Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería (Satse)
Mié 26 diciembre de 2018. 13.10H
Sanidad, presente y futuro
La "solución definitiva" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, entre ellos, enfermeras y enfermeros, que trabajan en los centros penitenciarios españoles es traspasar la gestión de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

Así de contundente se mostró hace escasos días el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también aseguró que el Gobierno está trabajando en impulsar el mencionado traspaso competencial, tras reconocer que, entre otros problemas, existe un déficit de profesionales sanitarios en los centros penitenciarios.

Palabras bienintencionadas, al fin y al cabo, que los enfermeros y enfermeras hemos oído en boca de sucesivos responsables ministeriales y de administraciones sanitarias autonómicas a lo largo de los últimos años y que escuchamos cada vez con una mayor incredulidad y desconfianza.

¿Cómo no desconfiar si han trascurrido 14 años desde que se estipuló normativamente el traspaso? ¿Cómo no ser escéptico si a lo largo de estos 14 años partidos de un signo político o de otro se han comprometido a propiciar un traspaso que nunca llega?

Y mientras los políticos siguen incumpliendo su palabra, los enfermeros y enfermeras que trabajan en los centros penitenciarios de cualquiera de nuestras autonomías, con la excepción de Euskadi y Cataluña, siguen sufriendo una flagrante discriminación con respecto a sus compañeras y compañeros que trabajan en sus respectivos servicios de salud.

Trabajan, día a día, en un entorno especialmente difícil e inseguro y no pueden disfrutar de las mismas condiciones laborales a nivel retributivo y en otros conceptos. La administración los trata como profesionales de "segunda categoría" cuando su esfuerzo y dedicación es especialmente pausible y merecedor de disfrutar de los mismos derechos que otros, ni más ni menos.

Una situación que no solo repercute negativamente en el profesional sino en el conjunto del sistema y en las cerca de 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en nuestro país. En la actualidad, coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no tienen establecidos unos canales de comunicación y coordinación adecuados.

Un ejemplo muy claro es el hecho de que no se comparte la historia clínica con el resto de la sanidad pública, por lo que los profesionales de los centros penitenciarios desconocen las patologías del preso al ingresar y a los de los servicios de salud les ocurre lo mismo cuando éste deja el centro, con los déficits y riesgos que ello conlleva para los pacientes y los propios profesionales sanitarios.

Es del todo ilógico y discriminatorio que profesionales que desempeñan una misma labor en base a una misma formación y competencias tengan condiciones laborales distintas por el mero hecho de pertenecer orgánicamente a una administración pública u otra.

En estos términos me dirigí el pasado mes de octubre por carta al ministro del Interior y, lamentablemente, aún sigo esperando respuesta por su parte. Una Respuesta que no llega como tampoco la "solución definitiva" a un problema gravemente enquistado.

Señor ministro, señores consejeros de Sanidad y de Función Pública de las diferentes comunidades, estamos muy cansados de palabras y lo que queremos son hechos. Está en su mano que 2019 sea, de una vez por todas, el año en el que se generalizó el traspaso de la sanidad penitenciaria en nuestro país.