María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El
Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles los
Presupuestos Generales para el año 2018. La
partida sanitaria, que
entrará en vigor este jueves, supone una cantidad cercana a los
4.253 millones de euros pues mantiene, en líneas generales, el
proyecto de presupuestos presentados por Cristóbal Montoro en el mes de abril. Además, la aprobación de dicha partida reactiva medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de
incremento salarial para los empleados sanitarios públicos para los tres próximos años.
Con un
cambio de Gobierno en el trascurso del debate y una
autoenmienda a su propio documento por parte del Partido Popular, los presupuestos sanitarios para el 2018 se aprueban con la
talidomida como principal protagonista y teniendo muy presente que su puesta en marcha activa el pacto entre Hacienda y sindicatos. Un
acuerdo alcanzado en marzo y que supone el incremento salarial y la
vuelta a las 35 horas de los sanitarios que trabajen en aquellas CCAA que cumplan con los objetivos de déficit.
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El aumento salarial del 1,75% será aplicado de forma retroactiva desde el mes de enero
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En lo referido al
aumento salarial de los empleados públicos del sector sanitario del 1,75 por ciento, será aplicado de
forma retroactiva desde el mes de enero. Y es que, la entrada en vigor permite a la Administración autorizar la actualización de las nóminas y el pago de la subida correspondiente al primer semestre del año.
Además, en materia de oferta de empleo público, se eleva al cien por cien la
tasa de reposición de todos los sectores prioritarios y al 75 por ciento en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5 por ciento para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 -que se publica con sus correspondientes enmiendas este miércoles-, incrementaba la dotación para Sanidad hasta los 4.251 millones de euros, un 3,9 por ciento más que los 4.093 millones de 2017. Este ascenso es gracias, entre otras cuestiones, al
aumento dotacional de fondos procedentes de la Seguridad Social, que crece un 4,2 por ciento.
Una enmienda sanitaria: talidomida
La
enmienda sanitaria aprobada en el Senado y
ratificada en el Congreso, la relativa a las víctimas del
fármaco comercializado por Grünenthal, solicita que los afectados perciban una ayuda que sea el resultado de multiplicar por 12.000 euros cada uno de los puntos porcentuales de su discapacidad. Además, exige al Gobierno de España que recabe de la farmacéutica alemana la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento al daño causado.
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