Pacto salarial de la sanidad: 6 meses de retraso sin noticias del Gobierno

Se las prometían felices los sindicatos, a finales de 2024, respecto a la negociación del nuevo pacto salarial para los profesionales de la sanidad pública y el resto de funcionarios. En diciembre, el Ministerio de Función Pública se comprometió a iniciar los contactos en enero con las organizaciones representadas en la mesa de diálogo social: CCOO, UGT y CSIF. Sin embargo, medio año después, el departamento dirigido por el socialista Óscar López sigue sin mover ficha. Fuentes del ministerio y el propio titular de la cartera han dicho en varias ocasiones durante este tiempo que hay un compromiso claro del Gobierno por revalorizar las nóminas de los empleados públicos, pero, de momento, lo único que hay son palabras.

La segunda prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 parece uno de los principales hándicaps para retrasar el diálogo en la Mesa General de las Administraciones Públicas. No en vano, para hacer efectivos los pluses retributivos -tanto fijos como ligados a variables económicas- del anterior acuerdo salarial, era conditio sine qua non que esos incrementos quedaran reflejados en cada ley anual de cuentas estatales, según lo previsto en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 entre el Gobierno, CCOO y UGT, y vigente hasta el fin de 2024.

Por eso, los sindicatos quieren ahora que los aumentos que se pacten no estén ligados a los PGE. Además, hay organizaciones que abogan por que el futuro acuerdo sea a dos años, y no a tres, como el previo. Si no hubiera cambios en ese sentido y el pacto se firmara para el próximo trienio, el incremento salarial acumulado tendría que ser, como mínimo, del 6,6 por ciento. Ese es el aumento de la inflación que prevé para ese periodo el Banco de España en su último análisis de proyecciones macroeconómicas, que se corresponde con el primer trimestre del año.

No obstante, es posible que esas previsiones cambien pronto. Restan días para que la institución gobernada por José Luis Escrivá publique su análisis del segundo trimestre. En el anterior documento, publicado en marzo, ya se advertía de la incidencia de la política arancelaria de EEUU en la revisión al alza de la inflación.

El hándicap de la inestabilidad parlamentaria

Más allá de las cifras, el inicio de la negociación entre Función Pública y los sindicatos parece abocado, como mínimo, el último tramo de 2025. El calendario político ya mira al parón veraniego en un año, además, en el que la actividad en las Cortes está siendo menos intensa de lo normal. Las dificultades del Gobierno para reunir mayorías parlamentarias están condicionando la agenda legislativa, no sólo en lo que se refiere a los trámites en el Congreso, sino también en la etapa previa de negociación en la mesa de diálogo social, cuando es el caso.

Ello no quiere decir que no sea posible llegar a acuerdos, aunque no sea entre todas las partes. Seguridad Social ha conseguido pactar esta legislatura con patronales y sindicatos la reforma del sistema de jubilación y pensiones -con la duda de si la sanidad podrá acogerse a la nueva jubilación anticipada- y Trabajo firmó con CCOO y UGT el acuerdo para impulsar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas -en este caso, sin apoyo de CEOE y Cepyme- y Función Pública selló, también con CCOO y UGT, el pacto para recuperar la jubilación parcial con contrato de relevo para el sector sanitario público. Por su parte, Sanidad sigue tratando de lograr el consenso de las organizaciones sindicales representadas en el Ámbito de Negociación para reformar el Estatuto Marco. Está complicado, pero el departamento de Mónica García no baja los brazos.

Sobre el papel, por tanto, la inestabilidad parlamentaria no es excusa para no haber marcado el número de los sindicatos y citarlos a la Mesa General de las Administraciones Públicas para empezar a hablar del nuevo pacto salarial. El caso es que, sea cual sea el motivo, el teléfono de las organizaciones sigue sin sonar. Lo confirman a Redacción Médica fuentes de CCOO y UGT, los dos sindicatos que firmaron el pacto previo, que, aunque expiró coincidiendo con el adiós a 2024, dejó varias cuentas pendientes.

Promesas de Función Pública que aún no se cumplen

Función Pública aún no ha hecho efectivo, por ejemplo, el último de los pluses salariales acordados para el año pasado, un 0,5 por ciento sujeto a que la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de 2022, 2023 y 2024 superara el incremento salarial fijo acumulado que se había acordado para ese mismo periodo. Ese objetivo se cumplió a primeros de 2025, cuando se confirmó el IPCA de 2024, que, sumado a los de los dos años previos, arrojó un aumento del 14,5 por ciento, frente al 8 por ciento de las revalorizaciones fijas en las nóminas.

A finales de mayo, en pleno II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos, López se comprometió a abonar “en breve” esa subida salarial pendiente. El día anterior, CSIF había registrado en el Ministerio de la Presidencia una petición formal para que el Gobierno pagara ese 0,5 por ciento y empezar a negociar un nuevo acuerdo salarial. Miembros de la propia central se han manifestado en varias ocasiones para verbalizar en la calle las mismas reivindicaciones.

Un mes y medio antes de la demanda formal de CSIF, el Ejecutivo se había comprometido a “seguir aplicando incrementos salariales” a los empleados públicos para ajustar las retribuciones a “indicadores económicos objetivos”. Fue a primeros de abril como respuesta a varias preguntas escritas del Grupo Popular en el Congreso.

“El Gobierno mantiene un diálogo continuo con las organizaciones sindicales, con el objetivo de alcanzar acuerdos que contribuyan a mitigar el impacto de las variaciones económicas sobre el poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante la aplicación de incrementos retributivos negociados en el marco de la normativa vigente”, señalaron desde Moncloa. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para saber si ya hay alguna fecha a corto o medio plazo para sentarse con los sindicatos y empezar a hablar de esas revalorizaciones salariales, pero, por el momento, no ha recibido respuesta.