Néstor Rego, disputado BNG.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado, a petición del diputado del
Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, una
Proposición No de Ley (PNL) para el establecimiento de una cláusula de garantía salarial para el personal empleado público, entre los que se encuentra el profesional sanitario. Las negociaciones por la subida de sueldo de los empleados públicos llevan en auge desde finales de 2024. Sin embargo, casi un año después, aún no hay noticias. Ante esta situación, el grupo parlamentario demanda “una
cláusula de garantía salarial para el personal empleado público que permita que los salarios se actualicen automáticamente cada año en función del
incremento del IPC real.”
La revalorización salarial de los empleados públicos
El
Ministerio de Función Pública se comprometió el pasado diciembre a iniciar en enero las negociaciones con los sindicatos representados en la mesa de diálogo social (CCOO, UGT y CSIF) para abordar la revalorización salarial del personal empleado público. El propio titular de Función Pública,
Óscar López, ha reiterado en diversas ocasiones el “compromiso firme” del Gobierno para mejorar las nóminas de los empleados públicos.
Sin embargo, a pesar de que esta subida parece ser uno de los ejes centrales de las negociaciones de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, aún no se conocen novedades. El dato definitivo del
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de diciembre de 2024 confirmó una tasa del 2,8 por ciento, lo que activó un incremento salarial del 0,5 por ciento adicional para los profesionales del sector público. Este complemento debía aplicarse a comienzos de 2025, una vez cerrado el ejercicio anterior. No obstante, el último pago no se hizo efectivo hasta el mes de julio.
Este ajuste se suma a una pérdida de poder adquisitivo acumulada. Según datos sindicales, entre 2022 y 2024 el IPCA experimentó un alza del 14,5 por ciento, frente al 8 por ciento de subida fija aplicada a los salarios públicos durante ese mismo periodo. En este contexto, las centrales sindicales han reiterado en múltiples ocasiones la necesidad urgente de actualizar las retribuciones del personal de la Administración. En la misma línea, el BNG advierte en su
Proposición No de Ley que “desde el año 2010, el personal empleado público sufre una pérdida continuada de su poder adquisitivo, que ya supera el 20 por ciento en el momento actual”.
SMI y sueldos sanitarios
Fue en febrero cuando la última subida del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se hizo efectiva. Con ello,
la retribución básica se fijó en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. En el caso de la sanidad, el porcentaje se situó por encima de la media española: tres de cada 10 mercantiles sanitarias contaban, al menos, con un empleado cobrando SMI. Fue el tercer sector con el mayor porcentaje de empresas con trabajadores beneficiados.
Sin embargo, en el caso del SNS, la cosa cambia. Según ha expresado el BNG: “La subida del Salario Mínimo Interprofesional, aunque necesaria, evidencia esta realidad cuando los salarios de algunos cuerpos y escalas básicas de la Administración se igualan con el SMI y suben con su incremento, revelando así el nivel de deterioro retributivo del personal público.”
Cláusula de garantía salarial
En este sentido, remarcan la necesidad de establecer una cláusula de garantía salarial, vinculada al IPC real y blindada por ley, que permita garantizar que los
salarios del personal empleado público se actualicen automáticamente en función del coste de la vida.
En consecuencia, instan al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para establecer una cláusula de garantía salarial para el personal empleado público. Esta medida estaría vinculada al Índice de
Precios de Consumo (IPC) real y permitiría que las retribuciones se actualicen automáticamente cada año en función del coste de la vida. Finalmente, proponen que “esta subida automática sea independiente y complementaria de los incrementos salariales que puedan acordarse en el ámbito de la
negociación colectiva general.”
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