La 'nueva' universalidad abre el debate turismo sanitario y sostenibilidad

El Consejo de Ministros aprobó esta semana un nuevo real decreto de universalidad, en el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la sanidad pública de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal. Esta iniciativa ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate de si ampliar el acceso a la atención sanitaria pueda impactar en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Mientras que el el Ministerio de Sanidad sostiene que el propio real decreto ya incorpora criterios para evitar abusos en el sector del turismo sanitario, agentes protagonistas del sector piden mecanismos de control sólidos para evitar situaciones como que se preste asistencia sanitaria sin que se cumplan los requisitos que exige la norma.

La Fundación IDIS, que aglutina a gran parte del sector sanitario privado en España, explica a Redacción Médica que la universalidad del SNS "es uno de sus puntos fuertes y sin duda hay que preservarlo, pero para eso también hay que garantizar su sostenibilidad". "Teniendo en cuenta las dificultades de accesibilidad que sufre el sistema en la actualidad, con unas listas de espera difícilmente justificables, se ha de cuidar también su sostenibilidad".

"Aunque el real decreto busca fortalecer la universalidad del sistema, sería necesario asegurar que existan controles que eviten posibles usos indebidos", apunta, para después añadir que "si la asistencia sanitaria se presta antes de comprobar los requisitos y posteriormente se determina que la persona no tenía derecho a ella, la recuperación de los costes asociados puede resultar muy compleja".

"Si el acceso al sistema público se amplía sin mecanismos de control suficientemente robustos, podría generarse una mayor presión sobre los recursos asistenciales y sobre la sostenibilidad del sistema en su conjunto", lamenta el sector sanitario privado.

Por otra parte, a pesar de que el Ministerio de Sanidad descarta que se pueda hacer negocio turístico sanitario por dar acceso al SNS a inmigrantes irregulares con la aprobación del real decreto que refuerza la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública, algunas de las comunidades autónomas que más visitantes reciben cada año lo ponen en tela de juicio. Especialmente aquellas de signo político contrario, como el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La consejera de Sanidad del Ejecutivo madrileño, Fátima Matute, ha asegurado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid que la normativa impulsada por la ministra de Sanidad le "falta rigor técnico e incentiva el turismo sanitario, favorece las irregularidades, las mafias y el fraude sanitario".

Matute ha agregado que la flexibilización de los requisitos para acreditar la residencia lo que hará será "dificultar los procesos de gestión del sistema sanitario para prever cuánta gente va a venir y va a dar alas al turismo sanitario". Además de criticar que el real decreto no tiene en cuenta el impacto económico ni fondo de compensación para las comunidades autónomas, la consejera de Sanidad ha reprochado que esta medida conllevará un incremento en "la presión asistencial y la carga de trabajo entre los profesionales", así como "una peor asistencia porque aumentarán las listas de espera y esto no es ser solidario, es un absoluto caos".

Del turismo sanitario a no tener afectación

Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia del Govern de Baleares, Antònia Estarellas, ha afirmado que la posición de su Ejecutivo es que "la atención sanitaria debe ser universal, no solo por principios éticos y humanos, sino también por una cuestión de responsabilidad en Salud Pública, y así es ya actualmente en Baleares". Preguntada sobre la posibilidad de que se abra la puerta al turismo sanitario, Estarellas ha reclamado al Gobierno central consensuar las medidas con las comunidades autónomas antes de "hacer anuncios estrella", ya que "comienza a ser un patrón en esta legislatura que el Gobierno de España determine y las comunidades autónomas paguen".

La situación es completamente desigual en las comunidades autónomas, ya que en Cataluña desde el Departament de Salut se ha manifestado que el real decreto aprobado desarrolla la ley estatal básica, "pero no afecta a nuestra ley catalana, desde un punto de vista jurídico". "Es decir, no varían las condiciones para la asistencia sanitaria pública", han apuntado a este periódico.

