Fiscalía y Tribunal de Cuentas avalan la labor de César Antón en el Imserso

“De un bulo que te acusa no sales nunca”. Con esta frase arranca su testimonio César Antón Beltrán, exdirector general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en el que relata su experiencia durante casi siete años de investigaciones judiciales y administrativas tras una serie de denuncias por supuestas irregularidades en contratos informáticos. A lo largo de más de 12.000 folios, comparecencias y expedientes, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal de Cuentas han concluido que no existía responsabilidad penal, administrativa ni contable en su gestión.

El origen de la causa se encuentra en un documento interno elaborado entre 2017 y 2018, tras el relevo en la dirección del Imserso, donde el testigo de Antón lo tomó Carmen Balfagón Lloreda. Se trataba de un informe de 28 páginas que señalaba presuntas “anomalías” en la contratación informática, especialmente en torno al Sistema de Información de Atención a la Dependencia (SISAAD), de los años 2007 al 2017. Aquel texto, que según relata Antón no estaba firmado, sus autores no estaban en el Imserso en el momento que relataban los hechos, ni formaban parte de ningún órgano oficial de control, y no contaba con aval técnico cualificado, habría servido sin embargo de base para dos denuncias presentadas en 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.

En este escrito se cuestionaban 101 expedientes, por un importe de 52,8 millones de euros, insinuando duplicidades, sobrecostes e incluso contratos ficticios. En octubre de 2018 el Ministerio de Sanidad (del que dependía el Imserso) reconoció que ese informe era un documento sin firma que no procedía de ningún órgano de fiscalización y restó valor a sus conclusiones, según relata Antón.

El relato del exdirector del Imserso incide en que de los dieciocho meses transcurridos entre noviembre de 2016 y julio de 2018, estuvieron nueve meses elaborando el citado informe, pero sin realizar ni promover ningún tipo de actuación de la Inspección, ni del Imserso ni del Ministerio de Sanidad, cuando la totalidad de los Empleados Públicos, y más con altos niveles de responsabilidad y competencias, saben que, ante cualquier posible situación irregular, lo primero es iniciar un procedimiento de Inspección, cuestión previa que además es una garantía para las partes y base para, en su caso, realizar actuaciones de responsabilidades administrativas, o en su caso, si se advierten indicios de delito alguno, actuaciones posteriores si así lo propone la inspección, en el ámbito penal o de responsabilidad contable; "como yo he procedido ante este tipo de situaciones", indica Antón, en referencia a su experiencia en diferentes roles de la Administración Pública.

Además, Antón indica que el Servicio Jurídico del Imserso sobre este documento, "informa a petición de la dirección (abril 2018) y advierte de manera muy contundente, que con los datos que se disponía no parecía sensato ni sólido calificar hechos y/o conductas ni recomendar actuación alguna que no sea la antedicha referente a la realización de una inspección llevada a cabo por altos especialistas en la materia”.

El día que cesa la directora general Balfagón en julio de 2018, es cuando solicitan informe a la Inspección General de Servicios del Ministerio, acompañando el informe sin firmar y una declaración de una subdirectora general.

"Pese a la advertencia del Servicio Jurídico y sin haber dejado transcurrir el tiempo necesario para que trabaje la Inspección (no han pasado ni tres meses desde que se lo solicitaron) las denuncias se formalizaron en septiembre y octubre de 2018", resume Antón.

La Inspección del Ministerio analizó los contratos entre 2006 y 2018, con especial atención al citado SISAAD. En marzo de 2019 concluyó que no había ni irregularidades, ni duplicidades ni sobrecostes y que, al contrario, el gasto se había reducido a menos de la mitad a partir de 2013 gracias a la implantación de un nuevo sistema que además evitó pérdidas de datos.

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"Incluso cuando la justicia concluye que no hay delito ni responsabilidad alguna, el daño profesional y social ya está hecho", denuncia César Antón, exdirector general del Imserso

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En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en noviembre de 2018. Durante dos años recabó información, estudió expedientes e incluso investigó el patrimonio personal y familiar de Antón para comprobar si existía enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2020 decretó el archivo de las actuaciones. Sus conclusiones fueron claras: no había contratos ficticios, no se apreciaron sobrecostes ni duplicidades, todos los servicios se habían prestado y fiscalizado, y no se apreciaba ningún tipo de responsabilidad penal. Además, el Fiscal solicita el apoyo del Tribunal de Cuentas, para determinar si existe posible responsabilidad contable, por ser únicamente este tribunal quien lo puede determinar. Aquí se produce la primera Acta de Liquidación (23 de septiembre de 2020), en la que se determina la inexistencia de responsabilidad contable por no existir ilícito contable.

