Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Martes a las 09:50
Martes, 21 de enero de 2014, a las 11:29

La ex consejera de Sanidad de Extremadura María Jesús Mejuto es noticia debido a una oposición convocada bajo su mandato en el gobierno del socialista Fernández Vara. Según una información adelantada por El Mundo, Mejuto consiguió la primera plaza del concurso con una excelente nota de 9,33 puntos. El PP habla de pucherazo y el PSOE invita a los críticos a que acudan al juzgado.

La noticia acapara hoy la prensa de Extremadura, donde es apertura en los dos periódicos más importantes de la región. Hoy abre a toda plana: Mejuto roza el 10 en una oposición del SES convocada cuando era consejera de Sanidad. Y añade en sendos subtítulos: Se examinó el pasado octubre y el presidente del tribunal es su jefe en el hospital de Mérida; Solo ocho de los 36 médicos que hicieron el test lograron aprobar y la segunda mayor nota fue un 6,4. Además, la foto de portada es para el actual consejero, el popular Luis Alfonso Hernández Carrón, con otro titular de respuesta al caso: Carrón anuncia que se investigará la prueba y no descarta anularla.

La oposición, convocada en los últimos días del PSOE en el Gobierno extremeño, fue para el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, y se publicó el 20 de junio de 2011, un día después de que IU decidiera no dar su apoyo a Fernández Vara, lo que daba a José Antonio Monago, del PP, la presidencia de Extremadura.

El Periódico, en su edición extremeña, también abre a toda plana: La ex consejera Mejuto saca la mejor nota en el examen que ella convocó. Y estos tres destacados: La que fue responsable de Sanidad logra un 9,3. La Junta lo investiga y no descarta repetir la oposición; La oferta se publicó a finales del gobierno Vara y el tribunal lo presidió un antiguo asesor de la dirigente; Dos de los 46 opositores que se presentaron, alegan. El PP denuncia pucherazo y el PSOE se defiende.

Y como conclusión, el antetítulo del rotativo del grupo Zeta: El Ejecutivo regional prevé modificaciones en la Ley de Función Pública.