Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE
Jue 15 octubre de 2020. 09.50H
Sanidad, presente y futuro
Garantizar siempre y en cualquier lugar la salud y seguridad de una persona que es atendida en un hospital, centro de salud o centro sociosanitario a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero es una necesidad crónica de nuestro sistema sanitario que lleva ya diez años enrocada en debate estériles y compromisos incumplidos tanto en el Parlamento como en el seno de los sucesivos gobiernos a nivel estatal y autonómico.

Ya en 2010 se aprobó en las Cortes Generales una ponencia sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que se concluía que nuestro país tenía muy pocas enfermeras y enfermeros y que había que adecuar las plantillas a las necesidades reales de nuestra sanidad.

Desde ese momento y hasta la reciente demanda en el mismo sentido emanada de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país hemos venido escuchando a distintas autoridades administrativas y políticas  coincidir en un similar diagnóstico de situación y abogar por adoptar soluciones tendentes a mejorar la asistencia sanitaria.

Ahora, y después de posibilitar una Iniciativa Legislativa Popular para que la voz del conjunto de la sociedad fuera escuchada, la Proposición de Ley de Seguridad del Paciente ya se encuentra en el Congreso de los Diputados a la espera de que se decida finalmente en Pleno si se toma en consideración y, por tanto, si continua su tramitación parlamentaria hasta poder convertirse en una realidad.

Tuve la oportunidad esta misma semana de defender su importancia y necesidad en la Comisión de Sanidad y escuché, una vez más, buenas palabras por parte de todos los portavoces de los diferentes grupos políticos. Les pedí su apoyo para garantizar y ofrecer una atención sanitaria y cuidados en óptimas condiciones de calidad, igualdad y seguridad y les insistí en que no podemos esperar más para resolver un problema que se ha revelado como el 'talón de aquiles' de la grave crisis sanitaria provocada por la expansión de la Covid-19.

Nuestro país cuenta con una población cada vez más envejecida y con más patologías crónicas o en situación de dependencia que requiere que se le garantice el derecho a ser cuidada independientemente del lugar en el que resida cada cual o sus circunstancias personales. Para ello, las enfermeras y enfermeros son, sin duda, la clave, como también lo son para mejorar todas las políticas y actuaciones en materia de salud pública, prevención de enfermedades, mejora del bienestar y calidad de vida…

Enfermería, motor del cambio en seguridad del paciente


Asegurar la seguridad y salud futura del conjunto de la ciudadanía solo tiene un camino y las enfermeras y enfermeros deben convertirse en el motor de cambio que lleve a nuestro país a tener la atención sanitaria y cuidados que toda persona se merece como así lo reconoce nuestra Carta Magna.

Las más de 660.000 personas que apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular así lo entendieron también y, por ello, quiero agradecerles de nuevo su apoyo, al igual que a todas organizaciones de pacientes y usuarios, personalidades de la sociedad española  (periodismo, cultura, deporte…) y asociaciones enfermeras de todo el mundo, que han hecho posible que, por primera vez en la historia, una norma de este alcance e importancia para el Sistema Nacional de Salud se debata en el Congreso de los Diputados. 

El momento ha llegado y entendemos que esta norma debe continuar su camino. Confiamos en que así lo vean también nuestros representantes públicos y dentro de unos meses podamos afirmar con orgullo que España es el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en contar con una norma que garantiza la seguridad en la atención sanitaria y cuidados a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera y enfermero.