El Gobierno apuesta por un sistema en que el Servicio de Farmacia del hospital sirva de referencia para los centros

 María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria.
María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria.


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El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2026. Unas cuentas públicas en las que a la sanidad se destinará la mayor partida económica, dentro de la que se incluyen múltiples medidas.

Entre ellas, la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y el Instituto de Servicios Sociales (Icass) para vincular el depósito de medicamentos del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, convirtiendo así al mayor baluarte sanitario de la región en la gran referencia de la atención farmacéutica en residencias. 

Este acuerdo permite eximir al centro de la obligación legal de disponer de un servicio de farmacia hospitalaria propio, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012. Concretamente, el convenio garantiza que el suministro, supervisión y control de los medicamentos prescritos a los residentes del CAD se realice desde el Servicio de Farmacia del hospital de referencia, bajo la responsabilidad de su jefe de Servicio.


Blindar la atención farmacéutica cántabra


Así, el Icass se compromete a facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta vinculación, asegurando la calidad y seguridad de la atención farmacéutica. La duración del convenio será de cinco años, prorrogables por otros cinco, y contará con una comisión de seguimiento paritaria entre ambas instituciones para garantizar su correcta ejecución. De esta forma, se refuerza la eficiencia en el uso de los recursos públicos y mejora la atención sanitaria a las personas en situación de dependencia.

En Extremadura, por ejemplo, la Consejería de Salud y Servicios Sociales sí optó por la dispersión de la atención farmacéutica por las residencias. De esta manera, se le daría una mayor independencia a los centros sociosanitarios.

Por otro lado, el Consejo también ha autorizado un nuevo encargo a la empresa pública Tragsatec para el ejercicio de las funciones de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control de Calidad del contrato de colaboración público-privada de Valdecilla. Este encargo responde a la necesidad de reforzar el control técnico, jurídico y económico de un contrato complejo que abarca servicios no clínicos, mantenimiento de infraestructuras, equipamiento electromédico y explotaciones comerciales. La actuación tendrá una duración de un año, prorrogable, y contará con un presupuesto de 131.313 euros. 
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