García fija para principios de 2026 la Ley que blinda un SNS público

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública y se prevé aprobar la nueva Ley de Gestión pública a principios de 2026 que ponga "coto" al ánimo de lucro y que blinde y proteja frente a "fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación" del sistema sanitario español.

"Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud. No prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", ha comentado la ministra este domingo en una entrevista en El País.

García admite que esta nueva norma "claramente" no permitirá el modelo de seleccionar a pacientes menos costosos para lograr más rentabilidad y confía en que se apruebe próximamente. "Estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene", ha indicado.

La ministra lamenta que se haya "pervertido" la colaboración público-privada en una "parásita". "Vamos a abrir todos los frentes posibles. Vamos a ir a tanto como ministerio y como grupo político Más Madrid en la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, porque creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes", ha insistido.

Polémica en el Hospital de Torrejón

Las declaraciones de la ministra se producen la misma semana en que Pablo Gallart ha pedido ser desvinculado de sus labores en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) a raíz de la filtración de unos audios en los que supuestamente instaba a su equipo a priorizar el beneficio económico a la atención a los pacientes.

Según la información publicada por El País, el hasta ahora gestor de este hospital, que es de titularidad pública aunque su dirección y logística es competencia del grupo Ribera, emplazó a una veintena de altos mandos del centro a alcanzar un beneficio (Ebidta) de “cuatro o cinco millones” aunque para ello hubiera que “desandar” el camino realizado en los pasados años y aumentar las listas de espera.

Supuestamente, alegó que el centro era deficitario dado que pierde nueve millones al año en amortizaciones y otros gastos y propuso dejar de realizar intervenciones que no fuesen rentables. “Hacemos actividad que nos perjudica”, incidió.