La sanidad universal compensa desigualdades de las reformas de pensiones

Un informe del think tank Fedea concluye que el sistema sanitario universal “tipo Beveridge” de España “podría actuar como amortiguador” frente al “aumento de las disparidades de salud entre los distintos grupos de renta”. Los economistas Cristina Bellés-Obrero, Manuel Flores, Pilar García-Gómez, Sergi Jiménez-Martín y Judit Vall-Castelló no encuentran “evidencia clara de un aumento ni de una disminución de las desigualdades en salud asociadas a los ingresos entre los jubilados españoles entre 2004 y 2022”, una “estabilidad” que, de acuerdo al documento, deriva del hecho de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) esté “financiado mediante impuestos y que garantiza el acceso a los servicios médicos con independencia del nivel de ingresos o de la situación laboral”.

El estudio se llevó a cabo para investigar hasta qué punto han cambiado las desigualdades en salud relacionadas con el nivel de ingresos entre los mayores de 65 años en las últimas dos décadas. La idea era comprobar si esos cambios podrían estar relacionados con las reformas políticas vinculadas al Estado del bienestar que se efectuaron durante el mismo periodo. Para ello, los investigadores se basaron en cinco indicadores de salud -relacionados con el bienestar físico y funcional- y tres enfoques metodológicos: la pendiente del gradiente ingreso-salud, el denominado “tiempo de convergencia”, que representa el número de años que necesitarían las personas con menores ingresos para alcanzar la misma capacidad de salud que las de mayor renta; y los índices de concentración basados en curvas de desigualdad.

Cuidados de larga duración y sanidad a migrantes

Los resultados son "consistentes" entre los distintos métodos a la hora de no detectar ni aumentos ni disminución de desigualdades en salud relacionadas con el nivel de ingresos. De acuerdo al informe, la implantación de un sistema público de cuidados de larga duración más amplio “probablemente haya beneficiado más a los hogares de menor renta, dado que los de ingresos más altos pueden permitirse servicios privados”. Esta circunstancia “podría haber tenido efectos positivos sobre la salud tanto de las personas dependientes como de sus familiares cuidadores”, lo cual habría compensado “parcialmente” la “desigual distribución de la riqueza derivada de las reformas de pensiones anteriores”.

Los investigadores también destacan la reforma sanitaria de 2018 que restableció el acceso universal al SNS tras el Real Decreto-ley 16/2012, que, en plena crisis económica, “revirtió algunas características universalistas, reintroduciendo el derecho a la atención basado en el seguro y excluyendo a los migrantes indocumentados y ampliando los copagos farmacéuticos”. Con la modificación legislativa de 2018 no sólo se recuperó el acceso universal basado en la residencia, sino que también se revisaron los límites de copago “para proteger a los grupos de bajos ingresos y vulnerables”.

Posibles "heterogeneidades" en salud "enmascaradas"

No obstante, en el estudio se advierte de que los resultados deben interpretarse con cautela. “Los datos presentan cierto ruido estadístico, con patrones irregulares y fluctuaciones frecuentes en las medidas de desigualdad”, subrayan sus autores. Por otro lado, el tamaño muestral -unas 3.350 personas- “es insuficiente para permitir una estratificación adicional por nivel educativo o historial laboral”, lo que “podría estar enmascarando heterogeneidades específicas” y dificultaría “captar el verdadero impacto de las reformas institucionales sobre los segmentos más vulnerables de la población jubilada”.

Finalmente, los investigadores también recuerdan que, aunque la descentralización sanitaria “mejoró la capacidad de respuesta”, también “introdujo disparidades regionales en el acceso, los tiempos de espera y los resultados”.