Consejería de Sanidad, solo unos días antes, habían afirmado que cumplirían con la ley, aunque con el compromiso de proteger a los profesionales sanitarios y no sanitarios que han solicitado no participar de esta práctica.