Ideología y sentido común

Una de las máximas que siempre debería tener en mente cualquier gestor, y desde luego los responsables sanitarios, para desempeñar correctamente su labor, es huir de los maximalismos ideológicos y estar siempre atentos al sentido común, que por desgracia cada vez da más la razón al tópico que le califica como el menos común de todos los sentidos. Vienen estos comentarios a cuenta de algunos de los proyectos de pronóstico bastante incierto del actual equipo ministerial, producto de una más que notable empanada ideológica, pero lamentablemente, ayunos de sentido común o de un mínimo sentido de la prudencia.

Es el caso del Proyecto de Estatuto Marco y la negativa tajante a negociar con los médicos un estatuto específico con todo lo que atañe a la profesión. Naturalmente este prejuicio no viene de ahora sino más bien de la época de la transición cuando el renacimiento de los llamados “sindicatos de clase” y la confrontación política hizo muchas veces irrespirable el ambiente de los hospitales y motivó que decisiones importantes se acabaran tomando en régimen asambleario (la transición no fue tan idílica como a veces se quiere hacer creer a las nuevas generaciones). Los médicos quedaron diluidos entre el resto de los trabajadores perdiendo la mayor parte de su antigua influencia colectiva, lo que les avocó a un estado de conflictividad latente con unas condiciones laborales deficientes, que el tiempo no ha hecho sino deteriorar cada día más, con estallidos periódicos como el que ahora nos ocupa. Aunque los intentos de revertir la situación han sido varios en todos estos años, ningún gobierno ha querido correr el riesgo de plantar cara a los sindicatos clásicos y ha preferido dejar todo como estaba, en algunos casos por mera incompetencia y falta de ganas y en el caso del actual equipo, además de eso, por el íntimo convencimiento ideológico de que tiene que ser y permanecer así, lo cual es mucho peor.

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"Lo que si debemos tener claro los médicos es que, si se pierde esta oportunidad para lograr la bilateralidad (con nuestro propio estatuto), van a pasar décadas antes de que se vuelva a plantear, durante las cuales todo va a ir a peor"

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Este posicionamiento falto de toda lógica, cierra muchas puertas. El sentido común dice que si hay un conflicto con un colectivo, lo que procede es identificarlo y discutir específicamente con ellos hasta que se halle una solución. No parece que vaya a ser el caso salvo que la presión de la calle obligue a ello, pero lo que si debemos tener claro los médicos es que, si se pierde esta oportunidad para lograr la bilateralidad, van a pasar décadas antes de que se vuelva a plantear, durante las cuales todo va a ir a peor porque en tiempos de escasez de recursos como los que vive y vivirá nuestra sanidad pública, las minorías (y los médicos lo somos) tienen todas las de perder.

Colaboración público-privada en sanidad

Otro ejemplo cargado de ideología y nada sobrado de sentido común es el recientemente publicado “Anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud”. Se trata en la práctica de una erradicación “a futuro” de la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud, conciertos incluidos, mediante el establecimiento de unas condiciones poco realistas y casi imposibles de cumplir, si exceptuamos el traje a medida para los consorcios catalanes sin duda destinado a buscar el favor de los socios de esta comunidad.

Se puede uno declarar firme defensor de la sanidad pública (yo lo hago y creo que he dado muestras sobradas de haberlo practicado a lo largo de mi carrera, desde luego bastante más que la mayoría de los de las pancartas), pero para protegerla no es el mejor camino amputar o dificultar al máximo toda una serie de herramientas de gestión, que durante décadas han facilitado (y en muchos casos economizado, diga lo que diga el citado anteproyecto) la atención sanitaria. Si alguien piensa que es más rentable hipertrofiar sin límite las estructuras hospitalarias para exploraciones radiológicas, intervenciones quirúrgicas menores, fisioterapia, hemodiálisis, transporte sanitario y un largo etcétera de prestaciones sanitarias, lo más probable es que no haya entendido nada de lo que significa la gestión sanitaria.

El anteproyecto tiene un futuro político bastante incierto a la vista de la aritmética parlamentaria. Ya se verá lo que ocurre en los próximos meses pero en todo caso hay que decir que su redacción está tan sesgada hacia la preservación del “modelo catalán” y el ataque sin complejos al “modelo madrileño”, que pasa por alto explicar, por ejemplo, las razones por las que la colaboración público-privada es el sumun de las maldades si la parte privada la asume una empresa y en cambio es todo bondades hasta integrarse en el sistema nacional de salud si se trata por ejemplo de una mutua.

Coincido con los legisladores en que la adopción de algunas de las fórmulas de colaboración público-privada tiene sus riesgos, perfectamente ejemplificados recientemente por la demencial proclama del CEO del Hospital de Torrejón, pero la necesidad de unos controles lo suficientemente estrictos y ejecutivos como para que estas desviaciones puedan ser detectadas y corregidas no implica que se deban renunciar a ellas con todo lo que ello supone.

Los límites de la sanidad pública

Antes de dar un paso como éste habría que pensar por qué la “Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud” fue avalada en su día por el PSOE (y por CCOO) cuya representante sanitaria entonces era María Ángeles Amador que venía de ser ministra en los años previos y como responsable máxima del antiguo Insalud sabía perfectamente lo que eran las ataduras del sistema público y lo que podía significar para la gestión sanitaria la adopción de estas fórmulas. Tampoco conviene olvidar que en los casi 30 años que han pasado desde entonces, el partido socialista ha gobernado más de la mitad del tiempo con un total de 9 ministros, a ninguno de los cuales le ha dado por tocar esta norma, señal de que el problema no era tan acuciante como parece pensar el actual equipo. Además de otras consideraciones, la eliminación de la colaboración público-privada, manifiesto objetivo de la norma, supone que la sanidad pública tenga que hacerse cargo de todo lo que hoy cubre la privada. Preguntar de donde van a salir los hospitales, los profesionales y los fondos para este cambio es algo más que una pregunta retórica en el seno de una sanidad crónicamente infrafinanciada, con población cada vez más envejecida, carencia de profesionales sanitarios y una cada vez mayor demanda asistencial y a la que según el censo se incorpora casi medio millón de personas más cada año.

Bienvenidas sean todas las medidas tendentes a impedir que la sanidad se convierta en un negocio, pero la eliminación selectiva de la colaboración público-privada o su conversión en una rareza de museo por razones meramente ideológicas supone la renuncia a una serie de modelos de gestión que han demostrado su utilidad y que en absoluto pueden ser calificados de perversos. El modelo sanitario actual da muestras de agotamiento por todos lados y lo único que le falta es que le quiten herramientas entre las mismas acusaciones de privatización que venimos escuchando desde hace más de 30 años, y le pongan unas cuantas cargas más. Hace falta un poco de sentido común.