A su vez, el Tribunal de Cuentas inició su propio procedimiento. La Sección de Fiscalización trabajó hasta diciembre de 2020 y la de Enjuiciamiento prolongó las actuaciones hasta mayo de 2025. Así, tras casi siete años y dos actas de liquidación, la primera citada y la segunda complementaria y definitiva (27 de mayo de 2024), la resolución coincidió con la de la Fiscalía: no existió responsabilidad contable ni ilícito alguno.

Con el nombramiento en enero de 2020 del nuevo director general (Luis Alberto Bariga Martín), y a pesar del conocimiento de todos los antecedentes, informes y resoluciones expuestos; y sobre todo de la primera Acta de Liquidación del TCU citada, éste instó a presentar en 2021 una demanda ante este tribunal en la que acusa a varios responsables de la contratación, de ilícito contable, "cuando únicamente lo puede hacer el citado tribunal y su Ministerio Fiscal, en todo el tiempo que han durado las investigaciones, nunca presentó demanda alguna y por tanto esta tampoco la respaldó y finalmente el procedimiento se archivó sin condenas ni costas", rememora Antón.

Además de la advertencia del Servicio Jurídico ya citada, tanto la Inspección General de Servicios, como la Fiscalía Anticorrupción y el TCU, coinciden en calificar las denuncias como una información imprecisa y errónea, que las afirmaciones que se hacen no pueden calificarse de evidencias, sino de meras sospechas que adolecen de falta de fundamentación sólida y que el núcleo de las afirmaciones contenidas, deben ser consideradas como temerarias, en unas ocasiones por falta de sustento mínimo documental y en otras por falta de correspondencia con la realidad material.

César Antón relata que durante todo este tiempo apenas pudo acceder a documentación oficial hasta concluidos los procesos, lo que durante mucho tiempo le dejó en situación de indefensión frente a informaciones que se difundían en algunos medios de comunicación y pensando "en que realmente desde el punto de vista social, profesional y mediático, el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia, como uno de los Derechos Fundamentales y de Libertades Públicas que tenemos todos los ciudadanos es nulo. Mis únicas declaraciones se limitaron a manifestar estar tranquilo, porque todas mis actuaciones se han ajustado a derecho y  que habrá que esperar a que terminen las investigaciones", rememora.

Señala además que en los procedimientos se llegó a dar credibilidad a testigos “de oídas”, que no habían presenciado los hechos, mientras que "a quienes estuvimos allí, no se nos dio la opción a contar nuestra actuación, nuestra palabra, y que los documentos públicos oficiales acreditaban la legalidad de las actuaciones".

Una situación sufrida por todo su equipo

Tal y como indica Antón, esta situación ha sido sufrida por los funcionarios de su equipo afectados por las denuncias, tratándose de profesionales con muchos años de servicio, experiencia y conocimiento; "y sobre todo honrados en lo profesional y en lo personal".

Es por ello que, tras todo este periplo judicial, el exdirector del Imserso defiende que ha quedado plenamente acreditado, que las decisiones adoptadas durante su mandato fueron correctas, estratégicas, ajustadas a la normativa y siempre avaladas por los órganos de control competentes. Destaca especialmente que la gestión del SISAAD permitió reducir costes y mejorar la seguridad de los datos.

Antón insiste en que su trayectoria de más de tres décadas en la función pública (también fue consejero de varios gobiernos en Castilla y León) siempre estuvo guiada por el respeto a la legalidad y a los procedimientos. Y aunque las investigaciones han terminado confirmando esa trayectoria, reconoce el efecto devastador que ha tenido sobre su reputación, su vida profesional y personal, la existencia de lo que define como un “bulo, que según la RAE es el antónimo de la verdad" -recuerda-, y por supuesto no le desea a nadie "pasar por esto". A su juicio, incluso cuando la justicia concluye que no hay delito ni responsabilidad alguna, el daño profesional y social ya está hecho. Por eso sentencia: “De un bulo que te acusa no sales nunca”.