Fedea pone en duda una sanidad reforzada por la 'quita de la deuda'

Las políticas públicas en materia sanitaria en España están lejos de considerarse un éxito. Así lo señala el informe Cuando gobernar no es improvisar: claves para entender y diseñar políticas públicas a través de tres casos recientes en España, elaborado por el economista Alfonso Novales y publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El documento subraya que el rigor técnico y la transparencia son elementos esenciales para construir administraciones sólidas y eficaces. Así, medidas como la 'quita de deuda', aprobada para liberar recursos en servicios esenciales, son duramente evaluadas en el trabajo de Novales. Esta  medida, que acaba siendo considerada un mero parche, tiene para Novales la ineficiencia como problema principal. Para él, las cuantías son insuficientes para sanear las cuentas, su reparto carece de criterios claros y coherentes, y además genera riesgo moral al incentivar la indisciplina fiscal.

Valoración de las políticas públicas en Sanidad en España

El pasado septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que condona 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas, con el objetivo declarado de reforzar los servicios públicos, incluida la sanidad. La llamada quita de deuda busca beneficiar a todas las autonomías, reducir el pago de intereses y liberar recursos para educación, sanidad y servicios sociales. Sin embargo, el informe advierte que el plan, que exige que las comunidades lo soliciten, no alcanza a sanear las cuentas autonómicas ni cumple el propósito anunciado, lo que podrá indicar un diseño confuso e ineficaz. 

Esta medida se presentaba como una vía para que las comunidades pudieran volver a financiarse en los mercados, donde hoy enfrentan tipos de interés elevados debido a su alto endeudamiento. Ahora, pese a que se anunciaron las cuantías de deuda que asumiría el Estado, la condonación solo se aplicará a las autonomías que la soliciten. En este punto, Novales insiste en que los montos previstos no bastan para sanear sus cuentas, por lo que la política resultaría ineficaz.

Además, denuncia que se anunció de manera confusa: mientras que algunos miembros del gobierno aseguraban que la reducción de intereses permitiría invertir más en sanidad y educación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recordó que las comunidades deben respetar su techo de gasto.  Frente a esto, la desconfianza  aumenta y la eficacia de la medida disminuye.

De igual modo, el diseño de la quita de deuda plantea problemas de equidad y eficacia. Si el Estado asumiera la deuda de cada comunidad hasta niveles razonables para los mercados, se trataría a las regiones de manera heterogénea, sin criterios claros, y fomentaría la indisciplina fiscal. Por ello, aunque la medida se ha justificado como compensación por la infrafinanciación acumulada desde la crisis y el aumento de competencias autonómicas, para el economista el reparto de fondos carece de criterios económicos precisos y se ha decidido mediante un proceso complejo y poco transparente. El resultado de la propuesta sigue siendo incierto. Además, al al no introducir incentivos para prevenir futuras dificultades, se percibe más como un parche temporal que como una solución.

Colaboración entre administraciones, clave en la sanidad descentralizada

El informe concluye que los errores en el diseño y la ejecución de las políticas públicas se debe, sobre todo, a la debilidad de las instituciones informales: las normas sociales, los valores y los códigos de conducta que sostienen la gestión pública. Por ello, subraya la necesidad de reforzar la calidad institucional para avanzar hacia una administración más eficaz, transparente y responsable.

El documento destaca que la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas no son simples trámites administrativos, sino pilares esenciales que equilibran la eficacia con la legitimidad y el poder con la responsabilidad. Además, los considera la mejor herramienta para prevenir la corrupción. Para acabar, señala que una mayor consulta con expertos y actores afectados podría haber evitado parte de las deficiencias detectadas y contribuido a políticas públicas más coherentes y efectivas.

En consecuencia, el informe defiende que una mayor coordinación entre las administraciones resulta clave para el buen funcionamiento de un sistema sanitario descentralizado. Este diagnóstico se alinea con las conclusiones del  informe del think tank Fedea en el que se advierte que el sistema sanitario español, de modelo Beveridge, actúa como amortiguador frente a las desigualdades de salud entre los distintos niveles de renta. Esta estabilidad se sustenta en que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se financia mediante impuestos y garantiza el acceso universal a la atención médica, al margen del nivel de ingresos o de la situación laboral.