Pleno del Consejo Interterritorial.
Los sindicatos del Ámbito de Negociación tendrán el futuro del
Estatuto Marco en sus manos el próximo lunes. Las consejerías del PP han reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad que
retire el borrador que hay actualmente sobre la mesa y que ha provocado la convocatoria de la
huelga médica y los
paros indefinidos a partir del 27 de enero del conjunto de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS). “Han pedido que nos quedemos con el Estatuto Marco de 2003, que retiremos las mejoras que hemos pactado durante dos años, las guardias de 24 a 17 horas, las oposiciones cada dos años, los límites de 45 horas semanales y el exceso de jornada laboral, todo aquello que ha mantenido durante tantos años el maltrato, la precariedad y el malestar de los profesionales”, ha resumido Mónica García tras el Consejo Interterritorial. Ante la situación, la ministra de Sanidad ha anunciado que
preguntará a los sindicatos del Ámbito “si estas mejoras” tienen su “aval”.
“Voy a defender a capa y espada este Estatuto Marco”, ha proclamado García para, acto seguido, matizar que no puede hacerlo sola desde el ministerio: “Después de más de 60 reuniones, voy a hacer todo lo posible para que el texto llegue al Congreso de los Diputados, pero necesito el apoyo de los sindicatos y las comunidades autónomas”. La ministra ha subrayado que ya se han incorporado al borrador
todas las demandas de los sindicatos convocantes de la huelga médica -CESM y SMA- que entran dentro de las competencias del departamento, pero también ha reiterado que cuestiones como el marco retributivo y la
constitución de un foro de negociación propio para el personal facultativo les corresponden a las comunidades autónomas.
Asturias y Madrid piden reiniciar la negociación del Estatuto Marco
“Ha habido consejeros y alguna consejera que nos han dicho que, efectivamente, las competencias suyas las tendrán que negociar ellos con los diferentes sindicatos. Es más, muchas de las cosas que están en el Estatuto de Marco ya las tienen pactadas algunas comunidades”, ha manifestado García. Esas autonomías son, según la ministra, Asturias, Navarra y Cataluña, entre otras. No obstante, la consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra, ha reconocido que la situación está bloqueada, por lo que ha llamado a
“reiniciar” el proceso de negociación “y volver a llegar a acuerdos previos y contar con los profesionales”. Su homóloga de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha insistido en lo que ya había planteado antes del pleno del Consejo Interterritorial: “Queremos que se retire el borrador del Estatuto Marco y empecemos de cero”.
La consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra.
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La consejera madrileña ha culpado a García de haber provocado “un clima de crispación” que ha conducido a la huelga de los profesionales sanitarios. Para ella, la “única solución” pasa por que el ministerio haga “un
diagnóstico sobre la falta de profesionales y la falta de financiación del SNS” y que hable con varios ministerios, entre ellos, el de Función Pública, el de Hacienda y el de Seguridad Social, además de con las comunidades autónomas, “para que podamos empezar de cero”.
Matute también ha anunciado que las consejerías del PP solicitarán formalmente a Sanidad que convoque una
sesión del Consejo Interterritorial monográfica sobre el Estatuto Marco, pero García lo ha descartado: “Es incongruente hablar de un monográfico cuando han pedido que retiremos el borrador”. Además, según la ministra, ya se han celebrado “muchos monográficos” sobre el Estatuto Marco en el Interterritorial y en la Comisión de Recursos Humanos: “Las comunidades autónomas han sido partícipes del texto del Estatuto Marco”.
La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute.
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Sanciones al Hospital de Torrejón
La petición que todavía se mantiene pendiente es la relativa a las auditorías realizadas en torno al Hospital de Torrejón. La ministra asegura que se mantiene a la espera de recibir los
datos solicitados a la Consejería de Sanidad en torno al Grupo Ribera y, por extensión, "a su maestro" el Grupo Quirón, en relación al "
flujo de pacientes, las convalidaciones de gasto y las modificaciones presupuestarias" que habrían llevado a la transferencia de "5.000 millones de euros" en los últimos años a Quirón. "No nos han trasladado esta información como tampoco la de los
cribados", ha explicado la responsable de la cartera.
Será con esa información en la mano cuando el ministerio valore "no solo las acciones legales" derivadas de las irregularidades en la gestión del hospital, "sino también las
sanciones administrativas". "Nuestro Sistema de Salud no puede ser el caladero de las cuentas de resultados de las empresas privadas", ha sentenciado.
Precisamente, blindar "el lucro" en la sanidad pública o "la parasitación público privada" en palabras de laa ministra, es el objetivo de la futura
Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada, según lo previsto, el
próximo mes de enero en Consejo de Ministros y que "nada tiene que ver con el modelo catalán", basado "en concesiones o conciertos con entidades públicas", ha aclarado la responsable de Sanidad.
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