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20 ago. 2020 11:30H
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No fue unánime pero logró un respaldo mayoritario, algo poco visto en la política de nuestro país siempre influenciada por intereses contrapuestos pese a buscar intereses comunes.

El dictamen sobre sanidad y salud pública de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de nuestro país fue respaldado en el Congreso de los Diputados para que las autoridades competentes construyan los cimientos de un nuevo Sistema Nacional de Salud (SNS) en base a las medidas y actuaciones propuestas por expertos, profesionales y representantes de organizaciones, instituciones y colectivos.

El detonante, como todos sabemos, ha sido la grave crisis sanitaria, económica y social generada por la expansión de la Covid-19 en nuestro país, aunque la necesidad de reformar y mejorar nuestro sistema sanitario venía de mucho antes. Los sucesivos recortes en recursos humanos y materiales sufridos durante muchos años habían pasado una gran factura a un SNS ya convaleciente.

Ahora nos aseguran que la situación va a cambiar y realmente podría hacerlo si se acometiesen las propuestas acordadas en la Comisión, la cual, todo hay que decirlo, ha sido sensible a las demandas de la organización que presido, recogiendo muchas de ellas en su dictamen definitivo.

Medidas para mejorar la sanidad española


Entre otras medidas incluidas en el documento se encuentra la de aumentar las plantillas de enfermeras y enfermeros de la sanidad pública hasta situarnos en la media por habitante de los países desarrollados o la necesidad de acabar con la precariedad laboral y la temporalidad estructural que sufren los profesionales sanitarios.


"Existe una nueva 'ruta de navegación' para nuestro Sistema Nacional de Salud pero queda lo más difícil, seguirla para llegar al destino fijado"


También se han hecho eco de la demanda de mejorar el funcionamiento de la Atención Primaria, reforzando sus recursos humanos y materiales y propiciando, por ejemplo, un gran impulso a la Enfermería Familiar-Comunitaria, y el de los centros sociosanitarios, especialmente los destinados a atender a las personas mayores,  promoviendo, para ello, una máxima coordinación entre el ámbito sanitario y sociosanitario.

Aumentar la inversión en Sanidad con respecto al PIB, incrementar el número de camas hospitalarias en el conjunto del Estado; actualizar el sistema de financiación autonómica; reorientar el gasto a políticas de prevención y promoción de la salud y desarrollar la Ley General de Salud Pública, fortaleciendo las estructuras  y servicios de salud pública son otras líneas de actuación absolutamente necesarias.

De otro lado, y en consonancia también con lo que tuve oportunidad de plantear en la comparecencia en la Comisión, se ha acordado la necesidad de reforzar al Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, así como el Consejo Interterritorial del SNS, posibilitando una mayor coordinación entre las diferentes administraciones de nuestro país, y culminar el proceso de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas.

El trabajo de los diferentes grupos parlamentarios ya está hecho. Existe una nueva “ruta de navegación” para nuestro Sistema Nacional de Salud pero queda lo más difícil, seguirla para llegar al destino fijado en unos tiempos, además, muy complejos e  imprevisibles  por la zozobra continua que origina a todos los niveles la Covid-19.

Acaba agosto en unos días y nadie sabemos a ciencia cierta cómo desarrollaremos nuestra vida, pero lo que sí tenemos claro es que necesitaremos un sistema sanitario nuevo, más fuerte y cohesionado, y unos profesionales también fortalecidos, tanto a nivel físico y psicológico, motivados laboral y profesionalmente y respaldados por las administraciones, porque si todo esto falla, el país se para. Algo tan simple como tan grave. Por ello, la reforma del SNS aprobada en el Congreso requiere de un desarrollo ambicioso e inmediato. No podemos esperar más tiempo.