La jornada de 37,5 horas resucita el convenio estatal de la sanidad privada

La larga reivindicación del ámbito sindical para que la sanidad privada cuente un convenio colectivo estatal, vuelve a la palestra de cara a una implantación homogénea de la reducción de jornada laboral impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Después de que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunciara recientemente que el periodo de adaptación previsto en el proyecto de ley de las 37,5 horas también contemplará un plazo de adecuación para los ámbitos laborales sin convenio colectivo, las voces sindicales consultadas coinciden en indicar que un acuerdo sobre las condiciones de trabajo a nivel nacional sería vital para evitar abusos de jornada en el sector sanitario privado.

Las facilidades para que las singularidades asociadas a la jornada laboral sanitaria, como las guardias, se adapten a la nueva jornada máxima, dependerán del futuro desarrollo normativo de ese y otros aspectos que no se incluirán de forma expresa en el texto legislativo. Lo que sí se hará, según dijo a primeros de marzo el número dos de Yolanda Díaz, será introducir algunos ajustes técnicos derivados de las recomendaciones de un informe ad hoc del Consejo Económico y Social (CES) que en Trabajo se consideran adecuadas, aunque no sean vinculantes.

Heterogeneidad de la sanidad privada, clave

Una de esas pequeñas modificaciones se basa en aclarar las condiciones de adaptación a la reducción de jornada. En el actual anteproyecto normativo se fija el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para que los convenios colectivos se adecuen a las nuevas condiciones laborales, y el CES pide que se especifique que ese periodo adaptativo también se hará extensivo a “los ámbitos sin convenio colectivo”. Pero ese matiz no disipa las dudas en la aplicación de la reducción de jornada en el sector sanitario privado en tanto en cuanto no cuenta con un convenio colectivo a nivel nacional.

“Claro que un convenio nacional ayudaría a que la adaptación a la nueva jornada máxima sea equitativa en el sector sanitario privado, pero, como la patronal no quiere, no podemos hacer nada. Los sindicatos estamos ahí, pero otra cosa son las asociaciones empresariales”, señala a Redacción Médica Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que se queja de la continua negativa patronal a iniciar una negociación al respecto.

A ello se une otra dificultad, según el propio Cabrera: la propia heterogeneidad del ámbito sanitario privado. “Hay que tener en cuenta las circunstancias de los hospitales con turnos rotatorios, muy distintos, por ejemplo, a las clínicas dentales, en las que no se trabaja de noche”. Por otro lado, de acuerdo a los cálculos de CCOO, aunque existen convenios a nivel autonómico, provincial y empresarial, las condiciones laborales de en torno al 20 por ciento de los trabajadores de la sanidad privada no están reguladas mediante un acuerdo específico. “También hay muchos convenios fantasma que no se actualizan desde hace muchos años”, agrega.

Convenio en la sanidad privada por ratios

La propuesta de su sindicato para salvar ese hándicap pasa por establecer “normas estatales” que fijen ratios por categorías profesionales sanitarias, algo que en la patronal no se ve con buenos ojos. El último precedente al respecto data de la anterior legislatura, en la que empezó a tramitarse la Ley de Seguridad del Paciente, conocida como la Ley de Ratios de Enfermería.

Con esa norma se pretendía, entre otras cosas, aumentar el número de profesionales de Enfermería trabajando por cada paciente, lo cual implicaría un incremento en las contrataciones. Era algo que el sector privado consideraba “imposible” de cumplir. Aunque la patronal no se negaba en sí a una revisión de las ratios, rechazaba una reforma centralista que no estuviera “alineada a las actuales competencias de las comunidades autónomas”.