Efectos de la universalidad en el turismo sanitario

IDIS manifiesta que "hay un cierto riesgo en que el sistema permita acceder inicialmente a la asistencia mediante una simple declaración responsable, lo que podría abrir la puerta a situaciones de abuso. Para que el sistema sea sostenible necesita mecanismos administrativos sólidos que eviten estos abusos".

"Necesitamos tiempo para saber cuál va a ser el efecto, pero es sin duda algo que puede acarrear consecuencias". Por tanto, la privada demanda que el refuerzo de la universalidad vaya acompañado de mecanismos administrativos sólidos.

Los controles públicos del decreto de Universalidad

Ante este posible escenario, desde el Gobierno apuestan por que los requisitos recogidos en la normativa, tanto en la declaración responsable como en la documentación necesaria para obtener el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, sirvan para blindar el sistema y disuadir a quienes pretendan aprovecharse de la medida.

De hecho, este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado la Orden por la que se crea la Mesa de análisis para la implementación del real decreto, un nuevo órgano que nace con la misión de analizar la aplicación de las normas relacionadas con el acceso universal al SNS como principio fundamental del sistema público.

En ese sentido, desde el Ministerio de Sanidad han mostrado confiados en que la emisión de facturas sirva como elemento disuasorio si se detecta alguna irregularidad en los documentos presentados, según ha podido saber Redacción Médica. 

El real decreto establece que, para obtener el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, las personas solicitantes deberán presentar una declaración responsable en la que acrediten el cumplimiento de los requisitos, su identidad y su residencia habitual en España mediante la presentación de documentación oficial. En el caso de la identidad, se aceptará el pasaporte o un documento oficial expedido por la administración del país de origen. Si no se dispone de estos documentos, podrá presentarse otro emitido por la misma administración que permita verificar la identidad y que incluya, al menos, una fotografía. En el caso de menores de edad sin documentación oficial, la identidad podrá acreditarse mediante el certificado de nacimiento, el libro de familia expedido por las autoridades del país de origen o de la Administración General del Estado, o mediante documentos que acrediten la tutela o guarda por parte de una entidad pública de protección de menores o de un tutor legal designado judicialmente.

En cuanto a la residencia habitual en territorio español, el principal documento acreditativo será un certificado o volante de empadronamiento actualizado en un municipio de una comunidad autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla. Si la persona solicitante no puede presentar este documento, la normativa contempla otras vías para justificar la residencia, como certificados de matrícula o escolarización en centros educativos públicos o concertados, una carta de viaje expedida por el consulado, un registro de visitas emitido por servicios sociales o por trabajadores sociales colegiados de organizaciones no gubernamentales de utilidad pública, así como facturas de suministros básicos como luz, gas, agua, telefonía o internet, a nombre del solicitante que acrediten un domicilio. También podrán utilizarse otros documentos oficiales, como la cédula de inscripción emitida por la Policía Nacional, una resolución de la Fiscalía sobre determinación de la edad, un documento de inscripción consular o un certificado emitido por un centro de la red pública de centros de migraciones.

La acreditación de la residencia para acceder a la sanidad

Frente a las críticas surgidas tras la aprobación del nuevo real decreto, el número dos de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido a través de su perfil en X. En su publicación, el secretario de Estado matiza en primer lugar que "la declaración responsable no acredita residencia".

Además, frente a los argumentos sobre el posible impacto económico de la medida, sostiene que “la universalidad es superior en términos económicos a la exclusión” y asegura que así lo reflejan los estudios académicos publicados al respecto. En relación con la idea de que España “no puede ser el hospital del mundo”, el secretario de Estado de Sanidad afirma que se trata de “una reducción al absurdo que no apela a una crítica real al asunto”.

“La alternativa no suele ser la exclusión total en sistemas razonables como el nuestro, sino atender a estas personas en ámbitos donde la atención acaba resultando más cara, como las urgencias hospitalarias”, añade. “La universalidad es la mejor opción también en términos económicos, aunque esto haga cortocircuitar a muchos”, concluye.